El Juzgado de Mayor Riesgo “B” revocó beneficios penales a Otto Pérez Molina por el caso Cooptación del Estado, pero en lugar de endurecer su condena, lo favoreció: evitó pagar Q4 millones de reparación al Estado y mantuvo su libertad.
Por Alexander Valdéz
El Juzgado de Mayor Riesgo “B” aceptó una “revocatoria de beneficios penales” en contra del expresidente Otto Pérez Molina, quien en 2023 aceptó su responsabilidad en el caso Cooptación del Estado. Sin embargo, la decisión judicial, lejos de endurecer su condena, terminó favoreciéndolo al permitirle evadir el pago de una reparación digna al Estado de Guatemala (Q4 millones) y mantener su libertad.
Pérez Molina, condenado inicialmente por fraude y cohecho pasivo, recibió un aumento simbólico de un año de prisión, elevando su pena total a nueve años. No obstante, esta condena sigue siendo conmutable mediante el pago de Q25 diarios, tal como lo establece la legislación.
El Ministerio Público había solicitado la revocatoria argumentando que el expresidente incumplió con las condiciones impuestas, entre ellas la reparación económica al Estado. Sin embargo, el juzgado optó por no modificar sustancialmente su situación, y únicamente se le aumentó la pena de prisión que podrá evadir al pagar la conmuta.
“Yo creo que es lo justo, es decir, el MP pidió la revocatoria parcial. Tal y como lo dijo el señor juez, yo no pude hacer el pago de la reparación digna de los delitos que me correspondía. Es sencillamente porque todo está embargado, tengo hasta mi sueldo embargado por casi 10 años, en una cuenta donde está el sueldo que yo recibía como presidente de la República”, indicó Pérez al salir de la audiencia.
“En el procedimiento especial de aceptación de cargos hay algunas lagunas que, creo yo, los legisladores no lograron hacer el análisis en su totalidad”, dijo Rafael Curruchiche quien hizo la petición al juez.
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Dos condenas
En 2023, la jueza de mayor riesgo “B”, Eva Recinos, llevó a cabo una audiencia de aceptación de cargos en la que el expresidente reconoció haber cometido los delitos de fraude y cohecho pasivo, por los eventos de corrupción denominados Cooptación del Estado, Coperacha y TCQ. Esa condena se suma a la del caso La Línea donde se le impusieron 16 años de cárcel.
Fueron al menos Q900 millones en sobornos los que se determinó que recibieron funcionarios del desaparecido Partido Patriota. En la diligencia, el exmandatario admitió la comisión de esos delitos. “Acepto mi responsabilidad en esos hechos”, enfatizó a la jueza y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) el expresidente Molina.
Por aparte, la jueza Recinos estableció que se cumplió con los requisitos que establece la Ley de Aceptación de Cargos y por esa razón tramitó la petición del expresidente y lo condenó a ocho años de cárcel conmutables y una multa de más de Q10 millones
“Por los delitos de cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero. El acusado, el señor Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable de esos delitos…”, dijo la jueza Recinos al dictar la sentencia. La pena impuesta por cada delito fue reducida a la mitad.
La fiscalía había pedido una condena de 22 años de cárcel, sin embargo, por tratarse de un beneficio por admitir la culpa, esta no fue tomada en cuenta. La pena impuesta consistió en tres años y seis meses por lavado de dinero, dosaños y seis meses por cohecho pasivo y dos años por fraude.
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Una estructura que se benefició con más de Q900 millones
En el año 2016, la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecieron que la organización integrada por altos exfuncionarios del PP y empresarios pudo beneficiarse con aproximadamente Q900 millones en sobornos.
Entre las evidencias de la CICIG y la FECI hay declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías (Roxana). Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.
Este proceso fue develado casi un año después de La Línea y fue considerado uno de los más grandes hallazgos de corrupción estatal, porque alcanzó a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares.
