Mujeres indígenas y organizaciones denuncian criminalización sistemática y uso “autoritario del derecho”

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Créditos: Cortesía
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Organizaciones de mujeres, mujeres indígenas y diversos sectores sociales, agrupados en la Asamblea Permanente, pidieron a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU, pronunciarse sobre las denuncias realizadas desde la sociedad civil para que deje de utilizarse la justicia como arma contra los pueblos guatemalteco y que se detenga la criminalización sistemática de líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala. 

Por Prensa Comunitaria

Organizaciones de mujeres, mujeres indígenas, defensoras de derechos humanos, juventudes, pueblos indígenas y otros sectores sociales, agrupadas en la Asamblea Permanente, entregaron este jueves 23 de mayo un comunicado a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, en el contexto de su visita oficial a Guatemala. En el documento denuncian la creciente criminalización de liderazgos sociales y el uso autoritario del sistema de justicia en el país.

Previo a la entrega, las organizaciones realizaron una conferencia de prensa en el Parque Central, donde expusieron públicamente el contenido del comunicado. En él, condenaron la detención arbitraria y la persecución penal contra los exdirigentes de los 48 Cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán; el abogado Eduardo Masaya, del Movimiento Semilla; y el periodista Jose Rubén Zamora, como ejemplos emblemáticos de la criminalización.

“El Ministerio Público y jueces del Organismo Judicial, con el aval de la Corte de Constitucionalidad, han recurrido al uso punitivo del derecho como herramienta de represión política, violando garantías básicas como el debido proceso”, señalaron.

En su comunicado, las organizaciones firmantes demandaron que se ponga fin a la utilización del sistema de justicia como mecanismo de castigo político y solicitaron a la relatora que emita un pronunciamiento firme frente a estos hechos.

“Estas acciones no solo violentan derechos fundamentales, sino que representan una amenaza directa a la movilización, la organización social, la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos guatemaltecos”, afirmaron.

Asimismo, exigieron a los jueces responsables de los procesos penales “espurios” que garanticen el debido proceso sin coerción, tortura o uso excesivo de la fuerza pública, y que liberen a quienes han sido detenidos injustamente.

La relatora de la ONU presenta sus conclusiones

La visita de Margaret Satterthwaite culminó este viernes 23 de mayo, después de 11 días en el país, con la presentación de sus conclusiones preliminares. Durante su estadía sostuvo reuniones con autoridades del Estado, incluyendo al presidente Bernardo Arévalo, así como con organizaciones sociales, periodistas y operadores de justicia.

En sus declaraciones, expresó preocupación por el uso del sistema de justicia para criminalizar a personas que luchan contra la impunidad y la corrupción. También instó al Ministerio Público a cesar estas prácticas y enfatizó la necesidad urgente de garantizar la independencia judicial en Guatemala, especialmente de cara al proceso electoral de 2026, cuando se renovarán los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la fiscalía general.

Satterthwaite también advirtió que los casos de criminalización suelen estar concentrados en un grupo reducido de jueces y fiscales, lo que profundiza la selectividad en la persecución penal.

Finalmente, recomendó una reforma profunda del sistema de comisiones de postulación, actualmente señalado por su falta de transparencia y politización.

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