En enero de este año la empresa Aura Minerals adquirió el proyecto Cerro Blanco, que tiene permiso para operar solamente de forma subterránea en Asunción Mita, Jutiapa. Ambientalistas insisten en el riesgo de contaminación del río Lempa en El Salvador.
Por Prensa comunitaria
Dirigentes comunitarios y organizaciones ambientalistas han dicho que no cesarán la resistencia ante la minería por el riesgo de la contaminación del agua en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, al oriente de Guatemala, donde el proyecto Cerro Blanco ha sido adquirido por una nueva empresa.
La denuncia de los ambientalistas sobre las amenazas y riesgos de la minería inició hace casi 20 años atrás, cuando el Estado guatemalteco dio el permiso a una empresa para que iniciara los trabajos de exploración.
Las personas defensoras del territorio reiteraron su posición de protesta durante el tercer aniversario de una consulta municipal de vecinos que rechazó la minería realizada el 18 septiembre de 2022.
La celebración, a la que asistieron unas 100 personas, se llevó a cabo en el salón municipal del municipio de Asunción Mita. Ahí, los representantes de los diferentes sectores sociales mostraron su preocupación por las consecuencias ambientales de las operaciones mineras en la zona y el riesgo de contaminación del río Lempa en El Salvador.
“Lo que exigimos al gobierno y a todas las instancias de poder en Guatemala es que respeten la Constitución de la República, que es clara y precisa en decir, (la minería) no entra dentro del parámetro para cuidar las reservas y la ‘Santa Creación’ en Guatemala”, manifestó el fray Manuel Pineda, representante de la Iglesia católica.
El religioso dijo que el desarrollo de la industria minera en el municipio de Asunción Mita “no es negociable”, después que observaron escasez de agua tras los primeros trabajos que consistieron en la construcción de túneles subterráneos y la extracción de aguas termales subterráneas.
Un informe publicado en 2013 por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) advirtió sobre los riesgos ambientales asociados al proyecto minero, especialmente por una posible descarga de aguas termales en el río Ostúa, el afluente más cercano. Según el documento, la alteración térmica podría comprometer la biodiversidad y la calidad del agua en la región.
“La introducción de agua caliente en el río Ostúa, junto con la posible contaminación de elementos químicos geotérmicos, podría afectar al río disminuyendo el oxígeno disuelto, afectando la diversidad, la migración de especies, a los usuarios de agua del río”, señaló la PDDH en su análisis.
Habitantes del caserío La Mina, a un kilómetro del proyecto, aseguran que la escasez de agua y la pérdida de cultivos ya son visibles. Dinora Ramírez, una de las afectadas, denunció que los “químicos llegan con el viento” y que los árboles y frutos se están secando.
“A nosotros nos está afectando por el agua, por los químicos que vienen, se secan los “palos”, no hay frutos, la tierra está seca porque el agua la jalan”, declaró Ramírez.
La mujer explicó que los cambios en su entorno se comenzaron a notar cuando la empresa extrajo las aguas termales, por lo que pidió a las autoridades de Guatemala que no permitan la explotación minera en su municipio.
Denuncian irregularidades
Por otra parte, los asistentes señalaron una serie de “irregularidades” en los procesos realizados por las diferentes empresas mineras que han estado a cargo del proyecto de la mina Cerro Blanco, localizada en la zona fronteriza con el municipio de Metapán en El Salvador.
José Chic, diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) denunció que las empresas mineras, durante diez años, no le han dejado “ni un centavo al Estado” debido a que no ha extraído “ni una onza de oro”.
“Aquí hay una ilegalidad porque después del segundo año, que la empresa no extrajo ni una onza de mineral, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) debió haber iniciado el proceso de cancelación de la licencia según establece la ley”, dijo Chic.
El diputado añadió que son los mismos informes del MEM los que indican que por más de 12 años, cuando fue aprobada la licencia de explotación, las empresas mineras no le han dejado “ni un centavo a Asunción Mita, ni al país” como impuesto de explotación.
Aunque el proyecto minero Cerro Blanco inició en 1997, cuando el gobierno guatemalteco otorgó la licencia de exploración, fue hasta 2007 que la empresa guatemalteca Entre Mares, filial de la compañía canadiense Goldcorp Inc. obtuvo el permiso de explotación.
El 31 de mayo de 2017, la empresa Bluestone Resources adquirió en su totalidad el proyecto Cerro Blanco para extraer oro y plata, luego, en 2021, la compañía anunció una reestructuración y pasó a llamarse Elevar Resources.
El 21 de diciembre de 2021 Elevar Resources entregó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) una actualización del estudio de impacto ambiental y solicitó una enmienda al permiso para que el proyecto cambiara de método de explotación de subterráneo a cielo abierto. El 4 de enero de 2024, la empresa informó a través de un comunicado que el MARN había aprobado la enmienda solicitada.
Unos días después funcionarios del nuevo gobierno denunciaron que el documento de aprobación presentaba varias irregularidades. Entre ellas: rúbricas y firmas presuntamente falsas, iniciales de un procurador jurídico que laboró en la institución hasta agosto de 2023, la usurpación de la identidad de un notificador que se encontraba de vacaciones y la extracción de más de 900 folios.
“Encontramos la firma de un técnico que había dejado de trabajar desde agosto de 2023 y el informe lo emitieron en diciembre de ese año. Es una cuestión de ilegalidades que dejaron aprobadas, cinco días antes de entregar el cargo el gobierno anterior (Alejandro Giammattei)”, explicó el diputado Chic.
