El Ministerio de Gobernación y la Copadeh son las entidades responsables de ejecutar la política para la protección de defensores de derechos humanos y quienes se encargarán de buscar los recursos para su implementación ahora que ha nacido a la vida jurídica con su publicación en el diario oficial.
Por Simón Antonio Ramón
El Diario de Centroamérica publicó el viernes 14 de noviembre el Acuerdo Gubernativo 198-2025 que da vida jurídica a la Política Pública de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.
La Política se presentó el pasado jueves 13 de noviembre en el Patio de La Paz del Palacio Nacional con presencia de la familia de Florentín Gudiel, un luchador social asesinado en 2004, originario de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
La política, será coordinada por el Ministerio de Gobernación y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a distintas peticiones de la sociedad civil.
Acompañaron la presentación autoridades indígenas, activistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuerpo diplomático y funcionarios de gobierno.
“Este evento es una acción simbólica de cumplimiento con uno de los puntos establecidos en la sentencia de la Corte-IDH en agosto de 2014 que ordena la construcción y aprobación de una política pública para la protección para personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en Guatemala. Para que actos como el asesinato de mi papá no se vuelvan a repetir”, dijo Makrina Gudiel Álvarez, hija del defensor asesinado el 20 de diciembre de 2004, durante su intervención en la presentación de la política.
El anuncio de esta política ocurre en un contexto de criminalización y persecución para defensores de la democracia, señala la coordinadora nacional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Neydi Juracán Morales. “La suspensión de las audiencias de primera declaración para los estudiantes y el abogado Ramón Cadena, criminalizados en el caso Toma Usac: botín político es una muestra”, agregó.
Recursos para la Política
El instrumento de protección para personas defensoras de derechos humanos tiene el desafío de buscar los recursos para cumplir con su implementación.
La Copadeh informó a Prensa Comunitaria a través de su departamento de Comunicación, que la entidad responsable de gestionar su financiamiento es el Ministerio de Gobernación.
Al consultar a Claudia Samayoa, asesora de derechos humanos del Ministerio de Gobernación, sobre el financiamiento de la política pública indicó que por la fecha que se está aprobando ya no está prevista en el Presupuesto de la Nación de 2026, por lo que los responsables procurarán gestionar su financiamiento.
“Será en el presupuesto de 2027 donde tendrá su asignación, pero ahora cada ministerio se tiene que responsabilizar de los recursos, pero eso significa para cada ministerio y qué disposición tienen, ahorita tenemos el consenso de los ministros”, dijo.
Brenda Guillén, directora de la Unidad de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), una de las organizaciones que impulsó la política pública, dijo que este tema fue planteado a las instituciones responsables, pero ahora sin financiamiento será por medio de otras alternativas, aunque no especificó cuáles.
“Ahí tiene que ver mucho con las necesidades y voluntades en los ministerios que tienen implicación directa de la política pública, entonces, vamos a quedar a merced de esos presupuestos que vayan a poderse irse asignando de parte de los ministerios y ahí tenemos un trabajo bastante arduo de presión para la asignación de presupuesto”, dijo.
Esta política de protección no es la única que nace a la vida jurídica sin recursos. En 2024 fue firmado el Acuerdo Agrario por organizaciones campesinas. En uno de los puntos se consideró que para el acceso de tierras debía tener un financiamiento de Q300 millones. Por ahora solo se cuenta con Q68 millones del Fondo de Tierras.
“En el CCDA consideramos que mínimamente Q150 millones pueden ser asignados para empezar a ejecutar esta política de protección de defensores”, resalta, Neydi Juracán.
¿Quiénes deben implementarla?
Esta política pública tiene tres objetivos estratégicos: crear mecanismos de prevención de riesgos; implementar un modelo de atención y protección integral; y promover la coordinación interinstitucional con el sector justicia para garantizar el acceso a la justicia a las personas defensoras de derechos humanos.
Su implementación será regida por el Ministerio de Gobernación y la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) la cual fungirá como la secretaria técnica del Consejo Coordinador.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó en la presentación de la política pública, que la aprobación es la respuesta del gobierno a una deuda del Estado con las personas defensores y compromisos internacionales con el sistema interamericano como la sentencia de la CorteIDH, en el caso de Florentín Gudiel.
“Es un cambio en la política del Estado donde ya no es posible seguir viendo a los defensores de derechos humanos como enemigos, sino que son parte del desarrollo de la democracia”, dijo Villeda.
Juracán considera que en la implementación de la Política Pública debe pluralizarse a otros actores sociales que promueven los derechos colectivos, porque actualmente, a su consideración hay sectores aun no son convocados para la discusión de las acciones de este instrumento de protección.
“Si consideramos nosotros hay una ausencia de una participación directa de quienes están en primera línea, si bien es cierto invitan a las autoridades indígenas, también las organizaciones campesinas, de mujeres y juventudes que nos parece que están faltando en la convocatoria”, dijo.
Un mecanismo de protección de periodistas
Claudia Samayoa, señaló que a partir de la aprobación de la política pública se establecerá una hoja ruta para comisiones de trabajo como la implementación del programa o mecanismo de protección a periodistas.
“Es un compromiso de Estado el mecanismo de protección integral de los periodistas, entonces con Copadeh estamos trabajando para que lo más breve posible se convoque con un documento para trabajar en conjunto, que pueda salir antes probablemente antes que el mecanismo integral general de todos los defensores es un compromiso que les debemos a ustedes”, aseguró.
Se espera que la convocatoria para la elaboración del programa o mecanismo de protección a periodistas se realice la primera semana de diciembre para organizaciones en defensa de las y los periodistas profesionales, comunicadores sociales y periodistas comunitarios, quienes frecuentemente son vulnerables a las violencias.
