La Corte de Constitucionalidad avala por mayoría el cambio de tribunal ordenado por la Sala de Mayor Riesgo en el caso contra el militar acusado de delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada. La decisión anula lo actuado en un juicio que llevaba meses y retrasa nuevamente el proceso.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron, por mayoría, la apelación interpuesta contra la decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo. Esta sala, días antes de dictarse sentencia en el caso Genocidio Ixil, en contra del militar retirado Benedicto Lucas García separó al Tribunal de Mayor Riesgo “A” y designó a otro tribunal (Tribunal de Mayor Riesgo “B”) para conocer el debate, anulando así todo lo actuado en el juicio.
La resolución constitucional mantiene la decisión adoptada tras la recusación planteada por las defensoras públicas Carmen Peralta y Teresa Martínez (IDPP), motivada por una declaración del juez presidente Gervi Sical durante una audiencia del 9 de agosto de 2024. El principal beneficiado es Lucas García acusado de dirigir operaciones de exterminio contra población indígena durante el conflicto armado (1960-1996), cuyo caso queda nuevamente en suspenso tras la anulación indirecta de un juicio que llevaba meses avanzando (99 audiencias) y únicamente faltaba la sentencia.
Este fallo fue avalado por la magistrada presidenta Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Walter Jiménez y Luis Rosales. El único que estuvo en contra fue el magistrado suplente Rony López, quien emitió un voto razonado disidente.
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Juicio deberá reiniciarse
Fue el 28 de noviembre de 2024 cuando los magistrados Miriam Regina Brolo, Marco Tulio Pérez Lemus y Jorge Emilio Morales Quezada dieron la razón al general Lucas García, quien está siendo juzgado por genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada.
Los magistrados aceptaron la recusación en contra del Tribunal de Mayor Riesgo “A” que había realizado 99 audiencias en este juicio y cuyos integrantes fueron señalados de parcialidad por la defensa del militar acusado.
Por su lado, la fiscalía y los querellantes, que representan a las familias de las víctimas, denunciaron que eso fue parte de una estrategia para proteger al militar y garantizar impunidad en un caso que ha llevado años y estaba por concluir.
El día que se conoció la decisión de la Sala, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), dijo que enfrentan un clima de regresión dentro del sistema de justicia, “con el cambio de las cortes, nos encontramos nuevamente con tribunales que están resolviendo muy por fuera de los estándares de los derechos humanos”, señaló.
Si bien el proceso penal sigue activo, esa decisión implica que el Tribunal de Mayor Riesgo “B” debe empezar desde cero cada una de las audiencias realizadas por el tribunal anterior.
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Graves delitos
La Fiscalía de Derechos Humanos solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo una pena acumulativa de 2,860 años de prisión contra el general retirado Benedicto Lucas García (92 años), por su responsabilidad en crímenes cometidos durante el conflicto armado interno cuando era jefe del Estado Mayor del Ejército (1981-1982).
La exfiscal Mercedes Morales Santos desglosó la petición: 30 años por deberes contra la humanidad, 30 por genocidio y 40 años por cada una de las 70 desapariciones forzadas documentadas. Aunque la legislación de la época limitaba las condenas a 40 años, la cifra simbólica buscaba reflejar la magnitud de los delitos.
Según la investigación, como tercero al mando, tras su hermano, el expresidente Romeo Lucas García, y el ministro de Defensa, el acusado diseñó y supervisó la estrategia militar que afectó principalmente al pueblo Ixil. Según las acusaciones:
• Reorientó las operaciones mediante la creación de Fuerzas de Tarea móviles
• Recibió informes en tiempo real de los operativos
• Pudo detener con una orden la violencia sistemática, pero no lo hizo
• Fortaleció y coordinó personalmente la maquinaria militar contrainsurgente
“Con una sola orden verbal o escrita, la destrucción del pueblo maya Ixil hubiera cesado”, declaró Morales Santos durante el juicio, subrayando que los crímenes continuaron pese al conocimiento pleno que tenía Lucas García de los hechos.
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