El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó el amparo que solicitó Marco Livio Díaz para él y sus familiares. En diciembre de 2024, la FECI allanó las oficinas de una empresa de familiares del superintendente.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió negar la protección provisional que solicitó Marco Livio Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en diciembre de 2024, ante la amenaza de ser detenido por un caso que investiga la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Esta acción legal fue conocida previamente por la Corte de Constitucionalidad (CC) que luego la envió a la CSJ. Fue el pleno del pasado miércoles en el que fue analizada la petición del superintendente y se decidió no otorgar el amparo provisional, aunque la acción legal seguirá su curso hasta que se dicte un fallo definitivo.
Por ahora, la resolución implica que la FECI pueda continuar con la investigación que realiza y por la que llevó a cabo allanamientos en oficinas de familiares de Livio Díaz, un caso que se presentó luego de que él denunciara a una red conocida como B410 que habría defraudado al Estado al evadir el pago de impuestos.
En el amparo del funcionario de la SAT, hizo ver que la FECI inició una investigación en su contra a partir de haber expuesto en dicho caso de defraudación tributaria, en el que él fue denunciante, y que el Ministerio Público (MP) no ha accionado contra las empresas implicadas en ese expediente.
🇬🇹 #SATEsEstado
El Superintendente de Administración Tributaria, Lic. Marco Livio Díaz Reyes informa sobre Amparo presentado ⬇️ pic.twitter.com/VVlOMMAb6U
— SAT Guatemala (@SATGT) December 5, 2024
Además, el amparo buscaba que protegiera a su núcleo familiar; Herman Darío Díaz Reyes, Julio Cesar Díaz Reyes, Dora Consuelo Melani Díaz Reyes, Oscar Danilo Díaz Reyes, Silvia Lorena Márquez Santizo de Díaz, Pablo Danilo Díaz Márquez, Alitza Lucía Díaz Márquez y Diana Paola Díaz Márquez.
Acá otra nota que puede leer:
FECI allanó empresas de familiares
En 5 de diciembre del año pasado, Rafael Curruchiche y sus fiscales allanaron una empresa de familiares del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes. El operativo se desarrolló en la zona 15 capitalina, un día después de que el titular de la SAT informó que señalados en el caso B410 habían presentado denuncias en su contra y el MP había empezado una investigación.
En esa ocasión estuvo presente Curruchiche, quien respondió que la investigación se realiza por una denuncia, pero negó que se investigara al titular de la SAT. “Desconocemos de dónde él (Díaz Reyes) pueda tener este tipo de información. Sin embargo, no se cuenta una investigación en este momento relacionada a este tema, más allá de la denuncia que se investiga por la Fiscalía de Delitos Económicos respecto al caso B410, el cual la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes”, dijo.
El caso B410
La investigación de la SAT, a cargo de Livio Díaz, identificó un entramado de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones a través del incumplimiento en el pago del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Entre las anomalías destacan que estas empresas comparten al mismo representante legal y contador y se relacionan con una offshore en Belice. Al menos 200 de ellas reportaron un mismo domicilio ubicado en la colonia BANVI, en la zona 7 de la capital.
La investigación detalló que de 2021 a 2024, las empresas reportaron ventas por Q6 mil 400 millones, pero que solamente pagaron Q26 millones de impuestos, dando origen a una serie de auditorías en las que detectaron el entramado de corrupción que incluía la falsificación de documentos para constituir empresas, la negociación entre las mismas para la evasión de impuestos, la negociación con proveedores del Estado y la venta directa a instituciones públicas y municipalidades.
Por este caso, el 16 de diciembre de 2024, el MP presentó una primera fase del caso. En esta se detuvo y procesó al notario David Francisco Barrera Maldonado, por la venta de sociedades anónimas. Asimismo, se vinculó a exfuncionarios del Hospital General San Juan de Dios por la contratación de trabajos que no se realizaron.
Hasta ahora el caso no ha alcanzado a personas relacionadas con el expresidente Alejandro Giammattei ni a Miguel Martínez, quienes estarían vinculados a ese caso de defraudación tributaria.
Acá otra nota que puede leer:
Los vínculos de las empresas que negociaron con la estructura B410