La Corte de Constitucionalidad (CC) eximió a Anahy Keller, exsubdirectora de la SBS, de seguir asistiendo al juicio por el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El fallo respaldó el cierre del caso a su favor, pese a que la jueza del caso aún lo consideraba provisional.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) falló a favor de Anahy Keller, exsubdirectora de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), quien había sido vinculada al caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Aunque Keller asistía a las audiencias del juicio contra otros implicados, un fallo judicial había cerrado la investigación en su contra, por lo que ya no figura como procesada.
No obstante, la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia ordenó que continuara presentándose al debate mientras el sobreseimiento a su favor no estuviera firme. Ante esto, Keller interpuso una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad, la cual acogió su solicitud y suspendió la decisión de la jueza.
Keller argumentó que la magistrada no consideró que la Sala Cuarta de Apelaciones ya había confirmado su sobreseimiento. “Debió analizar que, según la doctrina, el sobreseimiento tiene carácter definitivo: archiva la causa penal, adquiere autoridad de cosa juzgada y cierra irrevocablemente el proceso”, sostuvo.
Tras evaluar el reclamo, la Corte de Constitucionalidad le dio la razón de manera provisional. En consecuencia, resolvió que no está obligada a seguir asistiendo a las audiencias del juicio contra los demás acusados, las cuales, cabe destacar, se encuentran en su fase final (conclusiones).
“Con lugar el recurso de apelación interpuesto por Anahy Keller Zabala –postulante–. III. Revoca el numeral II de la resolución apelada y, resolviendo conforme a Derecho, otorga el amparo provisional solicitado, precisando como efecto positivo de tal protección que se deja en suspenso temporalmente el acto reclamado, mientras dure la tramitación del presente amparo”, resolvió la CC.
El fallo fue firmado por Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Nester Vásquez, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Luis Rosales.
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En impunidad
La magnitud de la tragedia y la complejidad del caso judicial mantienen viva la demanda de justicia por las víctimas y sus familias, en un proceso que ha puesto en evidencia las fallas del sistema de protección a la niñez y la lentitud del sistema de justicia de nuestro país.
El 8 de marzo de 2017 sigue vigente uno de los hechos más trágicos en la historia reciente: un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que cobró la vida de 41 niñas y dejó a otras 15 con graves quemaduras. A más de siete años de la tragedia, el proceso judicial sigue su curso, con un tercer grupo de acusados pendientes de determinar si enfrentarán juicio.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que las menores fallecieron al quedar atrapadas en un aula que permanecía cerrada bajo llave, sin posibilidad de escapar de las llamas. Según la fiscalía, el incendio habría sido provocado por una de las residentes, quien prendió fuego a una colchoneta como forma de protesta ante las condiciones de encierro a las que estaban sometidas.
El juicio, que se ha desarrollado durante los últimos meses, cuenta con un expediente de más de 15 mil folios. La Fiscalía ha presentado cerca de 800 documentos como evidencia y ha presentado el testimonio de 44 peritos y 84 testigos ante el Tribunal Séptimo de Sentencia.
Entre los principales acusados en las primeras fases del proceso se encuentran Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller Zabala, exsubsecretaria de Protección (recientemente sobreseída); y Santos Torres Ramírez, exdirector de la institución. Completan la lista funcionarios de la PDH, PGN y PNC vinculados al caso.
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