Por Leonor Hurtado Paz y Paz
Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas y ex presidente de la junta directiva de la Alcaldía Indígena de Los 48 Cantones de Totonicapán, y Héctor Chaclán, ex tesorero de la misma organización; fueron capturados hace un mes por la fiscalía contra el crimen organizado del Ministerio Público, acusados de terrorismo y asociación ilícita. Hasta el momento este caso está bajo reserva y no se han podido realizar gestiones legales para defender a los dos ciudadanos inocentes.
Numerosas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, las autoridades de Pueblos Indígenas y diputados oficialistas han criticado el hecho, indicando que es injusta la criminalización de los Pueblos Indígenas. No es legal reprimir las protestas pacíficas y menos aún tener en prisión a quienes buscaron defender los resultados electorales, amenazados por la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios del Ministerio Público. El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo, expresó: “las poderosas fuerzas de crimen y corrupción en Guatemala siguen atacando las fuerzas democráticas en la sociedad y en el gobierno, esta vez criminalizando a los pueblos indígenas por la decidida defensa de la democracia en 2023, siempre tratando de debilitar al poder ejecutivo”.
La captura responde a una denuncia hecha por la Fundación contra el Terrorismo, grupo de ultraderecha, por el bloqueo que los Pueblos Indígenas realizaron durante 106, de octubre 2023 a enero 2024, para defender su voto electoral. Esta fue una manifestación pacífica en la que participaron miles de ciudadanos de todo el país y que garantizó la toma del mando nacional por el binomio popularmente electo.
“La detención de líderes indígenas bajo acusaciones de terrorismo debido a su participación en protestas pacíficas constituye un grave ataque contra quienes defienden principios democráticos y el Estado de derecho de Guatemala”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch,, “las autoridades deben garantizar el respeto al debido proceso, retirar estos cargos abusivos y liberar a Pacheco y Chaclán”. Así mismo afirmó que, “la fiscal general Porras, quien lideró los esfuerzos para impedir ilegalmente que el presidente Arévalo asumiera el cargo, ahora arremete contra su gobierno y contra los líderes indígenas que defendieron el derecho al voto de los guatemaltecos”.
Antes de su injusta captura, Pacheco participó como ponente en el tema de manifestaciones pacíficas y diálogos con pueblos en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y en el vigesimosegundo foro permanente de cuestiones indígenas, en la sede de la ONU en Nueva York, como representante de Guatemala. El Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM tiene a su cargo los procesos de diálogo y consulta a pueblos indígenas en temas de minería e hidroeléctricas, procesos actualmente entorpecidos con la presente reclusión.
Esta situación representa una crisis del Estado, la cual repercute en los Pueblos Indígenas y en el país en su conjunto, afectando globalmente la vida y la participación ciudadana. En un Conversatorio realizado hoy en la Alcaldía Indígena de Totonicapán, señalaron que “los Pueblos Indígenas defienden la democracia viva, la que se ejerce en las comunidades. Y es esa democracia la que no comprenden los funcionarios que reprimen a los Pueblos Indígenas”.
