Las masas indígenas de Bolivia representan una grave amenaza para las ambiciones de los Estados Unidos. La mayoría de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe comparten su valentía, pero pocos movimientos han ostentado el poder nacional. Donald Trump odia a la Bolivia profunda. Él dio su bendición al golpe de Estado de 2019 y hoy día, su embajada viene preparando otro de carácter electoral.
Por Cindy Forster
Las noticias de última hora en Bolivia son una verdadera bomba. Lo más reciente es el descubrimiento de un “consorcio criminal” dentro del Poder Judicial que manipula el nombramiento de jueces, para profundizar un golpe judicial que está a toda marcha desde 2024. El ministro de Justicia –César Siles– se vio obligado a dimitir. El histórico líder aymara Evo Morales, expresidente durante una época de oro para los pobres, es el único candidato antineoliberal, y las elites tradicionales rechazan su candidatura.
El 2 de julio se dio a conocer otra información al estilo del periodismo de Julian Assange. A base de los chats del exministro Siles, confirman el pago de treinta mil dólares al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi Quispe, a cambio de la suspensión del partido PAN-Bol y su candidato presidencial Evo Morales. La presunta documentación incluye el comprobante de una transferencia bancaria entre dos cuentas en el paraíso fiscal de Panamá, la de Tahuichi y la del remitente, la esposa del presidente Luis Arce, Brígida Lourdes Durán Romero.
Varios miembros de los altos tribunales prorrogaron sus propios límites de mandato a comienzos de 2024, en connivencia con el presidente Arce. A la vez han robado a los pobres su partido (MAS o el Movimiento al Socialismo, cuyo jefe constitucional sigue siendo Evo Morales). Los jueces autonombrados son, por supuesto, ilegítimos, por más que la prensa comercial los trata con sumo respeto.
Los jueces corruptos han bloqueado la candidatura presidencial del expresidente indígena Evo Morales. Sus fallos son inconstitucionales. “Evo” fue elegido sucesivamente como candidato por tres partidos políticos. El partido PAN-Bol presentó una demanda en que se argumenta ser víctima de falsos jueces y exige la revocación de la prohibición. La fecha límite en el calendario electoral fue el cuatro de julio.
Desafiando la guerra sucia de las elites, los campesinos están al lado de Evo en asambleas, congresos y ampliados que han sido masivos –en diciembre, marzo, mayo, y junio– cada vez con decenas de miles y hasta cien mil participantes. En marzo, en la reunión más grande, se creó una nueva formación tras tres días de reuniones y debates. Recibió el nombre “Evo—Pueblo”, el acrónimo de “Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo”. Fruto de las deliberaciones de estas reuniones, las marchas en pro de Evo son de cientos de miles y millones de personas.
La semana pasada se celebraron tres mítines políticos. Los funcionarios de MAS eran un poco más de seis mil personas que inauguraron la campaña de su candidato belicista, el ex ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Otro partido forjado por las fuerzas de Arce incluye su ministra de gabinete, y presentó como candidato a la cabeza del Senado Plurinacional, Andrónico Rodríguez. Su mítin atraía unos cuatro mil cuatro cientos personas (y cosa rara, su ofrenda a la Pachamama explotó). Los dos eventos tomaron lugar en la metrópolis de La Paz-El Alto, donde vive la cuarta parte de la población nacional de doce millones. En medio del Trópico, que es netamente rural, un mitin también para hacer la proclamación nacional de su candidato, Evo, se limitó a una sola población, la de Shinahota, y allí se reunieron más de 27,000 personas.
Evo carece de un partido político debido a sentencias anticonstitucionales. Aun así, Morales suele ganar cerca de la mitad del electorado en las encuestas para las próximas elecciones del 17 de agosto. Dirigentes indígenas dicen que 3.6 millones se unieron a la marcha de mayo para inscribir a Evo – los que caminaron insisten que otros muchos en sus pueblos quieren votar por el mismo proyecto político.
