Por Miguel Ángel Sandoval
La verdad de las cosas es que no se puede dejar de ver que la captura de Luis Pacheco y otros líderes de los 48 cantones, es un profundo error político por parte de los que toman las decisiones en Gerona. Es analizar imposible el caso con anteojos jurídicos o legales pues no llegan a ninguno de estos requisitos. No hay nada que pueda justificar la agresión a los pueblos indígenas pues de manera automática Pacheco se transformó en el símbolo de la resistencia indígena. Y al mismo tiempo, se convirtió en un ataque directo al gobierno de Bernardo Arévalo, pues Pacheco funge como viceministro de su gobierno.
De acuerdo con información recabada, es un caso montado por la fundaterror y por ello parecería una soberana tontería plantear la detención de toda la junta directiva de los 48 cantones por haberse movilizado en 2023 en defensa de los resultados electorales que, con una diferencia de más de un millón de votos sobre la segunda opción, le dio el triunfo a Bernardo Arévalo y su partido semilla.
Pero junto con la idea proclamada por el pacto de corruptos, que en 2023 los pueblos indígenas habían cometido algunos delitos y por ello las órdenes de captura ejecutadas este martes de abril, se evidencia el nivel de racismo estructural en dirección a los pueblos originarios. No hay otra lectura posible. Quienes sabemos los usos y costumbres de muchas de las autoridades de nuestro país, sabemos que los pueblos indígenas históricamente fueron ciudadanos de segunda o tercera categoría, y por tanto, objeto de todos los agravios posibles. Hay demasiada documentación al respecto para pretendiente que ahora se trata únicamente de cumplir la ley y que nadie está por encima de ella. Ese es discurso para bobos.
Es solo con la firma del AIDPI y con las jornadas de lucha y resistencia que tiene desde entonces que el rostro indígena de nuestro país se abre paso de múltiples maneras. Una de ellas fue precisamente el levantamiento pacífico de 2023, en defensa de la democracia amenazada por los golpistas ocultos o semiocultos en muchas instituciones de gobierno y en general del estado guatemalteco. En esa dirección, apenas este 31 de marzo, en ocasión de conmemorar el 30 aniversario de la firma del AIDPI, y con presencia de las más altas autoridades de gobierno, el Patio de la Paz del Palacio Nacional, se vistió de pueblos indígenas para plantear que dicho acuerdo es la agenda de los pueblos en los días que corren.
Si en 2023 hubo un levantamiento en defensa de la democracia, para defender el resultado de las urnas en el proceso electoral, en la actualidad se estaría incubando una insurrección de los pueblos, en contra de la represión, la impunidad y el racismo hacia los pueblos indígenas, la cual estaría conquistada en el MP y en otros segmentos del organismo judicial, así como en círculos políticos y empresariales del país. En una palabra, se trata de un momento de lucha por el respeto de sus derechos políticos sistemáticamente amenazados. Es algo conocido universalmente: si se acosa a un tigre con vara corta, los resultados son de pronóstico reservado.
No es casual que la detención de Pacheco, a las 6 am diera lugar a asambleas en lugares como Totonicapán o Sololá, así como en otros lugares del país en menos de unas pocas horas. O que el presidente Arévalo actuara con firmeza ante la agresión de uno de sus más importantes aliados. Otros sectores sociales reaccionaron con mucha indignación y ello nos sitúan ante la inminencia de una movilización nacional por los derechos de los pueblos indígenas y por la democracia de una forma aún más comprometida que aquella poselectoral en octubre de 2023.
Si recordamos, en esa ocasión los pueblos indígenas salieron en defensa de la democracia, por el respeto del voto popular, mientras que ahora inician esa movilización por una agresión directa a sus más emblemáticos grupos que integran lo más visible de los pueblos indígenas como son los 48 Cantones de Totonicapán o la alcaldía de Sololá, organizaciones ancestrales en estricto sentido, Por ello la movilización que apenas se inicia y que nos coloca ante un evento de alcance histórico y de mucha profundidad.
En honor a la verdad, los pueblos indígenas tienen todo el derecho constitucional para oponerse a medidas abiertamente ilegales como es la captura y la criminalización de la junta directiva completa de los 48 cantones o la amenaza nada velada a la alcaldía indígena de Sololá, que incluye la peregrina idea de quitar el antejuicio al actual gobernador de ese departamento, que en 2023 formó parte del liderazgo del levantamiento indígena de octubre de ese año, en defensa de la democracia y los resultados electorales.
Además, a los pueblos indígenas les asiste el derecho constitucional de todo ciudadano, para oponerse a medidas ilegales y abiertamente inconstitucionales que se expresan textualmente en el artículo 45 constitucional. Y hoy defensor la constitución pasa por el ejercicio democrático, de invocar el artículo 45 de nuestra carta magna para oponerse a la parodia de justicia que padecemos en nuestro país, y para defender los derechos universalmente reconocidos.
Este 23 de abril inicio otra jornada con ribetes que desconocíamos en nuestro país, pero que ahora deben formar parte de nuestra cotidianidad. Es deber de los demócratas apoyar esta nueva expresión de lucha de los pueblos originarios.
