La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el cierre del proceso penal contra el empresario Gustavo Alejos en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”. Con esta resolución, también quedan fuera de juicio su esposa Beatriz Jansa Bianchi y el abogado Rafael Escobar Pereira.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron el fallo que deja fuera de juicio al empresario farmacéutico y exsecretario de la presidencia, Gustavo Alejos, dentro del caso conocido como “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”.
La resolución surgió por un recurso de casación promovido contra la Sala Primera de Mayor Riesgo, que previamente había rechazado una apelación del Ministerio Público (MP).
Con esta resolución, se ratifica el cierre del proceso en favor de Alejos, su esposa Beatriz Jansa Bianchi y el abogado Rafael Escobar Pereira, señalados de integrar una estructura que, según la investigación de la FECI, habría utilizado su influencia para beneficiarse de contratos públicos y lavar fondos a través de distintas entidades.
Fuentes consultadas por Prensa Comunitaria en el Organismo Judicial (OJ) indicaron que se analizaron los elementos mencionados en el fallo de la Sala y los medios de investigación presentados durante la etapa de apertura a juicio ante la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, quien cerró el caso, concluyendo que los mismos no eran suficientes para acreditar la comisión de los delitos.
Con esta resolución, la Cámara Penal, integrada principalmente por tres magistrados vinculados a Nester Vásquez; Gustavo Morales como presidente, Luis Mauricio Corado y Jenny Alvarado, respaldaron la decisión de la jueza Cruz Toscano, quien el 12 de febrero de 2024 ordenó el cierre de la investigación.
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Abelina Cruz cierra el caso
El año pasado, la jueza resolvió que Alejos no enfrentara juicio por cinco delitos: lavado de dinero, asociación ilícita, evasión, cohecho pasivo y defraudación tributaria. Su fallo evitó que el empresario enfrentara juicio, para el cual desde 2021 se habían reunido diversos medios de investigación y documentación financiera que apuntaban a la existencia de una red de influencias vinculada a contratos de Gobierno y favores políticos.
La decisión cierra una de las investigaciones emblemáticas sobre corrupción de alto nivel impulsadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en un contexto donde distintos casos de alto perfil han sido archivados o debilitados en el Ministerio Público que dirige Consuelo Porras.
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Otro caso en impunidad
En 2021, la investigación de la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenció cómo contratistas del Estado, particularmente de la construcción, concertaron con funcionarios de gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos o tener prelación en el pago de deudas. En esta causa se expuso el uso de mecanismos sofisticados para el lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción en la contratación de obra pública.
Según la fiscalía, con el fin de ocultar el origen de los recursos, darles apariencia de legalidad, y en asocio con otros miembros de la red, se utilizaron sociedades fuera de plaza (offshore) con sede en Belice y Panamá.
Después, a través de dichas entidades, se celebró y/o autorizó distintos contratos de préstamo ficticios y compraventa de acciones de sociedades a través de las cuales adquirió varios apartamentos en el edificio Casa Margarita.
“Posteriormente, con el fin de mantener-obtener favores y beneficios, les entregó a funcionarios del gobierno entrante (Partido Patriota), casas y apartamentos por medio de una serie de sociedades y contratos falsos. La investigación determinó que también realizó transferencias a personajes públicos de alto perfil que se beneficiaron de las comisiones ilícitas”, señala el MP.
No es el único caso que ha evadido Alejos en los últimos meses, este se suma al caso Transurbano y Comisiones Paralelas 2020. Uno por supuesta corrupción en la implementación del sistema de transporte público y otro por supuestas negociaciones irregulares de elección de magistrados.
Una condena
El 15 de junio de 2024, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal dictó condena, a través del procedimiento de aceptación de cargos, contra Gustavo Alejos y otras cuatro personas que reconocieron su participación en hechos de corrupción relacionados con el caso IGSS Negociantes de la Salud.
Alejos Cámbara admitió haber cometido los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, por lo que fue sentenciado a ocho años y ocho meses de prisión, además de una multa de Q33 mil.
Junto a él también aceptaron su responsabilidad Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, ambos condenados por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo. El exsecretario de la Presidencia enfrenta, además, otros procesos por corrupción pendientes de resolución.
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