Con este amparo buscan que se repita una audiencia del 5 de julio de 2024, en la que el abogado Moisés Galindo planteó una acción para que el caso fuera trasladado a juzgados ordinarios y no a los del sistema de mayor riesgo.
Por Simón Antonio Ramón
En la vista pública de este jueves 8 de mayo, abogados de víctimas del caso Creompaz, pidieron a los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo otorgar el amparo en contra de la decisión de la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, emitido el 5 de julio de 2024.
Ese día, el juzgado programó una audiencia para conocer tres acciones de la defensa de los militares acusados en este caso, entre estas la libertad condicional de algunos sindicados con un dispositivo de control telemático. Pero al inicio de la audiencia el abogado Moisés Galindo planteó que el caso se debía conocer en un juzgado ordinario y no en uno Mayor Riesgo.
“Cuando le dan la palabra al abogado Moisés Galindo, que representa al acusado Carlos Augusto Garavito Morán (coronel), empieza a hablar por un tema de competencia. En ese momento la jueza le pide que reconduzca su argumento o que sea concreto en su petición”, dijo Héctor Archila, abogado de la Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas del Enfrentamiento Armado de Alta Verapaz (CODEVI), quien se opuso a la petición de Galindo por considerar que incumple con los requisitos legales.
Ante la situación, la jueza fijó cinco días para que los otros abogados defensores y abogados de las víctimas se pronunciaran sobre la solicitud de Galindo.
La acción en mención es la razón del amparo por la que este jueves pidieron a los magistrados que ordenen a la jueza Claudette Domínguez realizar nuevamente la audiencia sin la petición de Galindo.
El abogado Héctor Reyes señaló que el reclamo del abogado Moisés Galindo no tiene sentido, ya que han pasado nueve años del caso y hasta ahora hace el planteamiento. “No le asiste la razón. ¿Cuántos años hemos llevado del caso y en ningún momento habían hecho un planeamiento en este sentido?”, dijo.
En este proceso, que se inició en 2016, se juzga a ocho militares de alto rango por delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad, luego que en 2012, en el Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz), ubicado en la antigua Zona Militar No. 21, de Cobán, Alta Verapaz, se encontrara un cementerio clandestino con 588 osamentas.
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Un caso enredado
La petición de Galindo y la del abogado Archila fueron rechazadas, lo que generó que ambos presentaran acciones ante la Corte de Apelaciones.
La acción que promovió Galindo fue resuelta el 5 de noviembre de 2024 por la Sala Segunda de Apelaciones, y la misma anuló todo el procedimiento y ordenó la libertad de los militares en cinco horas, por lo que se apeló ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
El segundo amparo fue presentado por las víctimas, y como parte de su trámite se realizó la vista pública de este jueves 8 de mayo.
La vista pública fue conocida por los magistrados suplentes Benjamín López Maldonado, Carlos Antonio Escoto Martínez y Cristian Salazar Castillo; esto luego que fueran recusados los magistrados titulares.
El caso ahora está detenido por acciones legales en la CC y en la Sala Segunda de Apelaciones, las resoluciones que salgan de estos amparos definirán si se cambia de juzgado y se anula el proceso o continua y los militares enfrentan juicio por este caso.
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