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Créditos: Arte de Rosario Lucas
Tiempo de lectura: 7 minutos

Por Carlos Fredy Ochoa García

Después de la primera vuelta electoral del 25 de junio de 2023 se presentaron tantos sucesos críticos y amenazantes que cada acción, más que la anterior, anticipaba la intención de perjudicar e invalidar el proceso electoral. En parte, estas amenazas permiten entender la movilización de las autoridades indígenas de 2023. De manera que su salida a la escena nacional no fue intempestiva, sino gradual, acelerada por el curso del evento electoral.

La democracia de Guatemala estaba en una situación muy comprometida en 2023. Según Latinobarómetro, en julio de ese año la tendencia de apoyo a la democracia del país era la más baja de la región latinoamericana (29%); también registró que los pueblos indígenas eran el grupo más inclinado a favorecer la democracia sobre cualquier otro tipo de gobierno (42%). ¿De dónde surgía la inclinación de las comunidades indígenas a optar por la democracia y el sufragio en lugar de cualquier otro tipo de gobierno?

En esta primera entrega se sigue en detalle la trayectoria de los varios colectivos de autoridades indígenas y el desarrollo de sus posturas ante la crisis que tuvo lugar en 2023. Para esto se rastrearon los comunicados emitidos por escrito por las alcaldías indígenas; estos documentos fueron el surco que sirvió de inspiración a estas autoridades para sus discursos y sus posturas en diferentes ámbitos de negociación. Estamos hablando de documentos que surgieron directamente de consensos en sus comunidades, y que, gracias a las redes sociales, se difundieron ampliamente, logrando establecer vínculos comunicativos nacionales.

Las autoridades indígenas tomaron las primeras medidas públicas en común el 2 de julio, esto no significa que no las hayan tomado antes, sino que estas no eran reconocidas por la opinión pública, y menos en la esfera política electoral, tradicionalmente dominada por la política partidista.

En realidad, escasos comunicados acerca de diversos temas de relevancia electoral venían siendo emitidos por las alcaldías indígenas, que casi siempre se hacían de manera independiente, a pesar de que en ocasiones surgieron al mismo tiempo.

Sin embargo, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC), dispuso ordenar audiencias de revisión de escrutinio de votos en las Juntas Electorales[1], esto fue suficiente para atraer a un mismo escenario a las autoridades indígenas. La Municipalidad Indígena de Sololá fue la primera en emitir un pronunciamiento el 2 de julio[2], “en defensa de la Constitución Política, lamenta la decisión de la CC”, para “exigir respeto al proceso democrático y al Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, “asumir su función de garantizar el respeto a la voluntad ciudadana expresada en los comicios”, y “se rescate la precaria democracia que queda ante la cooptación del Estado”.

Al día siguiente, los 48 Cantones de Totonicapán emitió otro comunicado[3], en el “manifiesta su rechazo”, “exige” a la CC revocar la decisión, y al TSE oficializar los resultados. El 4 de julio, la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché también emitió un comunicado en este mismo sentido[4] y ese mismo día también se pronunciaron las Autoridades Indígenas de Chimaltenango[5]; el 5 de julio se pronunciaron las autoridades indígenas de varios municipios del departamento de Guatemala, casi en los mismos términos, en “repudio a las acciones de la CC y del TSE”, y “denunciando la corrupción del gobierno al obstaculizar el proceso electoral” [6].

Un punto de inflexión se alcanzó el 5 de julio, cuando lograron una acción conjunta las autoridades indígenas de Totonicapán, Sololá, Nebaj, Xinka y Santa Lucía Utatlán, que se reunieron en la capital de Guatemala para entregar un memorial al TSE y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estas autoridades emitieron allí una primera declaración colectiva, en la cual “manifiestan su total desacuerdo con la decisión de la CC”, “reconocen al TSE como único garante de la voluntad popular”, y “dan su respaldo a las Juntas Receptoras de Votos” [7]. En otras palabras, el comunicado cumplía con compilar lo ya dicho por estas autoridades de manera independiente.

