Por Juan José Hurtado Paz y Paz
En los últimos días se escuchan voces que defienden la intervención imperialista yanqui contra Venezuela con el argumento aparentemente simple y moralizante: había una dictadura y debía ser removida. Bajo esta narrativa, la intervención externa se presenta como una acción necesaria, casi humanitaria, destinada a restaurar la democracia y el orden. La historia nos demuestra que es todo lo contrario. Los pueblos que han padecido el colonialismo y el imperialismo han sufrido consecuencias devastadoras de largo plazo en todos los campos.
Además, no se reconoce debidamente lo riesgoso que resulta, pues se sienta un precedente sumamente grave: que las potencias imperiales pueden hacer uso de la fuerza cuando así lo dispongan, pasando por encima del Derecho Internacional e incluso de sus propias legislaciones, como ha hecho el actual presidente de los Estados Unidos. Esta manera de proceder abre la posibilidad de que la agresión externa se repita prácticamente contra cualquier país que se salga de los lineamientos definidos por el imperio.
Justificaciones como la señalada arriba no solo banalizan la violencia estructural que acompaña a los proyectos imperialistas, sino que reflejan un profundo desconocimiento histórico. Más grave aún, desplazan la responsabilidad de procesos largos de despojo, dependencia y desigualdad, culpando exclusivamente a actores políticos actuales y borrando las herencias coloniales y el imperialismo actual que condicionan las realidades presentes.
El colonialismo, en sus diversas formas, no es algo solo del pasado sino una estructura persistente de dominación. Desde la invasión europea de América hasta las formas contemporáneas de intervención política, económica, cultural, religiosa y militar, el rasgo común ha sido la subordinación de los pueblos a intereses externos. Lejos de promover la paz, la democracia o el desarrollo, los proyectos coloniales e imperialistas han buscado sistemáticamente la extracción de recursos, el control geopolítico y la imposición de modelos económicos y políticos funcionales a las metrópolis.
El discurso civilizatorio —ayer en nombre de la fe y el progreso, hoy en nombre de la democracia y los derechos humanos— ha servido como coartada para justificar invasiones, golpes de Estado, bloqueos económicos y guerras. La historia demuestra que estos procesos no generan sociedades más libres ni más justas, sino Estados frágiles, economías dependientes y sociedades profundamente fracturadas.
Por ejemplo, si quisiéramos explicarnos por qué Guatemala está como está, es indispensable remontarnos a la invasión española de 1524. Ello implicó el despojo sistemático de los pueblos originarios de sus territorios, su sometimiento político, económico y cultural, y la imposición de un orden social profundamente jerárquico, racista y clasista. De ese proceso surgió un racismo estructural que dividió a la sociedad entre indígenas y ladinos, negando humanidad, derechos y ciudadanía plena a la mayoría de la población. Asimismo, se configuró un modelo económico extractivo que convirtió al país en productor de materias primas para beneficio externo, sentando las bases de una dependencia económica que, con distintas formas y actores, se ha reproducido hasta nuestros días.
Esta experiencia no es exclusiva de Guatemala. Es una historia compartida por los pueblos de América Latina, así como por amplias regiones de África y Asia, sometidas durante siglos a proyectos coloniales e imperialistas. En todos los casos, el patrón se repite: invasión, despojo, imposición de élites locales subordinadas y economías orientadas al saqueo de recursos en beneficio de la metrópoli. El imperialismo, independientemente del discurso que lo acompañe, no ha significado desarrollo autónomo ni bienestar para los pueblos sometidos, sino explotación, dependencia y profundas desigualdades estructurales que persisten hasta el presente.
Más recientemente, Guatemala ofrece un ejemplo paradigmático de cómo la intervención imperialista truncó un proceso democrático y abrió el camino a décadas de violencia y sufrimiento. Tras la Revolución de Octubre de 1944, el país inició un ciclo de reformas profundas orientadas a la democratización del Estado, la ampliación de derechos y la superación de las estructuras que sólo favorecían a la oligarquía terrateniente y a grandes empresas norteamericanas. Los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz representaron un intento legítimo y soberano de construir un modelo de desarrollo propio, con justicia social y autonomía.
