El juez “A” del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, Alberto Calmo Ramírez, fue sancionado con 15 días de suspensión sin goce de salario por cometer una “falta grave” al asistir a realizar audiencias de casos que no le correspondían por estar de vacaciones.
Por Alexander Valdéz
La Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ) sancionó al juez “A” del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, Alberto Calmo Ramírez, por considerar que cometió una “falta grave” al haber asistido a su despacho para realizar audiencias en casos que no le correspondía conocer por estar en su periodo vacacional, y para las cuales se había designado a otro juzgador.
Al juez Calmo se le conoce por haber conocido distintos procesos de criminalización dirigidos contra autoridades indígenas y dirigentes comunitarios en el norte de Huehuetenango, principalmente por su oposición a las hidroeléctricas: Hidro Santa Cruz en Santa Cruz Barillas, Hidro San Luis en Santa Eulalia y Energía y Renovación, S.A. en San Mateo Ixtatán.
La sanción impuesta contra el juzgador consiste en la suspensión de 15 días calendario, sin goce de salario.
#URGENTE 📢 Juez otorga medidas sustitutivas a dirigente comunitario de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango y ordena su inmediata libertad
Domingo Francisco Simón Simón quedó ligado por el delito de intento de asesinato en grado tentativa, pero gozará de medidas sustitutivas.… pic.twitter.com/GARX8dmhtV
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 11, 2024
La denuncia fue presentada por su colega, el juez “B”, Oswald Romeo Martínez Palacios, quien señaló que Calmo Ramírez realizó tres audiencias, el 3 de noviembre de 2023, sin estar habilitado para cubrir su juzgado. “Generando con su actuar desconfianza y duda sobre la legitimidad de sus acciones, ya que él se encontraba en ese momento en periodo vacacional”, indicó el denunciante.
En su defensa, el juez sancionado señala que se vulnera el debido proceso al resolver que cometió una “falta grave”, asegura que sí estaba facultado para conocer un proceso que le había sido designado con antelación. “La resolución apelada vulnera el debido proceso porque es infundada la afirmación que realiza la Junta de Disciplina Judicial en cuanto a señalar que supuestamente incurrí en una supuesta falta grave por haber ejercido la facultad constitucional de administrar justicia en los 3 procesos antes individualizados y cuya facultad me confiere el artículo 203 constitucional, procesos judiciales que me fueron asignados con antelación a mi periodo vacacional”, justificó.
“Con lugar el señalamiento realizado por la Supervisión General de Tribunales, toda vez que fue claramente despejado que no estaba en ningún momento habilitado el señor juez, para haber acudido y celebrado esas audiencias, en virtud que efectivamente se encontraba en período vacacional en ese momento: asimismo esta Junta (sic) Disciplina Judicial, advierte que tal y como se evidenció en audiencia, existía juez delegado y encomendado por el Organismo Judicial para cubrir las audiencias durante el período vacacional del señor juez denunciado”, indica el motivo de la sanción.
Casos que ha conocido
Han sido distintos procesos los que han sido conocidos por el juez sancionado. En algunos ha resuelto a favor o en contra de autoridades indígenas que se han opuesto a operaciones de hidroeléctricas y que, a criterio de los comunitarios, ponen en peligro sus recursos naturales.
Entre los casos más reciente está el del dirigente comunitario Domingo Francisco Simón Simón, a quien procesó penalmente por el delito de intento de asesinato en grado tentativa. Simón Simón fue acusado por un operador de la empresa de hidroeléctricas en la región de Yichk’isis, por un caso que se remonta a junio de 2016.
También conoció el caso contra Tomás Domingo Mateo, defensor del territorio de la aldea Pojom, San Mateo Ixtatán, detenido desde el pasado 15 de abril del 2024, en la ciudad de Huehuetenango, por una denuncia en su contra por los delitos de conspiración y violación, interpuesta por un operador de la empresa Energía y Renovación S.A.
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El mismo juez envió a juicio al defensor del agua y territorio, Julio Gómez Lucas, por los delitos de instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas, supuestamente por haber participado en una manifestación pacífica que se organizó en Yichk’isis el 13 de noviembre de 2017, en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, en la que habrían agredido a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y resultara dañada una radiopatrulla. La población protestaba en contra de la instalación de dos hidroeléctricas en la región.
Luego de conocer la decisión del juez, el defensor del agua y autoridad ancestral señaló que en el proceso ha habido discriminación hacia él, por defender el agua y la vida. Además dijo que con las pruebas de su defensa se demostró que es inocente.
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