De cuatro a 299 años de cárcel podrían recibir los acusados y acusadas en el juicio por el Hogar “Seguro”, por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas. Las sentencias fueron solicitadas por el Ministerio Público y las abogadas de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), en la audiencia realizada el 22 de mayo.
Por Jasmin López
La Fiscalía Contra el Delito de Femicidio finalizó el jueves 22 de mayo la presentación de sus conclusiones en el caso Hogar “Seguro” con un listado de peticiones al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
Entre estas peticiones están: qué se les de valor probatorio a las investigaciones de las y los expertos que desenredaron la madeja de los acontecimientos ocurridos antes, durante y después del incendio del 8 de marzo del 2017 y que se crea en la palabra de las cinco jóvenes que estuvieron allí y sobrevivieron para decir la verdad.
Solicitaron que, con base en los medios de prueba periciales, documentales y testimoniales que, a lo largo de un año fueron exhibidos, leídos y escuchados en el juzgado, se declare a los siete exfuncionarios y exfuncionarias penalmente responsables y se emita una sentencia condenatoria por los crímenes cometidos hace siete años.
Dos años de prisión por el delito de maltrato contra personas menores de edad por cada una de las 56 víctimas -41 fallecidas y 15 lesionadas- es lo que pidió la Fiscalía, la pena mínima por este cargo, más lo que se suma por otros delitos.
Mientras, las abogadas de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), quienes también representan a las niñas y a sus familias, solicitaron la condena más alta, de cinco años por cada cargo. Por lo que cada acusada y acusado recibiría:
Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia (SBS): de 131 a 299 años de cárcel.
Por maltrato contra personas menores de edad: 112 años como pena mínima, 280 como máxima.
Por incumplimiento de deberes: 4 años como pena intermedia.
Por abuso de autoridad con el agravante de menosprecio al ofendido: 5 años como pena intermedia.
Por homicidio culposo con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever: 8 años inconmutables como pena máxima.
Por lesiones culposas con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever: 2 años como pena máxima.
Santos Torres Ramírez, ex director del Hogar Seguro: de 131 a 299 años de cárcel.
Por maltrato contra personas menores de edad: 112 años como pena mínima, 280 como máxima.
Por incumplimiento de deberes: 4 años como pena intermedia.
Por abuso de autoridad con el agravante de menosprecio al ofendido: 5 años como pena intermedia.
Por homicidio culposo con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever: 8 años inconmutables como pena máxima.
Por lesiones culposas con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever:2 años como pena máxima.
Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores: 126 a 294 años de cárcel.
Por maltrato contra personas menores de edad: 112 años como pena mínima, 280 como máxima.
Por incumplimiento de deberes: 4 años como pena intermedia.
Por homicidio culposo con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever: 8 años inconmutables como pena máxima.
Por lesiones culposas con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever:2 años como pena máxima.
Brenda Chamán Pacay, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el maltrato en todas sus formas: 126 a 294 años de cárcel.
Por maltrato contra personas menores de edad: 112 años como pena mínima, 280 como máxima.
Por incumplimiento de deberes: 4 años como pena intermedia.
Por homicidio culposo con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever: 8 años inconmutables como pena máxima.
Por lesiones culposas con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever:2 años como pena máxima.
Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13: 117 a 285 años de cárcel.
Por maltrato contra personas menores de edad: 112 años como pena mínima, 280 como máxima.
Por abuso de autoridad con el agravante de menosprecio al ofendido: 5 años como pena intermedia.
Lucinda Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la Comisaría 11: 122 a 290 años de cárcel.
Por maltrato contra personas menores de edad: 112 años como pena mínima, 280 como máxima.
Por homicidio culposo con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever: 8 años inconmutables como pena máxima.
Por lesiones culposas con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever:2 años como pena máxima.
Gloria Patricia Castro, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH): 4 años de cárcel.
Por incumplimiento de deberes: 4 años como pena intermedia.
El argumento
La crueldad a la que la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades a cargo del Hogar “Seguro” sometieron a las infancias ameritan sentencias tan altas, argumentaron los y las querellantes.
Golpes, insultos, choques eléctricos, agresiones con gas pimienta y hacinamiento son algunos de los maltratos que las evidencias pudieron demostrar en el juicio. Las niñas, además, permanecieron por varias horas a la fría intemperie la noche del 7 de marzo del 2017, sin abrigo, sin comer, y sin poder ir al baño en las que varios medios de comunicación las expusieron en televisión a pesar de ser todas ellas menores de edad.
Un trato similar se les proporcionó el resto de la madrugada del 8 de marzo, tiempo durante el cual la policía las mantuvo encerradas bajo llave sin permitirles ir al baño, por lo que muchas de ellas tuvieron que hacer sus necesidades en esa misma aula, tras una “casita” hecha con colchonetas, como la describió el fiscal Edgar Gómez. Restos de heces fecales encontradas en una esquina confirmaron este relato.
Todos estos abusos se perpetraron en presencia de los acusadas y acusados, quienes acudieron al Hogar “en función del puesto que desempeñaban”, señaló Gómez en la audiencia del 15 de mayo. Y sin embargo, ninguno de ellos intervino para proteger a las y los menores de edad.
Jenny López, de MTM, pidió que se tome en cuenta el trato desigual que se les dio a las niñas por su edad, por provenir de entornos vulnerables, y por su género. Según los relatos, a los hombres, aunque formaban un grupo más pequeño, se les ubicó en un espacio mucho más grande. Mientras, las 56 niñas fueron encerradas en una aula pequeña lo que muestra la violencia y la intención de castigo se dirigió contra las adolescentes. “Eran menores de edad sin posibilidad de poder defenderse”, agregó López.
