La jornada electoral hondureña transcurrió con una alta participación pero marcada por tensiones, restricciones a la prensa y un contexto hostil para periodistas, especialmente. Aunque no hubo incidentes graves, se registraron limitaciones de acceso, mientras el lento conteo de votos y la injerencia de EE. UU. con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) aumentaron la incertidumbre y la crisis política en el país vecino.
Por Alexander Valdéz
Una misión de observación integrada por la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP (Colombia), Prensa Comunitaria (Guatemala) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), observaron el desarrollo del proceso electoral en Honduras del 28 de noviembre al 1 de diciembre, enfocándose especialmente en las condiciones de seguridad y las amenazas que enfrentan los periodistas durante la jornada electoral en ese país. La misión buscó observar tanto la participación ciudadana como los retos que persisten para la prensa en un contexto marcado por tensiones políticas y sociales.
La jornada electoral en Honduras el 30 de noviembre se desarrolló con una alta participación de la ciudadanía, en esto coincidieron misiones de observación como la de OEA, evidenciando el interés social por ejercer su derecho al voto. Pero, este entusiasmo se combinó con un desencanto hacia el gobierno de turno, y la injerencia directa de Donald Trump en el proceso electoral que favorecieron al partido Nacional, lo que generó un clima de incertidumbre y preocupación en distintas regiones del país. Ese también fue percibido especialmente entre periodistas y observadores que dieron seguimiento al cierre de las mesas receptoras y al conteo de votos por parte del Consejo Nacional Electoral CNE.
Pese a que no se registraron incidentes mayores durante la jornada, se reportaron agresiones aisladas contra periodistas y restricciones de acceso en algunos centros de votación. En el departamento de Colón (a 400 kilómetros de Tegucigalpa), por ejemplo, los periodistas denunciaron que las autoridades militares y los consejos electorales locales limitaron su ingreso a los centros de acopio, impidiendo la cobertura directa de los procesos de conteo y custodia de las urnas, lo que representa una forma de censura indirecta.
Organizaciones de sociedad civil y periodistas entrevistados coincidieron en que, más allá de los hechos puntuales del día de las elecciones, la amenaza constante, la censura, las agresiones y la desinformación siguen siendo un desafío permanente para quienes realizan su labor en el país vecino. Esta situación evidencia un entorno hostil para el periodismo independiente o alternativo, donde ejercer la labor informativa requiere precaución y resistencia frente a intentos de intimidación política y social.
La principal alerta y preocupación el día de las elecciones en Honduras fue el lento proceso de conteo de votos, que se prolongó debido a fallas en el sistema informático y generó incertidumbre entre ciudadanos y observadores. A esto se sumó el pronunciamiento de Estados Unidos respecto a la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico y luego indultado, que en algunos sectores se interpretó como un elemento de incidencia directa en la política hondureña.
A tal extremo la incertidumbre de los resultados, que el TREP (sistema digital), fue desconectado y el CNE tras una semana de finaliza las elecciones generales no ha dado los resultados finales de dicho proceso, tampoco ha ratificado a un ganador a la presidencia y el proceso está siendo señalado de fraude electoral, tanto por el partido oficial como por Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del CEN, denuncia realizada por Ochoa el 4 de diciembre.
La misión del Colectivo RedSistencia se realizó además, como acompañamiento a la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), organización que acompaña a la prensa en ese país centroamericano. Asopodehu, APES, FLIP, Prensa Comunitaria forman parte del Colectivo RedSsitencia, una red de defensa de la libertad de expresión y protección a periodistas en América Latina, de la que también forman parte PCIN (Nicaragua), Periodistas Sin Cadenas (Ecuador) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Sin acciones del Consejo Nacional de Protección
Dina Meza, directora de Asopodehu, afirmó que para este proceso electoral no se sabe que trabajó el Consejo Nacional de Protección, “pareciera que estuvo dormido, no sé que es lo que hacen ahí”, afirma Meza, al mismo tiempo confirma que el discurso estigmatizante contra la prensa fue superior a otros procesos.
El día 4 de diciembre en una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Meza expresó que se instaló en el país una turbulencia de la cuál no se provee que esta vaya a desaparecer. La Asopedehu y Joprodeh señalaron que la democracia hondureña se vio afectada por una serie de acciones contrarias a su espíritu en las elecciones generales de 2025, mismas que fueron descritas en un comunicado.
