Durante una cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo acuerpado por diputados oficialistas y funcionarios de su gobierno, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la destitución del juez Fredy Orellana, a quien acusa de intentar un golpe de Estado a través de sus resoluciones en el caso Semilla y luego de un fallo que decretó la “nulidad absoluta” de esa agrupación política.
Por Alexander Valdéz
El presidente Bernardo Arévalo pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituir al juez Fredy Orellana, a quien señala de intentar ejecutar un golpe de Estado a través de sus resoluciones por el caso Semilla. Sin embargo, la solicitud reabre un viejo debate dentro del sistema de justicia: ¿tiene la CSJ la facultad para destituir o trasladar a jueces sin un proceso disciplinario previo?
El tema no es nuevo. Durante el último año, un número considerable de juzgadores fueron reubicados bajo el argumento del vencimiento de su período constitucional, sin que mediara un procedimiento disciplinario. La medida provocó críticas entre operadores de justicia que denunciaron la falta de transparencia y el uso discrecional de las rotaciones. No obstante, fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC) han respaldado la potestad de la CSJ cuando los traslados responden estrictamente al vencimiento del período de nombramiento.
A pesar de ese respaldo, los criterios aplicados por los magistrados de la CSJ han sido inconsistentes. Mientras algunos jueces, como Marco Antonio Villada, fueron retirados de su cargo en el Juzgado de Extinción de Dominio, otros fueron ratificados en sus funciones sin mayores reparos. Es el caso del propio Fredy Orellana, quien fue renovado por cinco años más en su judicatura, pese a las sanciones internacionales y a las denuncias en su contra por intentar concretar el golpe de Estado.
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¿Puede la CSJ destituir de oficio a un juez?
El exjuez Carlos Ruano, criminalizado y en el exilio, dijo que la destitución de un juez solo puede ocurrir tras un proceso disciplinario por la comisión de una falta gravísima o por consecuencia de una sentencia penal. En el caso de Fredy Orellana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría removerlo de dos formas: mediante una denuncia que derive en un procedimiento disciplinario, que puede durar hasta un año entre investigación, resolución e impugnaciones, o a través de una denuncia penal que active el antejuicio. Si se autoriza su investigación, Orellana sería suspendido del cargo y solo podría ser destituido tras una sentencia firme.
Ruano dice que no es posible una destitución de oficio, ya que ello vulneraría la Ley de la Carrera Judicial. Otros jueces consultados por Prensa Comunitaria advirtieron que una acción de ese tipo sentaría un precedente peligroso para todo el sistema de justicia.
Un fallo de la CC
El exjuez Carlos Ruano considera que existe otra vía legal para la destitución inmediata del juez Fredy Orellana: una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el marco de un proceso de amparo. Según Ruano, si la CC determina que Orellana actuó en contra de la Constitución, puede ordenar su separación del cargo mediante la debida ejecución de una resolución constitucional, sin necesidad de agotar un proceso disciplinario.
Actualmente, la CC conoce una solicitud presentada por abogados y miembros del Movimiento Semilla, quienes pidieron revisar un posible incumplimiento del amparo otorgado en 2023, con el cual se ratificaron los resultados electorales de ese mismo año. En aquella ocasión, la máxima corte intervino tras lo que se consideró un primer intento de golpe de Estado, cuando Orellana ordenó suspender la personalidad jurídica del partido oficial.
Anterior CSJ ratificó a juez Orellana en 2024
Un oficio al que tuvo acceso Prensa Comunitaria en 2024 confirmó que, por mayoría, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia aseguró la continuidad del juez Fredy Orellana, hasta 2029 en el Juzgado Séptimo Penal.
La resolución fue emitida antes de que concluyera el mandato de los anteriores magistrados. “Nombrar por un nuevo período constitucional en el cargo de Juez de Primera Instancia, contado a partir del nueve de septiembre de dos mil veinticuatro al ocho de septiembre de dos mil veintinueve, al abogado Fredy Raúl Orellana Letona, quien se desempeña en el cargo de Juez de Primera Instancia del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, Juez “A”, indica el documento.
El caso Semilla
En 2023, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad llevó a cabo una serie de allanamientos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), ubicado en el Parque de la Industria. Durante las diligencias, los fiscales abrieron cajas electorales con el argumento de investigar presuntas irregularidades vinculadas al partido Movimiento Semilla, con el fin de avanzar en su cancelación.
La acción fue considerada por el partido, por distintos sectores sociales y por observadores internacionales como un atentado contra la autonomía del TSE. Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, intentó justificar la medida señalando que buscaba “rescatar la democracia y la soberanía mancilladas por la OEA y la Unión Europea”.
La entonces presidenta del Tribunal, Elizabeth Palencia, sostuvo lo contrario. En una entrevista radial afirmó que la FECI atropelló la independencia del órgano electoral al romper la cadena de custodia de los votos y poner en duda la legitimidad del proceso electoral que el TSE había organizado. De ese episodio surgió el caso judicial que se activó tras confirmarse la victoria de Movimiento Semilla en las elecciones generales de 2023. Con el paso de los meses, el proceso avanzó en los tribunales hasta que algunos integrantes del partido, como Ligia Hernández, optaron por someterse a un procedimiento de aceptación de cargos.
A partir de esa resolución, el juez séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, ordenó primero la suspensión y posteriormente la cancelación definitiva de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, basándose en la sentencia dictada contra la exdiputada y exdirectora del Instituto de la Víctima.
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