La Unión Europea prorrogó hasta el 13 de enero de 2027 las sanciones contra ocho guatemaltecos y la Fundación contra el Terrorismo, a quienes señala de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transición pacífica del poder en Guatemala.
Por Alexander Valdéz
La Unión Europea (UE) informó que se extendió por un año más, al 13 de enero de 2027, las sanciones contra ocho guatemaltecos y la Fundación contra el Terrorismo, señaladas de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transición pacífica del poder en Guatemala. La medida fue confirmada por el Consejo de la UE mediante un comunicado oficial.
De esa cuenta, las restricciones continúan vigentes; prohibiciones de ingreso o tránsito por territorio europeo, así como el congelamiento de activos bajo jurisdicción de los Estados miembros. Además, ciudadanos y empresas europeas tienen prohibido facilitar recursos financieros o económicos a los sancionados.
“La UE y Guatemala mantienen una larga colaboración, y la UE mantiene su compromiso de apoyar la democracia y los derechos humanos en el país. El despliegue de una Misión de Observación Electoral de la UE en 2023, la clara postura de la UE en defensa de los resultados electorales, su apoyo a la buena gobernanza y estas sanciones selectivas forman parte de este esfuerzo”, indica el comunicado.
Estas sanciones datan de febrero del 2024, cuando se intentó impedir que el presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran sus cargos. Entre los primeros sancionados figuró la fiscal general, Consuelo Porras, señalada por la UE como una de las principales responsables de acciones que pusieron en riesgo el orden democrático.
Las medidas también alcanzan a Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); al juez Fredy Orellana; a la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo y a Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público. Mientras que, en junio de 2025, se agregó a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle, señalados por perseguir e intimidar a jueces, fiscales, abogados y periodistas.
Las sanciones también incluyen al juez Jimi Bremer, que es señalado también por perseguir e intimar a periodistas, abogados y fiscales. De hecho, fue quien autorizó una investigación contra comunicadores que trabajaron en el diario elPeriódico y de mantener en prisión al fundador Jose Rubén Zamora.
Acá el comunicado oficial:
Un año clave
Las sanciones de la Unión Europea se extienden en un momento especialmente clave para el país, cuando se encamina a un proceso de renovación de autoridades en cinco instituciones clave del Estado: el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Contraloría General de Cuentas.
Las medidas del Consejo además de impedirles el tránsito por los 27 estados miembros de la UE, también les congela sus activos y prohíbe a los ciudadanos y las empresas de la UE poner fondos a su disposición.
Con la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público, quien deberá dejar el cargo en mayo tras completar dos períodos consecutivos (8 años), se frenaron investigaciones por corrupción y se emprendió una persecución penal contra voces críticas. Bajo su gestión, fiscales anticorrupción, operadores de justicia, periodistas y líderes sociales fueron criminalizados.
En la actualidad un periodista, un exfiscal y autoridades indígenas permanecen en prisión preventiva desde hace meses, sin que se resuelvan sus peticiones de libertad o sus procesos avancen.
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