Sin embargo, este proceso fue abruptamente interrumpido en 1954 con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz, mediante una operación impulsada y ejecutada por la Central de Inteligencia Americana – la CIA – de los Estados Unidos. El motivo real no fue la defensa de la democracia, sino la protección de intereses económicos y geopolíticos, particularmente los de grandes corporaciones transnacionales, en alianza con los sectores más retrógrados del país. Décadas después, el propio gobierno estadounidense reconoció su responsabilidad en estos hechos, asumiendo que ha sido causa del atraso del país.
Las consecuencias fueron profundas y duraderas. El golpe de Estado no solo destruyó un proyecto democrático en curso, sino que cerró las vías pacíficas de transformación social. La exclusión, la desigualdad y la represión se intensificaron, generando las condiciones que desembocaron en la guerra interna que duró 36 años, dejó cientos de miles de víctimas, en su mayoría indígenas, y produjo heridas sociales que aún no han sanado.
Sostener que la guerra interna guatemalteca fue el resultado exclusivo de decisiones de actores locales es una forma de negacionismo histórico. Sin la intervención de 1954, es razonable pensar que las reformas democráticas habrían seguido su curso, reduciendo las tensiones sociales y haciendo innecesaria una confrontación armada de tal magnitud. La guerra fue el resultado de un proceso de cierre de espacios políticos para la transformación del país, impuesto con el derrocamiento de Árbenz.
Esta lección histórica es fundamental para comprender el presente. Cada vez que se legitima una intervención imperialista bajo argumentos moralizantes, se repite el mismo patrón: se ignora la soberanía de los pueblos, se desmantelan procesos internos —con todas sus contradicciones— y se imponen soluciones externas que, lejos de resolver los problemas, los agravan.
La agresión contra Venezuela se inscribe en esta larga tradición. Más allá de las legítimas críticas que puedan hacerse a su gobierno, ninguna de ellas justifica la intervención extranjera, las sanciones económicas ni las amenazas militares. Estas acciones castigan principalmente al pueblo, profundizan las crisis sociales y refuerzan dinámicas autoritarias, en lugar de debilitarlas.
Quienes aplauden estas medidas parecen olvidar —o desconocer— que los imperialismos no llegan para emancipar, sino para controlar. La historia de América Latina está plagada de ejemplos que confirman esta realidad. Creer que esta vez será diferente no es solo ingenuo, sino peligroso.
Defender el Derecho Internacional y la autodeterminación de los pueblos no implica idealizar gobiernos ni negar sus errores. Implica, más bien, reconocer que los cambios reales y sostenibles solo pueden surgir de los propios pueblos, mediante procesos internos, democráticos y soberanos. La memoria histórica, especialmente en países como Guatemala, debe servir como advertencia frente a los cantos de sirena del intervencionismo.
Estados Unidos ha reconocido, aunque tardíamente, su responsabilidad en la destrucción de la democracia guatemalteca. Ese reconocimiento no devuelve las vidas perdidas ni repara completamente el daño causado, pero deja una lección clara: la intervención imperialista no trae desarrollo ni paz. Trae dependencia, violencia y sufrimiento.
Justificar agresiones imperialistas actuales con argumentos que solo se enfocan en lo inmediato es desconocer siglos de historia y las experiencias dolorosas de nuestros pueblos. Guatemala demuestra que cuando se cierran las vías democráticas desde fuera, las consecuencias son trágicas y de largo alcance. Hoy, más que nunca, es necesario reivindicar la memoria histórica, denunciar el colonialismo y el imperialismo en todas sus formas y defender el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, sin tutelajes ni imposiciones externas.
