Los Juegos del Caos se inician con un tablero en el que convergen alianzas inesperadas y operadores que buscan conservar o recuperar espacios estratégicos. Entre ellos destacan los aliados de Consuelo Porras y Estuardo Gálvez, antiguos adversarios que hoy coinciden en una misma ruta para influir en el proceso que se viene.
Por Prensa Comunitaria
En 2026 se inicia un ciclo inédito: cinco procesos de elección que definirán el rumbo institucional del país: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), la Universidad de San Carlos (USAC) y Contraloría General de Cuentas (CGC). Cinco espacios clave que, lejos de renovarse de manera aislada, se han convertido en un tablero común donde confluyen proyectos políticos, alianzas inesperadas y viejos operadores que buscan conservar o recuperar cuotas de poder.
Aunque el calendario abre una oportunidad para recomponer instituciones debilitadas, no todos los actores están dispuestos a perder terreno. Un ejemplo es Consuelo Porras. Aunque ha evitado apariciones públicas, su círculo más cercano evalúa dónde se juega su mejor futuro: si en el TSE, desde donde se pueden influir reglas electorales y decisiones estratégicas, o en la CC, el espacio de mayor blindaje jurídico y político.
Del otro lado aparece Estuardo Gálvez, quien hasta hace pocos meses parecía estar en el bando contrario. La relación entre ambos estuvo marcada por hostilidades abiertas. Durante la elección de Cortes de 2020, el exfiscal Juan Francisco Sandoval dijo que fue Porras quien exigió la captura de Gálvez. A eso se suman los requerimientos de información del MP en 2024 que alertaban con llevarlo nuevamente ante la justicia.
Sin embargo, de esa confrontación surgió una alianza inesperada. Para el proceso que se avecina los equipos de Gálvez y los operadores de Porras convergen en una misma estrategia: asegurar posiciones en las elecciones de 2026 y garantizar continuidad en estructuras institucionales que han funcionado como centros de influencia durante la última década.
Esta coincidencia de intereses, más pragmática que ideológica, explica por qué antiguos adversarios han optado por una cooperación silenciosa, pero cada vez más visible en redes sociales de cada una de las agrupaciones, donde incluso se anuncian grandes fiestas en distintos departamentos.
Otra nota que puedes leer:
Una alianza que debilita a Gálvez
Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, la alianza no le sumaría votos a Estuardo Gálvez. Como referencia, señala la más reciente coalición entre Avanza y la Coalición Gremial, que compitieron juntos en la elección de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y obtuvieron resultados mínimos.
Ibarra considera que el exrector celebra este nuevo acuerdo por motivos distintos. Su lectura es que Gálvez busca aliados dentro del Ministerio Público para evitar una posible persecución penal y garantizar que no se frene su participación en los procesos que se aproximan. Recuerda que su figura continúa siendo polémica, tanto por su trayectoria en la Universidad de San Carlos como por el proceso pendiente del caso Comisiones Paralelas 2020.
“Es fácil interpretar que Gálvez hace esta alianza para darle espacio a la cúpula del Ministerio Público. Les estaría ofreciendo posibilidades de participar o influir en cargos importantes, como una magistratura suplente en la Corte de Constitucionalidad, a través de figuras como Melvin Portillo, o candidaturas en el Tribunal Supremo Electoral. Eso podría garantizarles cierto blindaje institucional a partir de mayo”, dijo.
Ese acuerdo, dice, parece orientado a evitar que vuelva a ser capturado, como ocurrió en 2021 en plena jornada de votaciones gremiales. Pero advierte que se trata de un cálculo riesgoso: si la fiscal general no es parte de la alianza, otras unidades del MP podrían proceder en su contra si existe interés de afectarlo judicialmente.
Además, señala que el grupo con el que Gálvez se asoció no aporta una base significativa de votos. Más bien, la alianza vuelve su candidatura aún más cuestionada, especialmente por los antecedentes de figuras como Melvin Portillo, el actual secretario de Política Criminal del MP, a quien se le han documentado vínculos partidarios, defensa de narcotraficantes y señalamientos de violencia.
Acá otra nota que puedes leer:
¿Cuál es el acuerdo?
Fuentes consultadas por Prensa Comunitaria señalan que el acuerdo inicial se concentra en la Corte de Constitucionalidad. Estuardo Gálvez buscaría postularse como magistrado titular por el CANG, mientras que Melvin Portillo competiría por la magistratura suplente, en cargos que se eligen por separado dentro de ese gremio. Además, las mismas fuentes indican que el pacto incluye coordinar esfuerzos para la elección del Tribunal Supremo Electoral, que fue la primera en empezar el ciclo de renovación de autoridades.
Avanza tuvo su primera aparición en las elecciones del CANG este año. La agrupación está integrada principalmente por fiscales cercanos a la fiscal general del Ministerio Público, lo que se percibe como una forma de tratar de influir dentro del sector justicia; en elecciones relevantes. Además, se sabe que su principal financista es Melvin Portillo, quien después de esa participación gremial fue nombrado como secretario de política criminal del MP.
En su historial, Portillo fue abogado defensor de un señalado en el caso Odebrecht, y de personas vinculadas al narcotráfico. Además, enfrentó una serie de denuncias penales, entre estas algunas presentadas por su mamá.
Por su lado, Estuardo Gálvez ha utilizado la agrupación Plataforma de Profesionales por la Justicia como vehículo para influir en cargos y representaciones dentro del CANG. En 2021, intentó llegar a la magistratura de la Corte de Constitucionalidad por medio de esta organización. Al salir de prisión por su presunta vinculación en el caso de manipulación de cortes de 2020, reapareció en 2024 y logró colocar a profesionales en puestos clave del sector justicia, una estrategia que volvió a replicar en la elección más reciente del CANG.
