Una nueva junta directiva al frente del Centro Intercultural de Quetzaltenango (CIDEQ), revocó la imposición de 2024 de una ilegítima, este proceso le devuelve a la ciudadanía la tranquilidad de la protección de las instalaciones, de la contiuidad de los proyectos culturales que se desarrollan en su interior y una esperanza de protección a la memoria histórica. Su integración fortalece la particación de la ciudadanía quetzalteca en la Asamblea.
Por Derik Mazariegos
Después de meses de denuncias de cooptación institucional por parte de sectores empresariales, el Parque Intercultural de Quetzaltenango vivió el 2 de julio un momento clave: la revocatoria de la Junta Directiva impuesta en 2023 y la elección de una nueva asamblea extraordinaria convocada por actores públicos legítimos.
La Gobernación Departamental y la Municipalidad de Quetzaltenango, dos de los seis socios fundadores de la Asociación que administra el parque, convocaron a la asamblea.
Con el quórum de cuatro de seis socios, la asamblea extraordinaria revocó la junta directiva electa en 2023 “de forma ilegítima por empresarios, sin aval del resto de socios”, según explicó Branly López, gestor cultural.
“Lo que se buscaba era revocar la junta directiva de los empresarios… pero ahora también tenemos que ver que cumplan con la promesa de apoyar el trabajo de la memoria”, afirmó López.
Los sectores empresariales —grupo gestor y mesa económica— no asistieron a la sesión. “Eso demuestra su falta de voluntad para construir colectivamente”, señaló. Para los colectivos ciudadanos, esta revocatoria es un paso clave contra la cooptación, aunque ahora exigen que la nueva directiva cumpla su compromiso con la memoria histórica.
Para una parte de los sectores que integran la Asociación del Parque Intercultural, lo que está en juego no es solo la administración del espacio, sino su sentido profundo: si será un sitio de memoria, arte y participación ciudadana, o si continuará bajo lógicas más utilitarias o comerciales.
Esta disputa viene desde 2005, cuando se creó el parque. Diversos colectivos han señalado que sectores empresariales vinculados al Grupo Gestor, la Mesa Económica y desarrolladoras como Debursa han impulsado una visión enfocada en la administración técnica, el uso del parque para ferias, alquileres o actividades recreativas, sin promover activamente su carácter como sitio de memoria, arte, cultura, con una proyección directa a la niñez quetzalteca.
Esa trayectoria, marcada por la ausencia de programas culturales o conmemorativos sostenidos, ha sido interpretada como un escaso compromiso con la memoria histórica. Para quienes defienden el parque como un espacio de dignificación, reparación y expresión cultural, esto refuerza la necesidad de reorientar su gestión hacia sus propósitos fundacionales.
Nueva directiva
La nueva Junta Directiva del Centro Intercultural de Quetzaltenango (CIDEQ) quedó conformada por Mayra Rivera, de la Gobernación Departamental, como presidenta; Pilar Bagur, de la Mesa de Concertación de Occidente, vicepresidenta; Jorge Luis Argueta, de la Municipalidad de Quetzaltenango, tesorero; Mayra López, Gobernación Departamental, secretaria; Mildred Granados, de la Mesa de Concertación, vocal I y Manuel Roblero, de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, como vocal II.
Desde diversos colectivos que abogan por el carácter histórico y comunitario del parque, se señala que esta nueva directiva representa un avance en el esfuerzo por frenar la cooptación empresarial y retomar el rumbo original del espacio: ser un sitio de memoria, arte, cultura, espiritualidad y participación ciudadana.
Las denuncias sobre esta cooptación han sido planteadas con claridad por Donald Urizar, exvicepresidente del Centro Intercultural, quien durante años formó parte de la junta directiva. Según su testimonio, los intereses económicos detrás del conflicto están ligados a grupos empresariales vinculados a constructoras como DEBURSA, y a miembros de las familias Herrera, Morán y Mijangos, quienes, afirma, controlan buena parte del desarrollo inmobiliario en Quetzaltenango y promovieron un proyecto para transformar el parque en un enclave de inversión privada.