El 14 de junio de 2024, Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, y Víctor Ventura Ruiz, ministro de Energía y Minas, informaron la anulación del permiso de la explotación a cielo abierto, pero confirmaron que la licencia para trabajar de forma subterránea sigue vigente.
Arnulfo Díaz, extrabajador del proyecto Cerro Blanco, ahora activista contra la minería, dice que, aunque la empresa ha contribuido en varios proyectos en la comunidad, temen las consecuencias a futuro en el tema ambiental.
Entre los proyectos realizados en esa comunidad, históricamente abandonada por los programas de desarrollo del gobierno, está la pavimentación de la calle, la construcción del puente La Asunción sobre río Ostúa para conectar varias aldeas, capacitación técnica para emprendedores, apoyo a programas de alfabetización para adultos y apoyo a campañas de salud y programas educativos.
Díaz dice que antes de trabajar en la mina, como la mayoría de hombres de la comunidad, se dedicaba a la agricultura, ante la falta de oportunidades laborales.
“Ahora la mayoría se han aferrado a ese proyecto, tienen mucha esperanza que ese proyecto sea explotado, pero no se dan cuenta de los daños que después pueden afectar a nuestra vida”, manifestó Díaz.
El extrabajador asegura que después de laborar tres meses en las actividades subterráneas sufrió la pérdida de audición en un oído. Aunque los médicos no le confirmaron que esto tuviera relación con su trabajo en la mina, él sospecha que fue producto de las horas que trabajó bajo tierra.
“En esos tres meses que trabajé me sentí bastante bien, pero al final, me afectó gravemente mi sentido auditivo. Ha sido muy duro aferrarme a esa situación de vida que me afecta cada día más”, dijo Díaz.
Preocupación por el agua en El Salvador
Ambientalistas salvadoreños han advertido sobre la posible contaminación del río Ostúa, que desemboca en el lago de Güija, una de los principales afluentes del río Lempa.
Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (Acafremin), subrayó que el río Lempa abastece a más de dos terceras partes del Gran San Salvador y que cualquier afectación tendría consecuencias directas culturales, económicas y de salud en la población salvadoreña.
“En la contaminación transfronteriza, los mayores impactados vamos a ser nosotros los salvadoreños, por la importancia que el río Lempa tiene en la vida del país”, expuso Cabezas.
El ambientalista recordó que el río Lempa tiene una importancia cultural, ecológica y económica, del cual dependen cultivos, zonas de riego, ganadería y pesca.
Por su parte, Nelly Rivera, coordinadora de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (Amaes), dijo que la contaminación del agua afectaría de manera diferenciada a las mujeres, poniéndolas en mayor vulnerabilidad.
Rivera explicó que las mujeres son las encargadas de llevar el agua hasta sus hogares y ante la falta o contaminación de la misma, ellas deben salir a buscarla “donde sea”.
Asimismo, señaló que el agua es esencial para el uso en el hogar, la preparación de alimentos, el cuidado de la familia, el aseo personal y para realizar actividades que contribuyen en la economía familiar como la venta de refresco o comida.
“Por eso nosotros creemos que las mujeres serían las más afectadas en este tema de la explotación minera”, aseguró la ambientalista.
Nueva empresa
Las empresas mineras que han estado a cargo del proyecto Cerro Blanco se han defendido en múltiples ocasiones de los señalamientos de los ambientalistas, alegando que han cumplido con todo lo que establece el Ministerio de Ambiente de Guatemala.
Por otra parte, dicen que el proyecto avanza con estudios técnicos y de factibilidad que muestran que la operación puede ser viable, y que en esos estudios se han considerado los impactos, las mitigaciones y los beneficios que podría traer el proyecto para la comunidad local y el país: empleo directo e indirecto, inversión en infraestructura y desarrollo local.
El 13 de enero de 2025, el proyecto Cerro Blanco fue adquirido por la empresa canadiense Aura Minerals, que según su sitio web es parte del Consejo Mundial del Oro, por lo que está obligada a cumplir con los principios de minería responsable que sirven como un estándar global para la industria.
Según esa entidad, estos estándares aseguran que la extracción de este mineral se realice “de manera sostenible y ética” buscando un impacto positivo en las comunidades cercanas a las operaciones mineras.
Aunque la comunidad considera que la consulta municipal de vecinos es un triunfo de resistencia ante la minería y esperan que sea tomada en cuenta para suspender las operaciones de esta nueva empresa, la Corte de Constitucionalidad (CC) la dejó sin efecto desde septiembre de 2022 al suspender tres artículos del reglamento de la misma.
Uno de los artículos está relacionado a que una autoridad municipal no cuenta con la jurisdicción para realizar consultas sobre temas de competencia exclusiva del Ejecutivo.
De las 30,465 personas habilitadas para votar en la consulta solamente participaron 8,503, de las cuales el 87% votó en contra de la minería.
Peter Arrieta, representantes de los habitantes de Asunción Mita, aseguró que como comunidad no descansarán hasta lograr parar el proyecto minero.
“El Señor” nos ha dicho que nos ha dejado esta tierra bendita donde vivimos, pero que no somos los dueños, sino que somos unos administradores y debemos dejarla mucho mejor que como encontramos nuestra madre tierra”, manifestó.