Dicen, además, que el voto para Morales representa ochenta por ciento de la población indígena. Su inhabilitación priva del derecho al voto a la mayoría del pueblo “indígena, originario y campesino”.
Con protestas pacíficas garantizadas por la Constitución –bloqueos y marchas—la gente pobre arriesga la vida para poner su candidato en la papeleta.
Policías y civiles masacrados. Soldados arrojados contra manifestantes
La segunda semana de junio, cuatro policías fueron asesinados mientras desmantelaban decenas de bloqueos campesinos en Bolivia, y seis civiles dieron sus vidas. Los bloqueadores exigieron gasolina, alimentos y soluciones a la demoledora crisis económica. En las mismas semanas, se extendieron los llamamientos para la renuncia del presidente.
El gobierno había desplegado a soldados sin la aprobación de la Asamblea Plurinacional, una acción que es inconstitucional. Los soldados tienen por misión proteger las fronteras, a excepción de un estado de insurrección, solo los policías reciben entrenamiento para enfrentarse a sus conciudadanos.
Los campesinos que estuvieron presentes en el lugar donde ocurrió la masacre en Llallagua, una comunidad minera a 3,895 metros sobre el nivel del mar, afirman que paramilitares disfrazados de policías probablemente cometieron estos crímenes. El gobierno emitió versiones contradictorias sobre las muertes y si les dispararon por la espalda.
Después de la masacre, dicen los comuneros, el Estado colocó pruebas falsas y ocultó la participación de paramilitares. Las fuerzas populares anunciaron cargos de juicio político contra el presidente Arce y el ministro de defensa Edmundo Novillo. La prohibición de utilizar soldados en conflictos internos concuerda con las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fueron asesinados cuatro comuneros en Llallagua, cuyos cuerpos fueron vistos por un defensor de derechos humanos y abogado, llamado Marco Antonio Ortiz. Se informó de la muerte de otras cuatro personas, aunque los familiares temen represalias y se negaron a confirmarlo. Decenas de civiles heridos huyeron a las colinas, dijo Ortiz. Evo Morales informa de seis muertos entre los campesinos en junio – dos de ellos en Arque, una comunidad rural a 3,782 metros en Cochabamba. El gobierno de Arce intenta culpar al movimiento indígena de Trópico en la zona subtropical de Cochabamba.
Voces de la gente campesina en lucha
María Ledesma, de nacionalidad quechua, secretaria general del sindicato de la Federación del Trópico en el departamento de Cochabamba, dice que “la gente está en las filas de gasolina esperando cinco días para llenar sus tanques. Tenemos familiares que conducen minibuses y pasan cuatro días esperando en la fila, lo que significa que solo trabajan tres días a la semana. No pueden ganar lo suficiente para pagar el alquiler o cumplir con los pagos de su préstamo. Vemos a nuestras hermanas en polleras (faldas indígenas) recogiendo comida de la basura. La gente está sufriendo mucho”.
“Hay tantas amenazas cuando decides organizarte”, dijo Enrique Mamani, dirigente máximo de los Interculturales, el sindicato campesino que representa a las poblaciones que migraron de las alturas andinas a las regiones subandinas del país.
“Ustedes se enfrentan a la cuestión”, dijo Mamani, “de persecución judicial por parte del gobierno contra todos nuestros dirigentes que se identifican como evistas”, porque apoyan el programa político del expresidente Evo. “Se enfrenta a la cuestión de los jueces que, según la Constitución, sirven durante seis años”, pero muchos se han auto-prorrogados en los tribunales superiores. Son jueces autoproclamados, ilegales, que están “dividiendo las confederaciones sindicales, dividiendo las federaciones” de los movimientos sociales. Ya han proscrito tres veces la candidatura de Evo Morales en directa violación a la Constitución. La prensa venal desinforma en todo el país y más allá de Bolivia.
¿Cómo se define la tortura?
