Por Cindy Forster
“La patria no se vende, carajo”, gritaron los marchistas y así nombraron exactamente lo que está en juego, solo días después de la invasión de Venezuela. Hasta cien mil gentes de a pie –según la politóloga Valeria Duarte– descendieron desde las alturas de la ciudad El Alto el lunes 5 de enero, hacia el centro del gobierno en La Paz. Donald Trump está decidido a romper la resistencia implacable del pueblo boliviano. El viernes por la tarde, 58 bloqueos de caminos exigieron la derogación del Decreto 5503, que combina lo peor de las políticas neoliberales de los últimos cuarenta años. Para domingo 11 de enero, los bloqueos eran más de 70 según las bases populares. Las acciones de los pobres son pacíficas.
Es una guerra necesaria de clase cuyas consecuencias se sentirán por toda Latinoamérica. Los campesinos, sus wiphalas flameando, estaban corriendo en formaciones según sus pueblos. En la marcha había personas con bastones, personas discapacitadas, personas sobrevivientes de polio. La preponderancia de adultos maduros entre los aymara me recordó de un dirigente indígena que contó que, en los últimos días de la Guerra de Gas en 2003, no permitieron la movilización de jóvenes por la preocupación que actuaran con ira. Otro contingente de un pueblo histórico –los cocaleros del Trópico, donde la disciplina de cientos de sindicatos es leyendaria– había caminado en la marcha de tres días, y muchos de sus máximos dirigentes sí son jóvenes. Los mineros estaban presentes con fuerza. Estaban sindicatos municipales de todo el país, maestros rurales y urbanas, universitarios en sus varias organizaciones, sindicatos de la gente que limpia las ciudades, y hasta médicos organizados. La población los miraba tranquilamente, aplaudiendo para darles ánimo.
El 9 de enero, el máximo dirigente de las protestas en la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, declaró que el gobierno no tenía ninguna intención de escuchar a los pobres. Fue después de una semana de intentos de dialogar, y casi tres semanas de protestas. Poco después, reanudaron las pláticas, y el 11 se llegó a un acuerdo con una comitiva de ministros, pero sin consensuarlo con las bases.
Son los pueblos que ponen atención a los detalles (saben dónde anda el diablo)
Son elocuentes las cifras de la oposición al Decreto 5503. Hasta el día domingo 11 de enero:
• Había 68 bloqueos de caminos según la agencia oficial que registra la situación en las carreteras
• Seguían 4 huelgas de hambre de sindicalistas
• Decenas de miles, y hasta cien mil manifestantes descendieron de la ciudad de El Alto a las calles de La Paz en la tercera semana de las protestas (miles de ellos después de haber caminado en una marcha de 3 días). Bolivia tiene una población de doce millones.
• Son 7 las acciones legales presentadas que exigen la abrogación inmediata del decreto, a base de sus múltiples inconstitucionalidades.
• La reducción en 80 % del presupuesto para las municipalidades ya está en curso – los alcaldes están furiosos, y muchos dicen que sus entidades no tendrán la posibilidad de sobrevivir sin estos recursos. Todas las instituciones públicas, entre ellas clínicas, escuelas, universidades, van a sufrir la misma reducción
• El poder ejecutivo amenazaba a la población con decir que después de 6 días en huelga, podría ser despedido legalmente
• Para atraer la explotación transnacional de los recursos naturales, Decreto 5503 solo permitiría 30 días para la consulta previa a las comunidades afectadas, e incluso para los estudios medioambientales – un cronograma imposible e insultante
• Concluida aquella etapa de 30 días, las empresas transnacionales tendrían 15 años para la explotación, sujeto solamente a tribunales internacionales compuestos de sus colegas
• Al menos 101 de los 121 artículos del Decreto 5503 “presentan vicios de inconstitucionalidad” según abogados y otros profesionales. Todo mundo estaba intentando entender la magnitud del daño que proponía. No es de sorprender, el decreto parece mal traducido del inglés, y ni traducido en algunos casos como el ejemplo de las palabras “fast track”. Hasta refiere a artículos y anexos fantasmas. Probablemente por causa de tantas contradicciones y errores, las copias en papel desaparecieron de los sitios legales de difusión. Si ponen atención a los detalles, el Decreto 5503 no es formalmente derogado, y puede ser que esté reproduciéndolo, pero poco a poco en nuevos decretos más breves.
