La empresa minera Aura Minerals inició una nueva fase de trabajo en la mina Cerro Blanco, localizada en la frontera entre Guatemala y El Salvador. Las organizaciones ambientales insisten en el riesgo de contaminación del agua, mientras la empresa canadiense por su lado retoma operaciones de su antecesora sobre el mismo proyecto.
Por Prensa Comunitaria
La empresa minera Aura Minerals de origen y capital canadiense informó el inicio de nuevas actividades en el proyecto “Era Dorada”, anteriormente conocido Cerro Blanco, localizada en la zona fronteriza entre los municipios de Jutiapa, en Guatemala, y Metapán, en El Salvador. El anuncio fue realizado a inicios de enero de este año mediante un comunicado oficial.
Según la empresa, los primeros trabajos de esta etapa están relacionados a “programas ambientales, manejo y adecuación del entorno natural, mejoras en la conectividad vial y accesos internos, gestión de agua en zona de la mina y adecuaciones del terreno para la instalación de infraestructura temporal”.
Aura Minerals asegura que cuenta con las licencias técnicas y ambientales necesarias para desarrollar minería subterránea en Cerro Blanco, situado en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa. Durante los últimos años, organizaciones ambientalistas han denunciado presuntas irregularidades en los procesos de autorización otorgados a empresas que estuvieron a cargo del proyecto anteriormente.
Varios medios de comunicación reportaron el pasado 7 de enero que la empresa adquirió el proyecto “con todas las licencias preliminares para la mina subterránea y el 6 de enero recibió la licencia final de construcción”.
Hasta el 13 de enero de 2025, el proyecto Cerro Blanco pertenecía a la empresa Bluestone a través de su filial Elevar Resources. En enero de 2024, esa compañía informó que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) había aprobado una modificación al permiso original para permitir la explotación a cielo abierto.
Sin embargo, en junio de ese mismo año, Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, y Víctor Ventura Ruiz, ministro de Energía y Minas, informaron la anulación del permiso de la explotación a cielo abierto, dejando vigente la licencia para la explotación subterránea.
Aura Minerals reiteró que el proyecto Cerro Blanco se desarrollará únicamente mediante minería subterránea. Según la empresa, esta decisión responde a su planteamiento de reducir los impactos en el entorno y en las comunidades cercanas.
“Aura Minerals ha reiterado su decisión formal de desarrollar el proyecto exclusivamente mediante minería subterránea, como parte de su compromiso con una operación responsable, la protección ambiental y la convivencia con las comunidades del área de influencia”, señaló la empresa en el comunicado.
“Diálogo con la comunidad”
En noviembre de 2025, el presidente y director ejecutivo de Aura Minerals, Rodrigo Barbosa, participó en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, evento realizado en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, en donde Barbosa expuso la importancia de una gestión responsable de la actividad minera, el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. En este foro no existió participación de las comunidades afectadas en Guatemala, las cuales se encuentran a 9,500 kilómetros del lugar de dicho foro.
Durante su intervención, Barbosa se refirió de forma crítica a prácticas mineras que, según dijo, han provocado daños sociales y ambientales en las comunidades, y aseguró que Aura Minerals busca diferenciarse de esos modelos.
El ejecutivo dijo que como empresa, en cada decisión que toman tienen presente el impacto en las comunidades y el medio ambiente, actuando de forma ética y responsable para paliar los impactos negativos y propiciar los positivos.
En relación con Cerro Blanco, Barbosa señaló que, desde que la empresa adquirió el proyecto, han mantenido conversaciones con comunidades, autoridades locales y otros actores. Afirmó que estos acercamientos buscan explicar el proyecto y atender inquietudes de los habitantes, bajo el argumento de que no es posible una actividad minera sostenible sin el respaldo de la población.
Barbosa reconoció que la empresa que anteriormente administraba el proyecto enfrentó conflictos con las comunidades. Indicó que Aura Minerals lleva más de un año en procesos de diálogo, los cuales describió como necesarios para obtener lo que denominó una “licencia social”.
La nueva empresa informó que ha realizado mesas de diálogo para compartir información técnica y atender inquietudes de la población, con el objetivo de fortalecer la relación con la comunidad basada en la transparencia y el respeto.
“El avance del proyecto Era Dorada es resultado de un proceso institucional, técnico y de diálogo permanente con las comunidades y las autoridades”, aseguró Barbosa.