Uno por uno, los líderes campesinos nacionales han sido arrestados y encarcelados. El más reciente fue Enrique Mamani el 6 de junio, quien fue severamente golpeado después de ser detenido.
A mediados de mayo, Ponciano Santos fue capturado y golpeado. Lidera el sindicato indígena y campesino que es el más grande de Bolivia (la CSUTCB o Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia). Santos y Mamani son los máximos dirigentes de los movimientos sociales. Sus miembros incluyen la mitad de la población adulta. Otro dirigente principal, Ramiro Cucho, está en arresto domiciliario. Estos líderes se eligen en “magno” congresos y se rotan cada dos años, por lo cual miles de personas poseen experiencia en la gobernanza colectiva. Muchos son jóvenes, y muchas son mujeres.
Hace poco, fue detenido el joven Franco García, máximo dirigente de los y las “evistas” en la ciudad de Cochabamba –principalmente en los barrios urbanos que sufrieron barbaridades durante el año golpista de Jeanine Áñez–. Recibió una paliza a manos de la policía. Dijo, “Me hicieron bolsa la policía de civil. Me metieron corrientes aquí [debajo de los brazos a los dos lados del pecho]. Así en la nuca, de corrida. Me tira un corto. Querían que me rinda. Se castigaba a uno. Por medio, se escucharon que había prensa esperando afuera de la cárcel”.
Jhonny Cruz, el líder juvenil de más alto rango de la CSUTCB que cuenta con cinco millones afiliados, fue asesinado por policías vestidos de civil a finales de marzo. Los videos de teléfonos celulares obligaron al gobierno a reconocer ese hecho, después de haberlo negado. Por todos lados del país se reporta que el gobierno de Luis Arce ha identificado a líderes campesinos intermedios y locales, y los está persiguiendo. Obviamente, a la gente que quieren votar por Evo, se les recuerda del régimen sangriento de Jeanine Áñez, de 2019 a 2020. Evo Morales habla de un segundo golpe de Estado en marcha.
Uno de los principales líderes campesinos del Trópico, David Veizaga, dijo el 15 de junio que las muertes en Llallagua son parte de un plan nefasto. Alega que el viceministro del Interior, Jhonny Aguilera, y el presidente Arce, con conocimiento de las principales autoridades judiciales y máximos dirigentes parlamentarios, “organizaron esta operación. Son asesinos. Se han manchado las manos con la sangre de los indígenas y la sangre de las fuerzas de seguridad”. Veizaga dice que las pruebas demuestran que “los que dispararon a los uniformados y a los civiles de los ayllus” –los grupos milenarios– “son francotiradores”. En el noticiero matutino de los domingos que presenta a Evo Morales y sus invitados, Evo le respondió a Veizaga: Está convencido de que las muertes están destinadas a la opinión pública, para manchar la imagen de la mayoría indígena. Evo dijo con incredulidad: “¿Qué campesino está entrenado como francotirador? ¿Qué campesino está armado con una pistola con miras telescópicas?”
La derecha contra las masas
Los líderes tradicionales de la derecha que dirigieron el golpe de Estado de noviembre de 2019 –junto a la ultraderecha que se ganó la infamia por sus fuerzas paramilitares durante el año golpista– han hecho causa común con la actual administración contra millones de indígenas organizados.
Una intrincada y densa red de democracia indígena y sindical existe en el campo. Los “pueblos originarios” honran a Evo Morales y lo tratan como si fuera de la familia, haciendo propuestas de buena gobernanza y criticándolo cuando sienten que está equivocado.
A finales de marzo, los pobres crearon un nuevo vehículo político en un magno congreso de cien mil personas. Haciendo caso omiso del desacuerdo de Evo en cuanto al nombre de la nueva organización, las bases impusieron su decisión: “Evo Pueblo”. El director de la Radio Kawsachun Coca, Ramiro García, explica que significa “Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo” o “volvemos a obedecer al pueblo”.