Los ricos festejan cuatro impuestos anulados. Para los pobres, decretos perniciosos
En sus primeros días de gestión, Rodrigo Paz favoreció a las elites con eliminar cuatro impuestos. Terminó el escrutinio sobre los millonarios cuando deciden repatriar grandes sumas de dinero. En efecto, así estableció las condiciones para crear un paraíso fiscal en Bolivia. Aparte, exoneró a los 260 ciudadanos más ricos de Bolivia de la obligación de pagar un impuesto conmensurable sobre sus fortunas. Fue un ingreso para el Estado equivalente al monto que financió el bono gubernamental para las mujeres embarazadas pobres, madres lactantes, y sus niños.
A propósito, los decretos ignoran los derechos de la legislatura. El Decreto presidencial 5509 abrió Bolivia al internet transnacional sin protecciones, después de un largo proceso de debilitar la empresa Entel, el servicio nacionalizado que era excelente durante los años de Evo Morales.
Rodrigo Paz fue elegido como el mal menor porque los pobres apoyaron a su vicepresidente Edmand Lara, un expolicía que critica la corrupción. A finales de diciembre, el vicepresidente se declaró en oposición al giro hacia la derecha del presidente. Para frenar a Lara, Paz sacó otro decreto, el 5515, que prohíbe que Lara ejerza poderes ejecutivos cuando el primer mandatario viaja afuera de Bolivia. El 5515 le permite al presidente gobernar desde otros países por medio de la tecnología, en violación de la Constitución.
Lo que provocó la mayor indignación es el Decreto 5503, que pretendía un regreso al paraíso para los ricos que existía en Bolivia en los últimos quince años del siglo veinte. Presidente Paz anunció el 5503 justo antes de la Navidad. Resulta fundamental estudiarlo porque la vieja derecha nunca va a abandonar el contenido de su programa. Más bien, los conservadores de los años noventa y sus nuevos partidarios inventarán mil trampas para imponerlo.
Sergio de la Zerda, periodista y asambleísta en el parlamento de Cochabamba para la banca campesina y popular, habla de “lo más grave de esta norma: Establece una vía rápida para que las transnacionales vengan de inmediato a explotar nuestro litio en Uyuni, nuestras tierras raras en Ayopaya, e incluso nuestra agua dulce que tenemos en reservas. Y lo haga en un plazo récord ni siquiera con autorizaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se va a cumplir ni siquiera con el tema de las licencias ambientales, con una serie de trámites que hay que hacer para una explotación más o menos racional con los recursos naturales.”
“Además –agrega– está el tema de la supuesta autonomía que le da al Banco Central de Bolivia para que este puede contraer préstamos millonarios como lo estaba haciendo [el expresidente] Arce Catacora, pero si siquiera autorizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se trata de una norma vendepatria de manera total. Pensamos nosotros que el pueblo boliviano está en un nuevo proceso de rebelión que va a tener necesariamente que acabar con la abrogación de este decreto. Si el régimen realmente se pone firme, quién sabe hasta que consecuencias llegaremos.”
Préstamos internacionales y la colonia deseada por los ricos
Durante toda su campaña, Rodrigo Paz prometió que no se iba a prestar de los organismos de crédito internacionales. Pero precisamente esto fue su primera movida después de su juramento. Tenía como corolario la violencia cultural. Cuando inauguró su presidencia, fueron sacados los retratos de los héroes indígenas Tupac Katari y Bartolina Sisa del salón principal de la Casa de la Libertad. Pensar históricamente en la gran rebelión indígena de 1782 dirigida por la pareja Bartolina Sisa y Tupac Katari nos lleva al origen de las libertades políticas de los originarios de los Andes, en efecto esclavizados desde 1532.