El 13 de julio, finalmente el TSE oficializa los resultados de las elecciones, pero ese mismo día, con el soporte del juez del Juzgado Séptimo tiene lugar un operativo de allanamiento, inspección y registro en la sede del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, realizado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirige Rafael Curruchiche. En respuesta a estas acciones, a la semana siguiente varias autoridades indígenas emitieron comunicados independientes, pero invitando a una acción común, entre ellas, la región “Lachuá” de Cobán, Alta Verapaz que llamó a no permitir que se detenga la segunda vuelta electoral; 48 Cantones llamó a coordinar acciones en defensa de la democracia, y la Municipalidad indígena de Sololá que llamó a un levantamiento en defensa de la democracia[8].

El 14 de julio aparece en escena otro colectivo de autoridades indígenas que se mostrará como otro actor central a partir de entonces, las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew. Esta instancia aglutinará al final de año a las autoridades de 30 comunidades del país. Estas autoridades se declararon en asamblea permanente, anunciando el inicio de una coordinación de acciones para la defensa de la democracia. Estos comunicados dieron lugar a una demanda unificadora, respaldada por otras muchas alcaldías indígenas que formalmente no se habían adherido a ninguno de estos colectivos. Coincidieron en solicitar la separación de la fiscal general, el fiscal de la impunidad y el juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

El 20 de julio una segunda ola de ataques contra la institucionalidad electoral encaminó un segundo allanamiento a la sede de Recursos Humanos del TSE, seguida el 21 de julio con un allanamiento a la sede del partido político ganador en la primera vuelta electoral. Estas acciones fueron muy denunciadas el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y a partir de este momento, los pronunciamientos de las autoridades indígenas marcaron el contexto de la segunda vuelta electoral del domingo 20 de agosto.

Pasadas las elecciones, las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew emitieron el 24 de agosto una declaración donde, además de felicitar al pueblo de Guatemala por acudir a votar, solicitaban a la CC y a la CSJ no interferir y evitar intervenir y judicializar los resultados del proceso electoral.

Mientras tanto, en la ciudad de Totonicapán, el 26 de agosto tuvo lugar una cumbre de autoridades de siete pueblos, (Totonicapán, Xinka, Santa Lucía Utatlán, Nebaj, Ch’orti’, San Francisco el Alto, Chichicastenango y San Cristóbal Totonicapán); en esa reunión manifestaban “su profunda preocupación ante la crisis institucional y social por la que atraviesa el país, las constantes y flagrantes violaciones a la Constitución y al derecho fundamental de los guatemaltecos a elegir y ser electos”. Como resultado, llegaron a un acuerdo para mantener la postura de que los funcionarios liderados por la fiscal general deben renunciar.

En medio de esta situación de incertidumbre constante, el 18 de septiembre la Junta Directiva de 48 Cantones de Totonicapán se desplazó a la ciudad de Guatemala para entregar un memorial en que exigía nuevamente la renuncia de la fiscal general.

Pero esta acción constitucional se producía en el marco de otra afrenta, pues la FECI realizó una cuarta serie de acciones contra el TSE, que duró del 29 al sábado 30 de septiembre[9], la cual marcó un punto de no retorno. Esta vez, tras 20 horas de allanamiento, abrieron y fotografiaron al menos 160 cajas que contenían los votos emitidos durante la primera vuelta de las elecciones del 25 de junio; además, solicitaron antejuicio en contra de tres magistrados y otros funcionarios del TSE.   Esto representó el pico de la serie de sucesos que movieron a las manifestaciones indígenas que se iniciaron el 2 de octubre.

El primer llamado a una movilización provino de un colectivo instancia de autoridades de diez alcaldías indígenas, entre ellas 48 Cantones de Totonicapán y Sololá[10]. Este comunicado fue reproducido de forma independiente por estas alcaldías desde el mismo 26 de septiembre. En él se convocaba a las autoridades indígenas del país a movilizarse a partir del siguiente lunes 2 de octubre de 2023, y por tiempo definido anunciaban la presencia de sus comunidades en las carreteras de sus respectivas regiones.

A este llamado se sumaron el 1 de octubre las alcaldías del colectivo de Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew, el Consejo de Autoridades Indígenas del Departamento de Guatemala, y el Consejo de los Pueblos Uspantekos (3 octubre).