Un contexto adverso para la prensa
Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), describió un escenario de hostilidad sistemática contra la prensa en Honduras, especialmente en el marco del proceso electoral. Señala que los ataques no son aislados, sino permanentes, documentados por el Observatorio de la Democracia. Incluyen campañas de desprestigio con pancartas gigantes en espacios públicos acusando a periodistas de ser “sicarios de la verdad”, así como hostigamiento directo desde plataformas oficiales.
Esta violencia ha generado un ambiente de vulnerabilidad extrema para las y los comunicadores, quienes se encuentran prácticamente sin mecanismos efectivos a los cuales acudir cuando enfrentan agresiones. Hernández subraya que el Estado hondureño utiliza recursos públicos para atacar a periodistas y medios críticos, incluso a través de canales oficiales operados por las propias Fuerzas Armadas (ejército hondureño), que crearon un medio digital dedicado en parte a campañas de difamación.
“El ataque a la prensa ha sido permanente y sistemático, desde poner pancartas en la calle, así enormes, que dicen sicarios de la verdad. O en los medios de comunicación de las Fuerzas Armadas, ataque directo a varios periodistas”, explicó Carlos.
Ante esta situación, según menciona, ASJ ha tenido que asumir un rol informal de protección y acompañamiento a periodistas, debido a que el mecanismo estatal de protección está “politizado y funciona mal”, con sus recursos concentrados en beneficio de funcionarios públicos. Hernández relata que ASJ brinda respaldo institucional, facilita conexiones de apoyo, y en casos extremos ayuda a sacar del país a comunicadores en riesgo.
Intimidaciones y amenazas de grupos criminales
El periodista César Flores de Radio Progreso, describe un escenario complejo y tenso para la prensa en Honduras durante el proceso electoral. Señala que circularon audios intimidatorios de supuestas estructuras criminales que amenazan con violencia a quienes voten libremente, lo que aumentó la preocupación entre periodistas y la población. Esta amenaza se suma a la tradicional tensión que se registra al final de la jornada electoral, cuando cierran las mesas de votación y se inicia el conteo, momento en el que históricamente se han registrado agresiones a comunicadores y observadores.
Además, Flores evidencia que los periodistas enfrentan restricciones para acceder a información y espacios clave. En el municipio de Tocuba, departamento de Colón, el centro de acopio del Consejo Nacional Electoral no permite el ingreso de periodistas, limitando su cobertura únicamente a la salida de los votos. Según los consejeros, la medida responde a órdenes de militares, lo que genera una forma de censura o hostigamiento indirecto, vulnerando el derecho de la prensa a supervisar y documentar el proceso electoral conforme a la ley.
“Y bueno, agresiones a la prensa, de lo que yo puedo hablar de la zona norte y del departamento de Colón. Si nos preocupa que los consejos electorales municipales no están permitiendo el ingreso de los periodistas a que puedan tomar fotografías y grabar justo donde está el centro de acopio”, añadió.
Flores también critica la limitada capacidad de protección institucional para los comunicadores. El Colegio de Periodistas brinda respaldo solo a sus miembros más cercanos, dejando a otros profesionales expuestos a riesgos en medio de un contexto de violencia y amenazas. Esta situación refleja la fragilidad del entorno para ejercer el periodismo independiente en Honduras, donde los medios enfrentan presiones, hostigamiento y obstáculos constantes para cubrir los eventos electorales de manera libre y segura.
Continúa la polarización social en Honduras
La periodista Thelma Mejía describe el contexto político de Honduras como uno de los más decisivos desde el retorno formal a la democracia hace más de 40 años. Según explica, el país vive una polarización similar a la de 2009 y 2017, marcada por choques ideológicos entre izquierda y derecha, en un ambiente donde la ciudadanía está profundamente insatisfecha con la política y con una democracia que no responde a sus necesidades. Mejía señala que el gobierno de izquierda, que generó expectativas de ruptura y transformación, terminó replicando prácticas del sistema anterior, especialmente en temas de corrupción, nepotismo y vínculos con el narcotráfico, lo que ha alimentado un fuerte desencanto social.
