El Ministerio Público no se opuso a la resolución de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, que cerró el proceso penal y decidió no enviar a juicio a Haroldo Mendoza Matta, señalado de liderar una estructura criminal que operaba en Izabal y Petén. Según investigaciones de la antigua FECI y la extinta CICIG, el grupo se dedicaba al despojo violento de tierras, asesinatos y secuestros.
Por Alexander Valdéz
La Fiscalía Especial contra la Impunidad a cargo de Rafael Curruchice no apeló la resolución de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, que cerró el proceso penal y no enviar a juicio a Haroldo Mendoza Matta, señalado por liderar una estructura criminal que, según investigaciones de la antigua FECI y de la extinta CICIG, operaba en los departamentos de Izabal y Petén.
Se presume que esa organización se habría dedicado al despojo violento de tierras, asesinatos, secuestros y otros delitos graves. Pero, al no existir apelación del Ministerio Público, el fallo que favoreció a Mendoza Matta queda firme, permitiendo su liberación inmediata, luego de permanecer en prisión por el caso revelado en 2014 y que estuvo paralizado.
En el expediente, Mendoza Matta y otros cinco presuntos integrantes de su estructura figuraban como ligados a proceso por diversos delitos. A Mendoza Matta se les atribuían los de asociación ilícita, dos asesinatos, allanamiento con agravación específica, robo agravado, conspiración para el robo agravado y secuestro.
Entre las pruebas que se recabaron y que no fueron consideradas por la jueza, figuraban peritajes balísticos, informes técnicos e interceptaciones telefónicas que vinculaban directamente a los sindicados con los hechos investigados. Las capturas de Mendoza Matta y de sus presuntos cómplices ocurrieron el 20 de noviembre de dicho año, en una operación coordinada entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio de Gobernación.
En esa ocasión, las autoridades reportaron el hallazgo de un arsenal de armas de grueso calibre, reforzando la hipótesis de que este grupo operaba como un ejército privado, imponiendo control territorial y ejecutando acciones violentas para apoderarse de tierras en Izabal y Petén. Las investigaciones señalaron que la estructura realizaba patrullajes armados, allanamientos, quema de cosechas, asesinatos y desapariciones, constituyéndose en un poder paralelo al Estado.
“Esta no es una banda cualquiera, es un ejército privado que se conformó especialmente en el departamento de Izabal y que tenía azotada a la población. Que realizaba actividades de patrullajes en la zona, que controlaba la entrada y salidas de personas, que cometía delitos de homicidio, quemaba cosechas, robaba semovientes y desaparecía personas. Todo con el propósito de despojar a pobladores del departamento de sus tierras”, dijo el extitular de la CICIG, Iván Velásquez, cuando presentó el caso.
Prensa Comunitaria consultó al MP por la decisión de no presentar apelación contra el cierre de este caso relacionado con el crimen organizado, pero al cierre de esta nota no hubo una respuesta.
Acciones violentas
El caso fue denominado por la CICIG como “Cancerbero”, nombre que hace referencia a una operación contra el narcotráfico realizada en Uruguay y que guarda similitud con las dinámicas de grupos criminales con poder local y control territorial.
Las pesquisas detallaron que esta estructura criminal actuaba como un “ejército privado”: realizaba patrullajes armados, retenes ilegales, allanamientos a viviendas, secuestros y asesinatos. También se le atribuyó la quema de cosechas, robo de ganado y desaparición de personas, actividades con las que consolidaban su dominio sobre amplias zonas rurales.
Haroldo Mendoza Matta fue señalado como el líder de la estructura y vinculado junto a otros miembros por delitos como asociación ilícita, asesinato, secuestro, allanamiento con agravación específica y robo agravado. En aquel momento, el caso representó uno de los expedientes más complejos de la FECI y la CICIG en la región norte del país, al exponer cómo una red de poder local habría usado la violencia y la intimidación para apropiarse de tierras y operar con impunidad.
Otro familiar con beneficios judiciales
Haroldo Mendoza Matta no fue el único miembro de su familia vinculado a estructuras relacionadas con el crimen organizado. Su hermano mayor, Walter Obdulio Mendoza Matta, también enfrentó un proceso judicial derivado de una investigación que documentó el despojo de al menos 28 fincas en el departamento de Petén, como parte de una red que buscaba apropiarse de tierras mediante la intimidación y la violencia.
En 2023, la Sala Segunda de Mayor Riesgo absolvió de los cargos de lavado de dinero a William Alfredo, Jeffrey Obdulio y Mariana Isabel Mendoza Tally, hijos de Walter Obdulio. La decisión judicial benefició a gran parte del núcleo familiar, dejando únicamente a Walter con condenas vigentes, aunque estas fueron reducidas a la mitad.
En 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” había condenado a diez integrantes de la estructura por los delitos de usurpación agravada y lavado de dinero, imponiendo penas de seis años de prisión inconmutables a los responsables, entre ellos los hermanos Mendoza Tally, Julia María Murillo y Pablo André Mendoza Paz. Sin embargo, la decisión de la Sala debilitó las condenas.