El símbolo de la unidad de los pueblos indígenas, la wiphala, también fue retirada de la inauguración de Rodrigo Paz. La profanación de la wiphala durante el derrocamiento de Evo Morales en 2019 encendió protestas masivas. Durante el primer año de aquel golpe, la mujer indígena fue el blanco simbólico de la derecha. Cinco años seguida de la presidencia de Luis Arce –que llegó gracias a la izquierda y salió en alianza con la derecha tradicional– traía una creciente hostilidad hacia el masivo movimiento indígena.
Presidente Paz –o el “Incapaz” en la jerga popular– prometió absoluta lealtad a la Constitución de 2009, la única consagrada por el voto de la población. Desde su primer día como presidente, se ha dedicado a destriparla. Paz proviene de una familia política conocida por sus alianzas con el imperio, con dos presidentes anteriores que participaron en el neoliberalismo (incluso después de una etapa populista). Su padre, Jaime Paz Zamora, fue acusado por los Estados Unidos de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico. En teoría, Rodrigo Paz no goza del derecho de ser presidente por faltar la prueba de servicio militar, por no hablar un idioma indígena de Bolivia, y por ser ciudadano de España porque nació en aquel país de una madre española – condición que le impone fidelidad al monarca de España.
Durante el golpe de Estado de Jeanine Áñez que concluyó en noviembre de 2020, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, reclamó el derecho de invadir Bolivia o cualquier país que le daba la gana. El Musk de hoy, aún más notorio que en 2019, ya está desmantelando la soberanía de Bolivia.
Huele de azufre: El origen internacional del Decreto Supremo 5503
A menudo, se invita a especialistas a compartir sus conocimientos con las bases más aguerridas del pueblo, para ir profundizando el análisis de las crisis. A finales de diciembre celebraron el Ampliado Extraordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba donde habló Santos Mamani. Dijo: “Primero, hay que señalar de dónde viene este decreto supremo. Viene prácticamente como una copia que lo han sacado de una ley conocida como el DN. Este decreto es el número 70/2023 [de Javier Milei en Argentina]. Se llama Reconstrucción de la Economía Argentina.… [Se trata de] la flexibilización laboral, privatización de las empresas, [en efecto] hay que desmontar los derechos humanos. Dice que la educación no es un derecho. Cuando Milei viaja a Estados Unidos, quisieron instalar en la Tierra de Fuego bases militares de Estados Unidos. Este Decreto Supremo 5503 [es] copia fiel del decreto de Milei”.
“Segundo, el presidente de Ecuador, Noboa, aprueba otra ley, se llama Ley Orgánica de Urgencia Económica, con el objetivo supuestamente dar empleo a los jóvenes. Pero hace un ajuste en la economía. Esta ley, se han traducido en Bolivia en el decreto 5503.”
“Ustedes conocen muy bien el famoso Decreto Supremo 21060 del año 1985”, que hundió a las mayorías de Bolivia en el abismo de neoliberalismo. “Lo han traducido al Decreto Supremo 5503. Pero es más nefasto el Decreto Supremo 5503” debido a la velocidad y alcance de la rapina “de derechos, trabajo, y bienes públicos”, dijo Mamani.
Un minero en las marchas la semana pasada comentó que estaba en la marcha masiva de 1986 cuando protestaron contra el neoliberalismo del decreto 21060. “Luego he estado en lo del agua en Cochabamba [en 2000 contra la privatización del agua], luego estaba en la marcha en el tema de gas [de 2003]. A estas luchas estamos acostumbrado, y vamos a resistir”.
“El imperio depredador” inventa narcos en cada rincón
Santos Mamani opinó, días antes de la invasión de Estados Unidos a Venezuela con el secuestro de presidente Nicolás Maduro y su compañera de la vida, Cilia Flores: “Para mí, la política neoliberal de Estados Unidos –el imperialismo depredador– aquí hay que argumentar algo: o sea, el narco-imperialismo con el pretexto de lucha contra el narcotráfico, con el pretexto de lucha contra el terrorismo, ha empezado a desestabilizar Estados. Fíjense el caso de Ecuador. Están generando esta guerra híbrida de generar zozobra, empezar desestabilizar gobiernos progresistas. [Lo] vienen planificando premeditadamente.”