Para este tres de octubre se habían multiplicado ya las autoridades indígenas convocantes, como los sitios de movilización, alimentando un levantamiento que se extendió por 106 días, 17 de los cuales fueron de una nunca vista presencia física en los más diversos puntos del país, paralizando principalmente la vida cotidiana en las regiones indígenas. Esta movilización pasó de ser un simple acto de resistencia a lo que en K’iche’ se entiende como un yakatajik (levantamiento).

En este levantamiento las autoridades indígenas tuvieron la capacidad de articular y controlar un discurso en aquellos sectores que le eran de mayor significación: la democracia, el voto y la responsabilidad gubernamental en el desempeño institucional[11].

Para una sociedad que esperaba pacientemente por la activación de las protestas en las plazas, como sucedió en 2015, las autoridades indígenas dieron no solo otras formas de movilización sino nuevas pautas de consenso que demostraron ser sostenibles a lo largo de tres meses, al mismo tiempo que le dieron un liderazgo creíble y alternativo.

En síntesis, las autoridades indígenas demandaron principalmente la renuncia de funcionarios corruptos, cuya actuación estaba en el origen de una violación de la democracia. Esta demanda se justificaba también por el hecho de que ya se habían presentado numerosos recursos legales que fueron desestimados e ignorados, incluyendo dos amparos en la Corte de Constitucionalidad[12],  denuncias en los tribunales, y el Congreso persistía en conocer leyes que atentaban contra la vida, salud, y los bienes naturales[13]; es decir se habían agotado todos los mecanismos institucionales del país y esto frustraba la lógica institucionalista con que operan las autoridades indígenas.

La revisión de los sucesos de 2023 no debe limitarse a sacar conclusiones sobre lo pasado, se extiende a preocupaciones sobre el porvenir de una democracia pluricultural ¿Como la crisis de 2023 ayuda a entender lo que la democracia significa para los pueblos indígenas?  ¿De qué modo se viene formando en su entramado comunitario esta cultura democrática? Esta queda para una segunda entrega.

[1] Corte de Constitucionalidad: Expediente 3731-2023. Guatemala, Fecha: 01/07/2023, 6:23:18 p.m. (se ordena audiencias de revisión de escrutinio de votos en la Juntas Electorales Departamentales de Guatemala y en la de Distrito Central).

[2] Municipalidad Indígena de Sololá, comunicado, 2 de julio de 2023

[3] Junta Directiva del Consejo de Autoridades Comunales de Totonicapán, Comunicado, 3 de julio de 2023.

[4] Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, manifiesto, 4 de julio de 2023.

[5] Prensa Comunitaria: Autoridades indígenas dan ultimátum para oficializar las elecciones generales, 4 julio 2023. En: https://prensacomunitaria.org/2023/07/autoridades-indigenas-dan-ultimatum-para-oficializar-las-elecciones-generales/

[6]  Autoridades indígenas de Guatemala, Manifiesto. 5 de julio de 2023.

[7] Autoridades indígenas llegan a la capital en defensa del voto ciudadano. Prensa Comunitaria 5 de julio 2023: https://prensacomunitaria.org/2023/07/autoridades-indigenas-llegan-a-la-capital-en-defensa-del-voto-ciudadano/

[8] Autoridades de la región Lachuá”, Cobán, Alta Verapaz, Comunicado, 13 de julio de 2023. Municipalidad de Sololá, Comunicado, 13 julio 2023, Consejo de Autoridades Comunales de 48 de Totonicapán. Comunicado, 13 julio 2023.

[9] Ministerio Público, Caso corrupción Semilla, en: www.mp.gob.gt

[10] Junta Directiva del Consejo de Autoridades Comunales de Totonicapán, Comunicado, 26 de septiembre de 2023.

[11] López, Kimberly Rocío; García, Laura. Organizaciones que lideran el Paro Nacional indefinido: «La dignidad nos convoca» Plaza Pública. 25 de octubre de 2023. En:

https://www.plazapublica.com.gt/aclaracion/informacion/organizaciones-que-lideran-el-paro-nacional-indefinido-la-dignidad-nos

[12]  Presidente de los 48 Cantones de Totonicapán presenta amparo en la Corte de Constitucionalidad que busca que los magistrados resuelvan el expediente 5678-2023 presentado el 18 de septiembre de 2023.  Prensa Libre, 3 de noviembre de 2023.

[13] Autoridades indígenas, Comunicado oficial, Declaratoria de paro nacional (sf) septiembre 2023.

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