En vertederos, basureros municipales y clandestinos se depositan al año más de 3 millones de toneladas de residuos y desechos sólidos (orgánicos, inorgánicos y reciclables), señalan informes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El 90 por ciento de esta basura tiene un manejo inadecuado lo cual genera una grave contaminación ambiental. Con el Reglamento de Gestión de Residuos y Desechos Sólidos Comunes, acuerdo gubernativo 164-2021, se esperaría que el proceso cambie en el mediano plazo. Al separar la basura desde los hogares, la que llegaría a su destino final tendría que ser más fácil de tratar.
Por Claudia Méndez Villaseñor
De las más de 3.7 millones de toneladas de basura que se generan al año, a nivel nacional solo el 42 por ciento se recolecta y transporta a sitios no aptos abiertos al aire libre, entre ellos, los dos centros de acopio más grandes del país: el ubicado en la zona 3 capitalina y el del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. El resto de basura se quema, sirve como abono, se entierra o de manera intencionada se tira en ríos y lagos. Separar la basura desde los hogares tendría que impactar el ambiente, de forma positiva, y facilitar a las municipalidades el manejo final de los desechos sólidos. Pero ¿cómo se clasifica?
El Reglamento de Gestión de Residuos y Desechos Sólidos Comunes está vigente en Guatemala, desde este 11 de febrero. Vecinos de municipios como Mixco consideran que la tarea de clasificar su basura resulta infructuosa. “De nada sirve separar si en el camión todo se revuelve”, mencionó Camilo Otzoy, quien vive en la zona 1 del municipio.
Igual opinó Magda Pérez, quien entrega la basura a una de las personas autorizadas para trasladar los desechos al sitio en el que se estacionan los camiones municipales, en la calzada 4 de Febrero. “Entrego todo junto y que ellos deciden lo que sirve y lo que no”, dijo.
Sin embargo, también hay casas en las que se observa otra actitud. Las bolsas se identifican con sencillos rótulos que dicen: “no orgánico y no reciclable” y “reciclable”. “Mi familia es pequeña y es poco lo que sacamos, por eso la bolsita de botellas plásticas, latas o algún cartón es más pequeña”, señaló Rosa Cantú, quien también vive en la zona 1 de Mixco.
De acuerdo con el ministerio de Ambiente, el 42 por ciento de la basura que al año ingresa a vertederos o se dispone en basureros clandestinos del país es equivalente a 1 millón 554 mil toneladas. Pero, a los botaderos de la zona 3 de la capital y el del kilómetro 22, de la ruta al Pacífico, bajo la responsabilidad de la oficina de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA), llega casi un 1 millón de toneladas. Cada día, en estos dos lugares ingresan 3 mil 700 toneladas de residuos sólido.
Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, del ministerio de Ambiente, mencionó que a la cartera le compete prevenir la contaminación ambiental y resguardar el equilibrio ecológico, lo que busca el nuevo reglamento al obligar a los guatemaltecos a clasificar la basura.
En este sentido, la normativa manda separar los desechos sólidos en: desechos orgánicos, no orgánicos y reciclables. Los desechos bioinfecciosos como medicina vencida; jeringas, agujas o equipo de hemodiálisis tendrían que ser identificados con bolsas rojas y entregarlos en lugares autorizados, así como desechos electrónicos o baterías.
Según el ministerio de Ambiente, separar la basura desde el origen, de forma correcta, generaría un crecimiento en la industria del reciclaje a nivel nacional y disminuiría la carga de residuos sólidos que ingresa a los vertederos o basureros municipales.
Rechazan el reglamento
El 11 de febrero, la fecha que cobró vigor el nuevo reglamento, se reportaron protestas de personas que trabajan como recolectores en el basurero de la zona 3 capitalina y el vertedero administrado por la AMSA por la eventual pérdida de trabajo, al disminuir la cantidad de material reciclable que ingresa a los botaderos municipales.
El grupo de trabajadores en el vertedero de AMSA estuvo anuente a formar parte de programas sociales y otras alternativas empresariales presentadas por el ministerio de Ambiente. Sin embargo, los manifestantes de la zona 3 decidieron acudir a la oficina del Procurador de los Derechos (PDH) y hoy se reunieron en la sede de esta entidad.
Participaron en la jornada, representantes de la Asociación de Recicladores Unidos (ARU); la municipalidad de Guatemala y el del ministerio de Ambiente.
En un comunicado, la PDH informó que los delegados de la ARU dijeron que no fueron consultados cuando se diseñó el reglamento, antes de 2021, y que la norma afecta el trabajo que desempeñan. Solicitaron que se reconozca su trabajo en la cadena de reciclaje.
El personal de la alcaldía capitalina, que se presentó en esta reunión, dijo que “la implementación del reglamento no resuelve el problema de los recicladores y que no se han incluido soluciones dirigidas a ellos en los planes municipales”. Sugirieron modificar el reglamento de manera que se incluya a los recolectores en la cadena de producción. Además, consideraron convocar a una mesa técnico-social sobre el tema.
Participaron en la jornada, representantes de la Asociación de Recicladores Unidos (ARU); la municipalidad de Guatemala y el del ministerio de Ambiente.
“El reglamento fue elaborado en una administración anterior, pero las deficiencias técnicas deben ser abordadas por las autoridades actuales”, dijo Yuri García Granados, jefe del Departamento de Mediación, de la PDH. Consideró que representantes del ministerio de Salud también tendrían que involucrarse en este tema. Para el próximo 18 de febrero se convocó a una nueva reunión.
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