Los quechuas interculturales del Trópico de Cochabamba conocen “el narco-imperialismo con el pretexto de lucha contra el narcotráfico”. Se remonta a la guerra económica que azotó a los campesinos indígenas en las décadas neoliberales de los ochenta y los noventa. Los cocaleros formaron sindicatos rurales para enfrentar las balas de los soldados del imperio y las fuerzas bolivianas. Construyeron las Federaciones delTrópico y de ahí –con otros movimientos sociales– el partido político llamado MAS o el Movimiento al Socialismo. El MAS forjó la dignidad para los humildes. Ganó votos por amplia mayoría entre 2006 y 2019, en los años del presidente Evo Morales. Desde las bases, crearon un sistema de extraordinaria eficacia para bajar la producción de la coca destinada a fines criminales. Los golpistas de 2019 –y sus aliados entre los nuevos corruptos– han hecho todo los posible para bloquear el voto popular.
Evo Morales es uno de los analistas más importantes de América Latina. Él nos recuerda, “Hemos cerrado la base militar [de los norteamericanos]. Hemos nacionalizado. No nos perdonan porque los indios han nacionalizado. Todos los programas de los gringos los derrotamos aquí”. Había expulsado de Bolivia “al embajador porque estaba financiando el golpe de Estado en 2008”. El 4 de enero Morales dijo, “El gobierno de Lucho, al segundo año de su gestión, [fue] metido en narcotráfico. Yo personalmente llevé documentos a Lucho, a solas, en 2021: ‘Mira esa información que me llegan’. Nada, nada, nada [fue la respuesta]. La segunda vez, ya no [lo] llevé. Denuncié públicamente con grabaciones. Esa grabación, [con] un memorial, dejé al Ministerio Público. Acaba ahí mi responsabilidad”.
El gobierno actual sigue acusándolo falsamente de ser “narco”. Hace un año y varios meses, Morales sufrió un intento de asesinarlo en una persecución a altas velocidades que duró aproximadamente media hora. La evidencia del ataque intenso es abrumadora, y ha sido denegada y silenciada, incluso por medios supuestamente progresistas. Hace una semana, policías antinarcóticos amedrentaron a miles de personas con el sobrevuelo de un helicóptero, donde Evo está protegido en la radio cocalera Kawsachun Coca, rodeado por anillos de campesinos quechuas que darán la vida para defenderlo. Sobre sus cabezas, son constantes los drones del gobierno. El Presidente Paz ha prometido la llegada de agentes de la DEA en El Trópico –la DEA es la notoriamente represiva policía antinarcótica estadounidense, cuya presencia está prohibida por la Constitución boliviana. Hay soldados extranjeros en El Trópico, dicen dirigentes de las Seis Federaciones, y esos militares están protegidos por policías. Evidentemente, el contexto es el secuestro del mandatario en Venezuela hace semanas.
Hablan los veteranos de las victorias populares – para aquel lector que aguanta sus verdades
Feliciano Vegamonte, secretario ejecutivo del enorme movimiento campesino la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), informó en medio de los bloqueos recientes que “El gobierno está haciendo una persecución política a los dirigentes, ayer con el hermano [Mario] Argollo y con otros hermanos dirigentes de la Federación de Mineros. Han sembrado inteligencia en todo lado. Quiero decir a los hermanos dirigentes, ponerse en el cuidado, pero no tenemos miedo, tenemos que estar unidos más que nunca”. Reitera, “El pueblo boliviano como dueños absolutos de esta noble tierra vamos a defender nuestros recursos naturales, vamos a defender nuestra economía, pero además, vamos a defender nuestra soberanía del país”.
Bajo el nuevo liderazgo de la Central Obrera Boliviana (COB), las protestas tuvieron como telón de fondo unos veinte años de desconfianza hacia la misma COB, que se vendió a la corrupción hace décadas. En Pando, una de las regiones más apartadas del país, la COB aliada con Luis Arce, el expresidente ahora encarcelado, celebró un congreso nacional en octubre de 2025. Los miembros sacaron su líder muy corrupto, Juan Carlos Huarachi. No despertó mucha expectativa entre las bases que poseen conciencia histórica. Ese fue el contexto cuando su nuevo máximo dirigente, Mario Argollo, desapareció por unos días durante la semana de bloqueos. Otros tres mineros fueron capturados y posteriormente liberados. Su alojamiento fue allanado sin orden judicial. Policías forzaron la entrada a las habitaciones de los sindicalistas y se incautaron sus pertenencias (mineros en sus protestas usan dinamita simbólicamente, aunque su uso es prohibido).
