Los desacuerdos con la entrada en vigor del reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, acuerdo gubernativo 164-2021, del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se expresaron desde el 11 de febrero, día que la normativa de cumplimiento obligatorio cobró vigencia. La urgente necesidad de consolidar una cultura ambiental y de reciclaje ha sido blanco de críticas, protestas y de acciones legales, como las presentadas en la Corte de Constitucionalidad (CC) por dos alcaldes, en distintas ocasiones. ¿Por qué se rechaza la iniciativa?, ¿por qué la basura genera estas controversias?
Por Claudia Méndez Villaseñor
Las protestas contra la nueva normativa comenzaron el mismo día que cobró vigencia. Un día después, trascendía que la CC estaría dispuesta a fallar a favor de Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, cabeza visible de ese gremio que adversa esta norma, y de declarar inconstitucionales algunas de las acciones que promueve el reglamento. Sin embargo, la discusión en definitiva sobre este caso fue retirada de la agenda del pleno de magistrados de ese Tribunal.
Desde principios de febrero se comenzó a observar en centros comerciales, restaurantes de comida rápida, tiendas por departamentos, supermercados y otros establecimientos abiertos al público en ciudad de Guatemala, que los recipientes de basura están identificados con calcomanías que indican el tipo de residuos que se deben depositar en cada uno: orgánico, no orgánico, no reciclable y reciclable. Incluso algunos, definen con claridad cada uno. Hay un contenedor para residuos de comida, servilletas, vasos y cubiertos desechables; otro destinado a papel, cartón, botellas de plástico y un tercero para el resto de basura que no es comida fresca o preparada.
Incluso, en anuncios publicitarios se promocionan recipientes con tres compartimentos con la finalidad de que clasificar la basura no resulte una tarea complicada en los hogares. Tanto el Ministerio de Ambiente, como la municipalidad de Guatemala, por medio de redes sociales, hacen referencia de que esta compra no resulta indispensable una vez se identifique en las bolsas de basura el tipo de residuos que contiene cada una y se entreguen a los camiones recolectores, o personas individuales que prestan el servicio, debidamente separada.
Este 11 de febrero, las protestas se ubicaron en los dos principales centros de acopio de desechos orgánicos e inorgánicos del área metropolitana, el basurero de la zona 3 y el que está ubicado en el kilómetro 22, de la ruta al Pacífico, bajo la responsabilidad de las oficinas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).
Al vertedero de la zona 3 ingresan cada día hasta 500 camiones con basura originada en 13 municipios cercanos a la capital, como Santa Catarina Pinula y Mixco y al de AMSA, la que procede de 30 localidades del área sur del país.
En estos dos puntos se concentraron cientos de personas dedicadas al reciclaje y separación basura como una forma de rechazo al nuevo reglamento. Más que protestar por un aumento de la carga laboral, los manifestantes expresaron temor a perder su trabajo. En el país, reciclar papel, cartón, latas, aluminio, cartón y botellas de plástico genera algunos ingresos a los recolectores.
En el caso de las personas que separan la basura en los lugares de disposición final, como vertederos o basureros municipales, esta normativa si podría afectarlos en el mediano plazo, consideró Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, del ministerio de Ambiente, quien afirmó que en estos primeros días un porcentaje importante de sectores y vecinos han aceptado el contenido del reglamento y lo comienzan a aplicar.
“El trabajo de los recolectores es separar los desechos, lo hacen con sus manos, para identificar todo lo que sea reciclable. Ahora, en los camiones se hace alguna separación, y venden el material reciclable, lo que se les pasa llega a los vertederos y allí se recolecta. Las personas se verían afectadas porque el camión solo ingresaría a los vertederos residuos no orgánicos y no reciclables”, explicó el funcionario. “Por eso se dieron las protestas, porque podrían quedar sin ingresos”, añadió.
Apoyo con programas sociales y opciones de negocios
El viceministro de Ambiente señaló que este 12 de febrero, se conversó con los recolectores que separan la basura en el vertedero de AMSA y se les habló de algunas alternativas de apoyo con el ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y de emprendimiento. “Son personas con mucha experiencia, son expertas en reciclaje, pero se tiene que hacer bajo otra modalidad. Podrían ser contratados por las mismas municipalidades o centros de reciclaje. Incluso se podría pensar en una empresa propia”, añadió.
La postura de los recolectores del basurero de la zona 3 es más cerrada, dijo el funcionario. Durante la mañana de hoy, el viceministro de Ambiente se reunió con personal de la alcaldía de Guatemala y presentaría las mismas opciones que a los recolectores de AMSA: apoyo con programas sociales durante el periodo de transición (2 años) y opciones de negocios. No obstante, un grupo decidió denunciar el caso en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
Este 14 de febrero el equipo técnico del ministerio de Ambiente y trabajadores municipales tienen que acudir a una reunión con el PDH con la finalidad de abordar la situación. “El ministerio tiene la voluntad de acompañar el proceso, pero es responsabilidad de la municipalidad atender este caso”, dijo.
“El proceso es eventual, no pasa de la noche a la mañana, pero cada vez habrá menos material reciclable en los vertederos y con ello menos personas dentro de esas instalaciones dispuestas a clasificar y reciclar como una forma de obtener alguno recursos económicos”, añadió.
Presa Comunitaria se comunicó con Dina de Herrera, asistente del alcalde Ricardo Quiñónez, para conocer una opinión sobre el tema. Pero, De Herrera dijo que trasladaría el mensaje. La alcaldía de Guatemala cerró la oficina de Comunicación Social y desde la planta las recepcionistas tienen orden de no trasladar llamadas a la unidad de Asuntos Públicos.
Respaldo del sector privado
“En general la respuesta es positiva. Hay muchos comentarios en redes sobre la necesidad de que se empiece a hacer la separación de los residuos. También se ha hablado con alcaldes y varios han expresado anuencia”, indicó el funcionario.
Es en la capital donde se evidencian limitaciones. “Este es un tiempo de transición, de aprendizaje. De aquí vamos para adelante y este es el primer paso”, indicó.
De acuerdo con Castellanos, el sector privado, en especial el comercio, mostró apoyo al reglamento y por ello, se evidencia en centros comerciales, tiendas y almacenes, el uso de recipientes identificados con la finalidad de separar la basura. Igual sucede en restaurantes de comida rápida. “Se logró un acuerdo con la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala (ACECOGUA) y no solo instalaron los tres contenedores sino promocionan con anuncios publicitarios, la importancia de separar los residuos”, comentó.
La ACECOGUA aglutina a 82 asociados con instalaciones en municipios de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Chiquimula, Chimaltenango, Suchitepéquez, Totonicapán, Zacapa, Escuintla, Izabal y Huehuetenango.
“Como los socios no son solo de la capital sino de algunos departamentos hay buena cobertura y respuesta, así como de comercios en general”, mencionó.
Prensa Comunitaria solicitó una opinión a la ACECOGUA, pero no se obtuvo ninguna respuesta.
La otra semana, el ministerio de Ambiente solicitará una evaluación del impacto y respuesta al reglamento en los municipios a los 21 delegados departamentales. “Hay una delegación en cada cabecera departamental. Este año se van a fortalecer al contratar a especialistas en desechos sólidos, quien tendría que socializar el reglamento. También contarán con un especialista en agua y bosques”, agregó.
Las delegaciones diplomáticas también han sido positivas con la puesta en marcha del reglamento. “Hay embajadas que separan los residuos y un embajador me dijo que también lo hacía en casa”, dijo el funcionario.
La batalla legal en la CC
La parte legal es el más grave tropiezo que ha enfrentado el reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. Varios alcaldes, como Neto Bran, de Mixco; y Sebastián Siero, de Santa Catalina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipales (ANAM), presentaron acciones de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC) con la intención de dejar sin efectos los artículos 1, 12, 13, 49, 52, 53 y 54 de la normativa.
Bran presentó el recurso legal, en 2023 y Siero, en 2024, pero el 30 de julio del año pasado La CC dio el primer no a la solicitud del alcalde de Santa Catarina Pinula con el voto de los magistrados titulares: Leyla Lemus, Héctor Hugo Aguilera y Roberto Molina se rechazó dicha inconstitucionalidad. Las magistradas Dina Ochoa y Claudia Paniagua votaron a favor de la ANAM.
A principios de 2025, la CC también le dijo que no al alcalde mixqueño. Esta semana, la CC agendó el fallo definitivo a la solicitud de Siero, pero se retiró de los puntos a tratar el 13 de febrero.
Prensa Comunitaria se comunicó a la municipalidad de Santa Catarina Pinula para obtener una opinión sobre esta decisión de la CC, pero desde el call center 1525, las recepcionistas se negaron a trasladar la llamada a la oficina del alcalde.
Qué dicen los artículos que rechazan Bran y Siero
Los alcaldes afines a Siero y Bran se oponen a la vigencia de siete artículos que dicen:
Artículo 1. Objeto. Tiene por objeto establecer las normas sanitarias y ambientales que deben aplicarse para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, en función de asegurar la protección de la salud humana y evitar la contaminación del ambiente.
Artículo 12. Clasificación. Personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que, como resultado de sus actividades produzcan residuos o desechos sólidos comunes, deberán separarlos con la clasificación siguiente:
Clasificación primaria
Residuos orgánicos
Residuos inorgánicos
Clasificación secundaria
Papel y cartón
Vidrio
Plástico
Metal
Multicapa
Otros
El artículo 12 señala que en los dos primeros años de la vigencia del reglamento, se clasificará la basura en residuos orgánicos y en inorgánicos, como mínimo. Además establece que las municipalidades, que así lo dispongan, de acuerdo con sus políticas y planes para la gestión de residuos y desechos sólidos pueden implementar la clasificación secundaria, la cual es obligatoria a partir de 2027.
Este artículo también señala que las municipalidades pueden definir una clasificación secundaria extendida que incluya otros materiales, siempre y cuando la sustenten con un estudio de caracterización una obligación del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos.
Artículo 13. Tipificación iconográfica. La tipificación iconográfica se aprobará por medio de un acuerdo del ministerio de Ambiente.
Artículo 49. Infracciones. Son infracciones aquellas acciones u omisiones que impliquen la inobservancia, incumplimiento y violación de lo establecido en este reglamento.
Artículo 52. Trámite para la imposición de sanciones. Realizada la verificación, si se establece que se ha incurrido en infracción, el ministerio de Ambiente impondrá las sanciones reguladas en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Si se tratare de infracciones en materia de salud, el ministerio de Salud aplicará el procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con el Código de Salud.
Artículo 53. Sanciones. Toda infracción será sancionada por el ministerio de Ambiente de conformidad con las sanciones establecidas en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la forma siguiente:
- De acuerdo con los parámetros establecidos a razón de salarios mínimos no agrícolas vigente en la fecha de imposición de la multa, según la gravedad de la infracción cometida, la cual será estimada por el ministerio de Ambiente.
- Establecimiento de un periodo de tiempo para implementar las medidas y acciones correctivas que permitan alcanzar el nivel de cumplimiento requerido.
Artículo 54. Parámetro de sanciones. Se sancionará con multa la siguiente infracción: Cuando como resultado de la verificación se determine el incumplimiento de los compromisos ambientales con multas de uno (Q3mil 973.05) a cuarenta (Q158 mil 922) salarios mínimos no agrícolas mensuales.
Firma de convenio
El viceministro Castellanos mencionó que, en enero pasado, el Instituto Nacional de Fomento (INFOM) y los ministerios de Ambiente, Salud y Desarrollo Social firmaron un convenio con la finalidad de promover la “Estrategia de apoyo a Gobiernos Municipales para avanzar el saneamiento y el buen manejo de la basura”, que cuenta con Q129 millones dirigidos a asistir, técnica y financieramente, a las municipalidades del país.
“Si bien el reglamento establece sanciones, pero no a los vecinos, el Gobierno Central reconoce la poca capacidad técnica, institucional y financiera de las municipalidades y los servicios de recolección de basura”, dijo.
Este viernes se cumplirán cuatro días de la entrada en vigor del reglamento y es en la capital y el área metropolitana en la que se concentra el mayor descontento. El alcalde Siero, del Partido Unionista, encabeza una lucha legal, ahora pareciera, que Quiñonez, desde la municipalidad de Guatemala y afiliado a ese partido, comenzará otra, con los recolectores como argumento humano. Mientras, el ministerio de Ambiente solo puede observar.