En sus declaraciones, Mejía destaca que esta crisis política se desarrolla bajo un estado de excepción que lleva tres años vigente, cuyas extensiones considera ilegales porque no han sido ratificadas por el Congreso. Afirma que, pese a las advertencias de organismos internacionales y relatores de Naciones Unidas, el gobierno ha ignorado los llamados a restablecer las garantías constitucionales. La periodista subraya que bajo este régimen se han documentado desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y abusos de autoridad.
“Nadie ha escapado de las agresiones en términos de la libertad de expresión y de la virulencia. Si se podría decir, de un gran sector del oficialismo hacia esos medios que empezaron a cuestionar y que empezaron a hacer sus trabajos investigativos de corrupción, de denunciar irregularidades”, señaló.
Mejía advierte además que la prensa hondureña enfrenta un escenario especialmente hostil. Asegura que los periodistas están sometidos a cuatro frentes de agresión: la utilización de la publicidad oficial como mecanismo de castigo, los ataques y descalificaciones desde altas autoridades, incluida la presidenta, el hostigamiento violento en redes digitales y la creciente judicialización mediante querellas. Señala con preocupación que las Fuerzas Armadas se han convertido en la principal punta de lanza contra los medios críticos, utilizando incluso sus propios canales y plataformas digitales para atacar a la prensa, algo que, según recuerda, no había ocurrido ni siquiera en los años 80.
Ataques a comunicadores en la provincia
El periodista comunitario Gerardo Aguilar describe un panorama político local marcado por la tensión y la hostilidad derivadas de la contienda en Amapala, departamento de Valle. Aguilar señala que la prensa comunitaria enfrenta un escenario particularmente adverso.
Aguilar expone que los comunicadores han sido objeto de ataques, restricciones y dificultades para acceder a centros de votación debido a la falta de reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, lo que vulnera su derecho a informar. Relata que incluso en procesos anteriores fue expulsado por la policía y militares a pesar de estar identificado como periodista, y destaca que la cobertura se vuelve más riesgosa durante el escrutinio y la publicación de resultados. “Si la población que estaba ahí en la escuela no se hubiera puesto a favor mío, me hubieran incluso llevado preso porque yo estaba filmando”, afirma, ilustrando la fragilidad en la que trabajan los medios comunitarios en la zona.
Amenazas al espacio cívico
Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa y el Instituto de la Justicia, en junio de 2025, reportó que desde 2022, el gobierno hondureño ha intensificado de forma sistemática los ataques contra organizaciones y actores sociales que evalúan la gestión pública o expresan desacuerdo con decisiones estatales. Las descalificaciones públicas se han vuelto prácticas cotidianas, dirigidas no solo a organizaciones civiles, sino también a la iglesia, la empresa privada e incluso miembros del cuerpo diplomático, generando un ambiente de temor que restringe la participación ciudadana en la vida pública
La situación se agrava en el caso de la prensa. En el estudio se destacan amenazas directas contra periodistas, como las dirigidas a la reconocida periodista Thelma Mejía, atribuidas a activistas oficialistas. En 2025, las Fuerzas Armadas arremetieron contra 12 medios de comunicación, exigiendo revelar fuentes y calificando a tres periodistas como “sicarios de la verdad”, una acción que provocó fuertes reacciones de defensa de la libertad de expresión por parte de diversos sectores nacionales e internacionales
Las cifras de violencia contra periodistas muestran un deterioro sostenido. De acuerdo con el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), desde 2022 han sido asesinados al menos 13 periodistas y comunicadores, incluidos dos homicidios registrados en junio de 2025. Entre 2016 y 2024, la institución recibió 133 denuncias de comunicadores en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales el 75% correspondió a amenazas directas. Solo entre 2022 y 2024 se concentró el 50% de todos esos casos, lo que evidencia un repunte reciente de la violencia contra la prensa hondureña
El informe también recuerda que, en un periodo más amplio, de octubre de 2001 a octubre de 2024, el CONADEH registró el asesinato de 101 personas vinculadas a los medios de comunicación. Estas víctimas incluyen periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos, editores y propietarios de medios, lo que confirma que el riesgo no se limita a reporteros en campo, sino que afecta a todos los medios de comunicación.
Acá puedes leer el informe completo:
