Después de cinco meses de movilización, la comunidad de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos frenó la imposición de autoridades, obligar al Consejo Superior Universitario a acatar órdenes de la Corte de Constitucionalidad y marcar un precedente frente al desacato institucional que persiste en la Universidad.
Por Prensa Comunitaria
Lo ocurrido en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) confirmó lo que la movilización universitaria denunció desde el inicio: la imposición de Berner García como director y otros miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) en el Consejo Directivo de la Escuela fue ilegal.
Después de cinco meses de protesta estudiantil, docentes y egresados, el CSU se vio obligado a retroceder en la imposición de autoridades y a acatar resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Durante la sesión del 12 de enero de 2026, el CSU se vio obligado a cumplir lo ordenado en cuatro acciones constitucionales de amparo, entre ellas las promovidas por estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Como resultado, el CSU aprobó la realización de elecciones para renovar la Dirección y el Consejo Directivo de la Escuela, aunque aún está pendiente la emisión formal de la convocatoria, y restituyó en sus cargos a las autoridades electas para el periodo 2021-2025, tal como lo había ordenado la CC desde diciembre pasado.
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Imposición ilegal y desacato prolongado
La crisis en Psicología se originó cuando el CSU omitió convocar a elecciones y, en su lugar, impuso a Berner García como director en funciones, junto a otros integrantes del Consejo Directivo, mediante el punto séptimo inciso 7.5 del Acta 12-2025, de fecha 31 de julio de 2025. Esta decisión fue señalada como ilegal por la comunidad universitaria y posteriormente impugnada ante los tribunales constitucionales.
El 8 de diciembre de 2025, la Corte de Constitucionalidad ordenó dejar en suspenso esa resolución, abstenerse de realizar nuevos nombramientos y restituir provisionalmente a las autoridades electas para el periodo 2021-2025, mientras se convocaban elecciones conforme a la normativa universitaria. Pese a ello, el rector Walter Mazariegos y el secretario general, Luis Fernando Cordón Lucero, evadieron durante semanas el cumplimiento de la resolución, incurriendo en desacato.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la propia USAC dejó constancia, en el oficio DAJ No. 012-2026, que la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional, revocó la negativa inicial de la Sala y reiteró la obligación del CSU de convocar a elecciones y anular la imposición. No obstante, el cumplimiento fue postergado hasta que la presión jurídica y la resistencia universitaria lo hicieron insostenible.
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Criminalización y presión institucional
La salida de Berner García no se dio sin consecuencias para la comunidad universitaria. Al menos 20 docentes fueron denunciados por García por oponerse a su imposición y exigir elecciones, pese a que actualmente se encuentran amparados por resoluciones constitucionales. Esta estrategia de criminalización buscó desarticular la resistencia mediante el miedo y la persecución judicial.
A ello se sumaron señalamientos contenidos en el propio informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que recomendó al Consejo Directivo evitar publicaciones en plataformas digitales que pudieran considerarse “actos de presión”, exhortando a la abstención de pronunciamientos públicos que “menoscaben la imagen” de la Universidad. Para la resistencia universitaria estas recomendaciones constituyeron intentos de amedrentamiento y censura, orientados a debilitar la organización y la denuncia pública.
Además, el Departamento de Asuntos Jurídicos emitió una advertencia a quienes se restituyeron en los cargos de dirección de no despedir a ninguna persona que haya sido contratada durante el periodo en que García se impuso en el cargo.
García y las otras autoridades impuestas en la dirección de la Escuela de Psicología, durante el tiempo que estuvieron en el cargo no realizaron la planificación para el ciclo académico 2026, generando un vacío institucional que afectó directamente a estudiantes y trabajadores, dejándolos sin nombramientos de docentes y sin garantías para el inicio del ciclo lectivo.
Un precedente para la USAC
La reapertura de los edificios de la Escuela de Ciencias Psicológicas, el pasado 8 de enero, sin la presencia de García, quien reconoció públicamente que su nombramiento venció el 31 de diciembre, marcó un punto de quiebre. “No regresamos por permiso. Regresamos porque resistimos”, expresaron integrantes de la comunidad universitaria.
Para estudiantes, docentes y egresados, lo logrado en Psicología marca un precedente histórico: evidencia que muchas de las decisiones impuestas por el CSU fueron contrarias a derecho y que la movilización estudiantil puede obligar a las autoridades a respetar la legalidad.
Mientras se espera la emisión oficial de la convocatoria a elecciones, la comunidad universitaria mantiene la vigilancia. La comunidad estudiantil sostiene que la USAC no pertenece a mafias ni a pactos de poder, sino al estudiantado, y que su recuperación solo será posible con memoria, organización y justicia.
Aún hay amparos sin ser acatados
Tras la presión de la comunidad universitaria de la Escuela de Psicología, el Consejo Superior Universitario se vio obligado a acatar las ordenes de amparo emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), pese a los reiterados intentos de evitar su cumplimiento. No obstante, a la fecha persisten amparos pendientes de ejecución que ordenan la convocatoria a elecciones para renovar a todos los integrantes del CSU cuyos cargos están vencidos.
De los 40 miembros del CSU, 20 no han sido convocados a elección y otros ocho aún no son renovados pese a existir una persona electa, situación que contraviene la normativa universitaria. A pesar de que la CC emitió la orden correspondiente en abril de 2025 y advirtió, el 15 de diciembre, sobre posibles consecuencias legales para los integrantes del CSU en caso de continuar en desacato, la disposición aún no ha sido cumplida.
Asimismo, desde junio de 2023 el CSU no ha acatado el amparo que ordena la restitución del estudiante Camilo García como integrante del Consejo Superior Universitario y estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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