El 12 de junio, la sede de “Evo Pueblo” fue incendiada en La Paz mientras algunas militantes dormían en su interior. Pocas horas después, en la madrugada del 13 de junio, lanzaron explosivos a la casa de la candidata a la vicepresidencia de “Evo Pueblo”, Wilma Alanoca, concejala de El Alto.
El 13 de junio, los paramilitares de la ciudad de Cochabamba –acelerando sus motocicletas, algunos con bazucas– se reunieron frente a una estación de policía con la aparente aprobación de la policía. Cometieron crímenes atroces contra los indígenas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. El alcalde de la ciudad es un firme aliado de los Estados Unidos y candidato presidencial, llamado Manfred Reyes Villa. Financia a los paramilitares y los llama héroes. Está promoviendo las candidaturas políticas de sus dirigentes. La comunidad internacional de derechos humanos insiste en que estos viles “grupos irregulares” deben ser disueltos.
“La comuna” en Bolivia
Ese mismo día, muchos soldados se trasladaron a la zona de El Trópico, uno de los epicentros de la organización campesina. Su objetivo es presumiblemente el expresidente Evo Morales, quien nació en el seno de una familia aymara pobre. Al frente de aguerridos sindicatos campesinos, Morales sacó de la pobreza a millones de personas durante sus presidencias de 2006 a 2019. Enrique Mamani lo llama “el hermano que hace milagros”. Los indígenas experimentaron la dignidad en esos años, de maneras muy concretas en los ámbitos de la salud, la educación, el empleo y la cultura. Cuando los pobres derrocaron el régimen golpista de Jeanine Áñez en 2020 con bloqueos masivos de carreteras, y luego acudieron a las urnas, pensaron que estaban votando por la continuidad del programa de Evo.
Desde el atentado contra Evo Morales el 27 de octubre del año pasado, lanzado desde una base militar, miles de campesinos se han turnado para proteger a Morales. Llevan estacas de madera y hondas, e insisten en que sus acciones son pacíficas. Evo quería que se fueran a casa, pero ellos pensaron que su presencia evitaría su arresto o asesinato, y le exigieron que viviera en Lauca Ñ, donde se encuentra Radio Kawsachun Coca (RKC).
Los pueblos indígenas, junto a los mestizos comprometidos con la democracia popular, dicen constantemente: “Atacar a Evo es atacar a los indígenas”.
Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, delegaciones de los pobres llegan de todo el país para reunirse con Evo. Discuten soluciones a la crisis de Bolivia y se transmiten las conversaciones filmadas. El gobierno ha desmantelado prácticamente todos los demás medios de comunicación de la izquierda, mientras que RKC ahora se escucha en todo el país. A menudo se transmite clandestinamente.
El 15 de junio, Radio Kawsachun Coca fue eliminada de Facebook, una de sus principales plataformas. Crearon una nueva.
Internacionalmente, en las esferas de los derechos humanos, el diálogo es el único resultado aceptable frente a la movilización popular. Cuando sea que ocurra violencia en este contexto, es responsabilidad entera y exclusiva del Estado. Arce, en franca desobediencia a la Constitución y los acuerdos internacionales, quiere convencer a la ciudadanía que los culpables de la masacre de junio son campesinos quienes hablaron por teléfono unos con otros en diferentes regiones.
La Bolivia profunda conquistó derechos ejemplares. Son internacionalistas. El gobierno de Luis Arce ha dividido a la infraestructura oficial de derechos humanos y financiado a elementos corruptos y leales al presidente. Casi no existe nadie que abogue por las masas populares aparte de los mismos campesinos indígenas en las urbes y el campo. Poca gente afuera de Bolivia parece darse cuenta de que los máximos dirigentes –elegidos por movimientos sociales que se encuentran entre los más fuertes del hemisferio– están pasando por un infierno.
Fuentes: Entrevistas de la autora, entrevistas en Radio Kawsachun Coca, y medios de comunicación El Potosí, La Razón, Los Tiempos, Agencia de Noticias Fides
