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“La falta de independencia judicial pone en riesgo los derechos humanos en Guatemala”

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Créditos: El informe de Human Rights Watch señala la falta de independencia judicial en Guatemala. Foto de Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 5 minutos

 

La falta de independencia judicial y procesos penales espurios impulsados por el Ministerio Público en 2024 afectaron la protección de los derechos humanos en Guatemala, según un análisis realizado por Human Rights Watch. Periodistas, abogados, operadores de justicia y defensores de derechos humanos entre los más afectados por estos procesos penales.

Por Regina Pérez

La organización Human Rights Watch (HRW) señaló en su más reciente informe que la independencia judicial continúa siendo un problema crítico en Guatemala. El informe global que incluye al país señala que esta práctica socava el Estado de derecho y pone en riesgo la protección de los derechos humanos, a lo que se suman los procesos penales espurios que impulsa el Ministerio Público (MP) dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras.

La falta de independencia judicial considera la organización, se debe a problemas sistémicos vinculados al proceso de selección judicial, incluyendo procedimientos de selección opacos, injerencia política e influencia indebida de actores corruptos.

HRW se refirió al proceso de elección de magistrados de las altas Cortes realizado en el país en 2024 por las Comisiones de Postulación y el Congreso de la República, que colocó a 13 magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 156 para las Salas de Apelaciones, una oportunidad crucial para fortalecer la independencia judicial en el país.

Sin embargo, hace ver que muchos de los magistrados electos habían sido investigados penalmente por tráfico de influencias y en procesos anteriores de selección de jueces y magistrados.

El proceso de elección de magistrados en 2024 fue criticado. Foto de Prensa Comunitaria

En septiembre, la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un informe preliminar en el que señaló conflictos de interés de los integrantes de las Comisiones de Postulación, la nominación de candidatos presuntamente implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos y procedimientos inadecuados de evaluación de candidatos.

Porras sigue impulsando procesos penales espurios

En 2024, la fiscal general, Consuelo Porras continuó orquestando procesos penales espurios contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y miembros del gobierno del presidente Arévalo, señaló HRW.

La organización recordó que, en 2023, Porras llevó a cabo investigaciones penales por motivos políticos con el objetivo de impedir que Arévalo asumiera el cargo.

Algunos casos que la organización aborda en su informe sobre estos procesos penales espurios son el de Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), quien salió al exilio en 2024.

También el caso del exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, quien actualmente está en prisión acusado de delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. “Las audiencias en su caso han sido pospuestas en múltiples ocasiones, socavando su derecho al debido proceso”, indicó HRW.

Stuardo Campo, exfiscal anticorrupción, es uno de los afectados con los procesos espurios impulsados por el Ministerio Público. Foto de Prensa Comunitaria

En el caso de Campo, el pasado 15 de enero se tenía previsto que iniciara el primer juicio en su contra de los tres casos en que está acusado, pero la audiencia fue aplazada.

Al menos 91 personas se han exiliado desde 2022, por procesos penales, amenazas y acoso, entre ellas 44 abogados y operadores de justicia y 26 defensores de derechos humanos, esto según datos de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA).

Ambiente hostil para la prensa y defensores de DD. HH.

Otro de los apartados del informe aborda las agresiones contra defensores de derechos humanos, incluyendo periodistas.

“El Ministerio Público y un sector del poder judicial han creado un ambiente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Los periodistas enfrentan detenciones arbitrarias, restricciones en la cobertura de noticias y acoso en línea”, indica.

Uno de los casos que aborda el informe es el del periodista Jose Rubén Zamora, quien recobró su libertad el 19 de octubre de 2024, tras permanecer 813 días en prisión. Sin embargo, en noviembre, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal revocó las medidas sustitutivas que gozaba en uno de los casos en su contra.

La prensa y la libertad de expresión son afectadas en Guatemala. Uno de los casos emblemáticos es el de Jose Rubén Zamora. Foto de Prensa Comunitaria

HRW señaló que antes de recobrar su libertad, varios expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habían expresado su preocupación por las condiciones de la prisión de Zamora. El periodista recientemente fue beneficiado con un amparo de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia que le permite continuar en libertad, ya que la Sala Segunda había ordenado su regreso a la prisión.

Otro de los datos del informe es que al menos 25 periodistas han huido de Guatemala en los últimos años, según lo registros de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), que cita en el informe.

La organización internacional recordó que en 2024 fueron asesinados dos periodistas, César Agusto Leiva y Gleymer Villeda, en Izabal y Jutiapa, respectivamente. Según indicó, la impunidad en estos crímenes sigue siendo la norma.

Los crímenes también han alcanzado a los defensores de derechos humanos. UDEFEGUA reportó 18 asesinatos en 2024, entre ellos del abogado José Domingo, del Comité de Unidad Campesina (CUC), asesinado en junio, quien era conocido por la defensa de campesinos y el apoyo legal que brindaba a comunidades indígenas en sus luchas por los derechos de la tierra.

Otro dirigente del CUC, Marcelo Yaxón, quien resultó herido en el ataque contra Domingo, falleció días después.

Actores sancionados por corrupción

En la última parte del análisis se hace referencia a las sanciones del Parlamento Europeo a cinco funcionarios guatemaltecos, entre ellas la fiscal general Consuelo Porras, por socavar la democracia, el Estado de derecho y la transición pacífica del poder.

Estas sanciones también abarcaron a Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, el juez séptimo penal, Fredy Orellana, la fiscal de la FECI, Leonor Morales Lazo y el secretario general del MP, Ángel Pineda.

Conoce más detalles acá:

El Parlamento Europeo inicia proceso para imponer sanciones contra actores antidemocráticos

Estados Unidos también impuso restricciones de visa al expresidente Alejandro Giammattei, tres días después de dejar el cargo y a sus tres hijos, por su involucramiento en corrupción significativa.

El informe de HRW abordó otros problemas estructurales del país como la pobreza, la desnutrición, los desalojos forzados que siguen afectando a comunidades indígenas, la migración, la seguridad y la violencia en contra de mujeres y niñas, incluyendo la violencia sexual.

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