Argollo decía repetidas veces en las últimas semanas que son las bases quienes decidirán sobre las propuestas del gobierno. A su lado, otros dirigentes mineros insistieron que no existía preacuerdo con el gobierno a cambio de la liberación de los mineros que fueron detenidos. No se quejaron de tratamiento brutal, aunque tal abuso es normal en el proceso de detención de dirigentes populares masculinos en Bolivia. El eventual acuerdo con los ministros de Rodrigo Paz celebrado por la COB no fue consensuado con las bases.
No es el corazón del asunto: La subvención de hidrocarburos
El abogado Gabriel Villalba comunica el sentimiento de los millones de personas organizadas en el nuevo partido “Evo Es Pueblo”. Se inauguró en una vasta concentración después de que el expresidente Arce aplicó una política de violencia expresamente para evitar elecciones libres en los movimientos de las masas (existen testimonios y evidencia grabada). Villalba dice: “La subvención [de los hidrocarburos] se debe levantar, era un flagelo para la economía. Lo podías hacer de forma gradual. Toda medida económica tiene que ser medida también desde el plano social. Este sacrificio debe ser proporcionado a los ingresos. Este Decreto Supremo 5503, otorga amplios beneficios a los grandes importadores, a los grandes exportadores, a los banqueros millonarios de este país. Otorga amplias facilidades a inversionistas extranjeros. Nos quita total soberanía en el ámbito económico y financiero. Y finalmente, golpea con un mazo la economía y el bolsillo de todos los bolivianos”.
El economista Horacio Villegas, por su parte, en el Ampliado de las Seis Federaciones del 30 de diciembre, ofreció predicciones de los cambios previstos por la capa más rica del país, versus el ochenta por ciento de la población que vive en la informalidad. Específicamente, “el precio de la gasolina aumenta prácticamente en un 80% y el diésel aumenta en un 162% en su precio. Es decir, de 3.72 a 9.80 [bolivianos], y en la gasolina de 3.74 a 6.96.” El Decreto 5503, “es una política transitoria. ¿Qué quiere decir? Que, en seis meses, los precios de la gasolina y el diésel van a volver a subir. ¿Por qué? El gobierno ha decidido que, de aquí a seis meses, la importación y la comercialización la van a realizar los privados. La Constitución Política de Estado dice que el único que puede importar es el Estado”. Están pisoteando la Constitución. “Nos están preparando por unos precios mayores.” La receta neoliberal –no es secreto para nadie– comienza con la escalada en los precios de combustibles.
El gobierno popular en Bolivia construyó una de las sociedades más humanas en el hemisferio durante sus casi catorce años en el poder. Los funcionarios del gobierno hoy sirven empresarios y golpistas. Un líder de aquella derecha recomendó que “se carneara” al expresidente indígena y campesino Evo Morales, como si fuera animal. El que lo sugería es un anciano que estaba acusado de haber lucrado del narcotráfico, expresidente y padre del actual presidente Rodrigo Paz.
Rodrigo Paz, junto con esta derecha nefasta de larga experiencia, inventaron un gobierno excepcional “por encima de la Constitución, por encima de la ley”, en las palabras del abogado Nelson Cox, exviceministro del Régimen Interior y Policía de Evo Morales. Supuestamente derogaron el Decreto 5503 la noche de domingo el 11 de enero, pero el presidente ya tiene una nueva versión – y sin la participación popular. Hay nuevos decretos del presidente, que reproducen el mismo contenido.
A juicio de Evo Morales, van a “entregar los recursos naturales por quince años”. Él dice grandes verdades con suma calma, y así agregó, “Por Constitución, los soldados tienen que defender los recursos naturales. Hago un llamado a los soldados patriotas”.
