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Créditos: Simón Antonio Ramón (1)
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Los abogados de las víctimas y sobrevivientes señalan en la apelación ante la Corte de Constitucionalidad que los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio se extralimitaron en sus funciones y se desobedecen resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al anular el proceso y pedir la libertad de los militares.

Por Simón Antonio Ramón

Abogados de las víctimas y sobrevivientes del proceso penal donde se juzgan a militares por la desaparición forzada de 565 personas en el Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), presentaron una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) tras la decisión de la Sala Segunda de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio de anular todo el proceso penal de este caso, este martes 5 de noviembre.

“Emitieron una resolución de amparo que va más allá de las funcionales que ellos como magistrados deben hacer”, señaló el abogado Héctor Reyes, director del Centro de Acción Legal para Derechos Humanos (CALDH).

“Estamos viendo una desobediencia a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha prohibido que se castigue a las víctimas y sobrevivientes solamente para favorecer la impunidad o por atender formalismos simples en este tipo de casos como CREOMPAZ”, señaló el abogado.

A partir de la apelación presentada, la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, no puede ejecutar la liberación de los militares acusados en este caso hasta que la CC se pronuncie, señaló el abogado Santiago Choc, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos.

“Esperamos que la Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal, que interpreta la Constitución y los convenios internacionales y restaure los derechos que estamos alegando y que ordene a la Sala a que revoque esa sentencia por violentar derechos y garantías fundamentales de los querellantes, las víctimas y los sobrevivientes”, señaló el abogado.

La Sala otorgó un amparo solicitado a César Augusto Garavito, en el que alegó que el juzgado de Mayor Riesgo A no tenía competencia para conocer el proceso penal. La resolución también beneficia a Manuel Benedicto Lucas, que enfrenta juicio oral y publico por los delitos de genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad ocurridos entre 1981 y 1982 en la región Ixil, en Quiché.

También beneficia a los militares, Edgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar; otro de los militares beneficiados es Edgar Ovalle, prófugo de la justicia desde 2017 y fundador del partido FCN Nación que llevó a Jimmy Morales a la presidencia.

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