Respecto a uno de los principales temores expresados por habitantes de la zona y organizaciones ambientales, el posible impacto en las fuentes de agua, Barbosa aseguró que las operaciones de la mina utilizan agua reciclada y negó que se realicen descargas contaminantes a ríos u otros cuerpos de agua cercanos.
“Nosotros no vertimos agua contaminada al medio ambiente, la estamos reciclando, al 100%. Este es un ejemplo de contribución a la resolución de los problemas medioambientales, económicos y sociales”, recalcó.
Ambientalistas insisten en los riesgos
Un mes y medio después de la participación de la empresa minera en el 14º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos las comunidades dejan sin crédito varias de las afirmaciones realizadas por el empresario. Las comunidades exigen el cierre completo del proyecto minero.
Organizaciones ambientalistas y comunitarias de Guatemala y El Salvador reiteraron que el proyecto minero Cerro Blanco representa un riesgo para el agua y el medioambiente, y mantienen sus cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual se han otorgado los permisos para el proyecto, pese a la información presentada por la empresa.
Según los ambientalistas, en el plan de gestión ambiental presentado en 2021 por la empresa Bluestone, anterior operadora de la mina, se contemplaba un sistema de pozos y túneles cuya agua sería descargada en la quebrada El Tempisque.
Este afluente desemboca en el lago de Güija y se conecta con el río Lempa, una cuenca de la que depende gran parte de la población salvadoreña para el consumo humano, la agricultura y la industria.
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Los ambientalistas recordaron que, de acuerdo con estudios académicos, la zona donde se ubica la mina presenta condiciones hidrogeológicas sensibles. En un estudio realizado en 2010, la profesora Dina López de Geoquímica e Hidrogeología, por la Universidad de Ohio, advirtió que la actividad minera Cerro Blanco podría afectar los cuerpos de agua cercanos.
Entre los posibles impactos, López señaló que la descarga de agua caliente y la presencia de elementos químicos de origen geotérmico en el río Ostúa podrían reducir el oxígeno disuelto, lo que afectaría la diversidad y la migración de especies acuáticas.
Además, advirtió que el contacto entre drenaje ácido de mina y el agua del río podría alterar el pH (acidez o alcalinidad), con efectos directos sobre los sedimentos donde habitan organismos pequeños y se reproducen los peces, así como el arrastre de contaminantes hacia el lago de Güija.
Este lago forma parte del Complejo Güija, declarado sitio Ramsar de importancia internacional en 2010 y reconocido como área protegida de bosques tropicales secos. En la zona se han identificado al menos 14 especies nativas de peces, además de ser hábitat de especies amenazadas y aves locales y migratorias.
Pedro Cabezas, integrante de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (Acafremin), recordó que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa anterior ha sido cuestionado por académicos internacionales. Señaló que, si la actual operadora plantea cambios en el sistema de manejo del agua, estos deberían ser sometidos a evaluación pública e independiente.
“Si ellos dicen que van a utilizar un nuevo sistema, queremos verlo para que sea puesto al escrutinio de expertos, que nos digan si la empresa tiene un sistema viable o no”, expresó Cabezas.
Cabezas también hizo un llamado a las autoridades ambientales de Guatemala para que transparenten los criterios y procedimientos utilizados para otorgar permisos al proyecto. Afirmó que, hasta ahora, los indicadores ambientales mencionados por la empresa no han sido sometidos a un escrutinio técnico público.
“La empresa está diciendo internacionalmente que tienen un nuevo permiso de construcción y están hablando de indicadores ambientales que todavía no han sido puestos al escrutinio público”, reclamó el ambientalista.
Prensa Comunitaria solicitó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por medio de acceso a información pública, copia del permiso ambiental, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Consulta municipal polémica
Por su parte, Julio González, integrante del colectivo Madreselva, pidió que no se desestime la consulta municipal realizada el 18 de septiembre de 2022 en Asunción Mita, en la que una parte de la población votó para decidir sobre la explotación minera en la zona.
En esta consulta participaron solamente 8,503 de las 30,465 personas habilitadas para votar, y de las personas que votaron un 87% rechazó a la minería.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la consulta municipal al declarar inconstitucionales tres artículos de su reglamento, al considerar que los municipios no tienen competencia directa sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, una atribución que corresponde directamente al Estado, según lo establece la Constitución.
“A pesar de una sentencia espuria de la Corte de Constitucionalidad, la consulta técnica y legal está vigente”, insistió González.
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