“El control del parque fue cooptado completamente por la alianza entre la familia Herrera, la familia Gutiérrez y sus operadores políticos”, aseguró. También denunció el uso de “tráfico de influencias”, apoyo del Ejército y “campañas de difamación” para justificar la toma del espacio y desplazar a quienes impulsaban el enfoque cultural y comunitario.
La vicepresidenta electa, Pilar Bagur, afirmó tras la elección “estamos muy satisfechas con la asamblea que se realizó. Se eligió a la Junta Directiva de la Asociación del Centro Intercultural, lo que permite su activación, su trabajo, seguir defendiendo y protegiendo el espacio como un centro intercultural, un centro de memoria, un centro que protege el medio ambiente, que también es para el deporte y para el disfrute de la población en general”.
Pilar Bagur, de la Mesa de Concertación de Occidente, quedó como vicepresidenta de la Junta Directiva del Centro Intercultural de Quetzaltenango.
“Estamos muy satisfechos con la asamblea que se realizó, se eligió a la Junta Directiva lo que permite su trabajo, seguir… pic.twitter.com/IPMLwtSF5R
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 2, 2025
Bagur también destacó la articulación entre los distintos actores institucionales y sociales: el gobierno de Bernardo Arevalo a traves de la gobernación, la municipalidad, CDAG y sociedad civil, como una señal de voluntad política para recuperar el sentido original del parque.
El Parque Intercultural de Quetzaltenango fue creado tras los Acuerdos de Paz para transformar la antigua Zona Militar 17-15, usada durante el conflicto armado como centro de detención y tortura, en un espacio de memoria, arte y vida comunitaria. Su sentido original es resignificar el pasado represivo a través del diálogo intercultural. Es un lugar para la cultura, la participación ciudadana y la reparación simbólica.
En este espacio, entre 1930 y 1933 funcionó el Ferrocarril de Los Altos. El Ferrocarril construyó su terminal en este sector debido a que planeaba otras líneas hacia Totonicapán y San Marcos. La ruta del Ferrocarril interconectó a Quetzaltenango con San Felipe Retalhuleu. Sin embargo, fue cerrado en 1933 dado que diariamente únicamente transportaba a 200 pasajeros y los ingresos no cubrían los costos operacionales.
Otro dato menos conocido es que en el interior de las instalaciones, existen al menos ocho lugares sagrados para el pueblo maya K’iche’. En este lugar, existió en épocas prehispánicas el Cerro “Chom Juyup” (Cerro Gordo), que contenía sitios ceremoniales de la cosmovisión maya, según la tradición oral.
Exigencias y prioridades
Organizaciones ciudadanas y culturales que han acompañado el proceso plantean exigencias concretas a la nueva directiva: garantizar por escrito su compromiso con el trabajo de memoria histórica, proteger el Museo de la Memoria y ampliar la asamblea para incluir a representantes de colectivos artísticos, pueblos indígenas y organizaciones sociales.
Este compromiso también responde a una creciente presión de organizaciones y organismos internacionales que han demandado la protección del parque como sitio de memoria histórica.
Entre las prioridades urgentes se encuentra la reforma de los estatutos, con el fin de ampliar la Asamblea e incluir de forma representativa a nuevos actores comunitarios. Como explicó Branly López, esta apertura debería considerar de forma específica a colectivos artísticos y autoridades ancestrales, asegurando criterios de idoneidad para su incorporación.
También se propone, como mencionó López, firmar una carta compromiso donde la directiva se comprometa formalmente a “resguardar y velar el tema de la memoria histórica” y a sostener el enfoque de justicia y participación que ha caracterizado históricamente al parque.
La lucha continúa
La jornada cerró con una fogata en el centro del parque. Fue un acto sencillo, pero profundamente simbólico. No se trató solo de celebrar una victoria formal, sino de reafirmar que la memoria no es negociable. Que los espacios públicos deben defenderse del poder económico, de la indiferencia estatal y de las burocracias funcionales al despojo.
En un contexto nacional donde los sitios de memoria son constantemente amenazados, lo ocurrido en Quetzaltenango marca una señal de alerta, pero también de esperanza. La defensa del Parque Intercultural es parte de una lucha más amplia por el derecho a la verdad, a la historia, al territorio y a la dignidad.
