Por Miguel Ángel Sandoval
Este 29 de diciembre se conmemora un aniversario más de la firma de la paz que puso fin a la guerra interna y, además, unos buenos años en los que la fecha ha sido motivo de actos descoloridos, formales, a la imagen de gobiernos insípidos e incoloros, pues como dicen los que en ocasiones hablan de la paz, es algo viejo. Creo que ahora sea puede dar un giro importante y retomar los compromisos pendientes y dar mayor relevancia a la agenda de la paz. Es un momento oportuno.
Es cierto que luego del gobierno de Arzú, que traicionó lo pactado y borró con el codo lo firmado por el puño, hubo intentos como se señala, para tratar de cumplir con los compromisos de Estado de la paz. Es el caso de las leyes de descentralización, consejos de desarrollo y código municipal. No mucho más. Pero ello, o sea el cumplimiento de los compromisos sustantivos, fue poco a poco dejando de tener urgencia o si se prefiere, cayó del interés de la mayoría de las fuerzas políticas y grupos de interés, pues la guerra había terminado y la guerrilla no había podido ser una fuerza política que fuera la contraparte de un sistema obsoleto y exigiera el cumplimiento de lo pactado.
Por lo demás, las fuerzas políticas del momento Pan y Urng desaparecieron de hecho en estos años. Sin embargo, los compromisos de la paz siguen pendientes de ser cumplidos. Todo porque son la agenda de un país que está a la espera de las transformaciones y políticas públicas, que se desprenden del conjunto de acuerdos devenidos compromisos de la paz. Se instaló entonces, especialmente luego de los resultados negativos de la consulta popular de 1999, una narrativa que decía de la derrota militar de la insurgencia olvidando un hecho capital: la guerra terminó en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla con la rendición de una de las partes. Se trata de una narrativa que se instala recuperando o dándole nuevos aires al anticomunismo primitivo y todos los horrores de la guerra fría.
El colmo de todo ese proceso de desconocimiento de los acuerdos de la paz y de las causas que se encontraban en su origen, fue durante el gobierno de Giammattei que destruyó lo poco que quedaba de la institucionalidad de la paz al tiempo que mandó al cajón de los recuerdos toda la política de resarcimiento y de programas de apoyo a la insurgencia desmovilizada, pero especialmente la de población civil no combatiente, que fue sin lugar a duda la más afectada. Con ello se creyó que los acuerdos o compromisos de la paz estaban derrotados y que el país debía vivir sin la sombra de la insurgencia y todos esos demonios. Pero….
Resulta que la agenda de la paz sigue teniendo vigencia, le duela a quien le duela y le guste quien le guste. Y que el gobierno actual incluyó en su propuesta política durante la campaña, el cumplimiento de los acuerdos de paz que como señalo, son de Estado. No es casual, pues el propio Bernardo Arévalo actual presidente de la República, trabajó bajo la sombrilla de la paz, y por ello su estudio sobre el ejército tuvo los insumos necesarios pues en ese proceso participaron militares y excombatientes, así como otros sectores políticos y sociales; hay que decir que su estudio sobre el rol de los militares en la sociedad democrática en construcción y la nueva doctrina de estos, solo se explica con la paz firmada. Son hechos y están sólidamente documentados.
Pero más allá de estos datos sobre el proceso de paz, y no es mi intención como negociador de los acuerdos, hacer la historia de estos, pues eso ya lo escribí en par de libros, el nudo de mi planteamiento es recordar que hay temas que no se pueden entender sin los Acuerdos de paz y su calidad de compromisos de Estado. Adicionalmente la mayoría de los acuerdos tiene en su base temas de orden constitucional pues plantea en la negociación, temas torales de la recién inaugurada nueva constitución.
Es por la razón apuntada, que los acuerdos de paz y la constitución política del año 1985, si algo tienen en común es la urgencia de una democracia participativa, comunitaria en un país multicultural y con pueblos originarios históricamente marginados. Por ello no es nada casual que los artículos 66/70 de la Constitución política de la República -CPRG- y el acuerdo de identidad y derechos indígenas AIDPI, sean parte de una única reflexión que busca un país de iguales en derechos para todos sus integrantes. Es oportuno recordar que el AIDPI tiene en su formulación los temas que integran la declaración universal de los pueblos indígenas de la ONU.
Un primer tema en la lógica seguida por los acuerdos es el relacionado con la construcción democrática. El ello hay aspectos que nadie debe olvidar. La gran apuesta de los Acuerdos de Paz se encuentra en la construcción de la democracia real y participativa. La actualidad de nuestro país nos demuestra la debacle de las instituciones que integran una república democrática, que fueron durante años distorsionadas, vaciadas de contenido, convertidas en su antítesis. Por ello es urgente recuperar las instituciones del país luego de la a privatizadora que se instaló en la oligarquía conservadora de este país. Por ello la destrucción de la dirección de caminos y la creación de empresas se La construcción y Provial para los amigos de Arzú. Son ya 30 años de medrar de la teta del estado con obra de pésima calidad y con exigencias crecientes. Pero lo más grave es el tema de la justicia.
El ejemplo de la justicia es absolutamente claro. Eso explica la presencia de la Cicig que puso al descubierto todas las falencias del sistema judicial. Tanto en la parte de la investigación como en la impartición de justicia. Ni hablar del sistema penitenciario que hoy es un infierno inenarrable. Es la razón por la cual en los acuerdos de paz existe la demanda de una profunda reforma judicial y el tema es parte de los compromisos de estado que se encuentran con claridad en el decreto legislativo 52-2005. A la fecha no hay nada ni nadie, salvo los corruptos, que digan que no se trata de una reforma indispensable.
Por el contrario, hoy estamos frente a la denominada Lawfare, que permite el uso y el abuso de la persecución judicial que vivimos en la actualidad. No insisto en ello pues es de sobra conocido. Pero si voy a insistir en que la reforma judicial es propuesta por los Acuerdos de paz, que son obligaciones de Estado y que están engavetadas.
Por ello hablo de los acuerdos de paz incumplidos por el Estado. Pues son ya varios gobiernos que mantienen en la gaveta esos compromisos. Espero que Bernardo Arévalo haga lo contrario pues se trata de parte de sus compromisos voluntarios y previos a su victoria electoral. Hoy solo se le demanda cumplir con ello.
Otro tanto ocurre con los compromisos de la educación. Al grado que ahora se plantea e impulsa como urgencia nacional, programas de comprensión de lectura pues los estudiantes llegan a la secundaria sin saber leer y escribir con claridad y a la universidad sin una adecuada comprensión de lectura. ¿Dicho esto, uno se pregunta en dónde habrá quedado la reforma educativa comprometida en los acuerdos de paz? Insisto, es algo pendiente si queremos que la educación sea una herramienta para la construcción de una sociedad democrática.
Pero esa reforma no se limita a la contratación de más profesores o a la construcción o remozamiento de escuelas, va más allá y tiene que ver con los contenidos educativos y en dar una visión real del país real a los estudiantes. No es algo fácil de hacer pues en ello se requiere una gran voluntad política y nuevas inversiones ya que una reforma como la prevista que busca adaptarse a un país multicultural y a una nueva visión de la realidad nacional, no podría nunca hacerse con recursos que se regatean o se esconden a la educación. Es una gran reforma pendiente y absolutamente necesaria.
Es lo mismo con la salud. Sin un sistema único de salud pública y sin recursos frescos para la misma no sería posible pensar en el bienestar de la población. Tiene que ser una reforma o fortalecimiento de la salud con pertinencia cultural, y con la relación armónica de los esfuerzos del estado en el ministerio de salud pública -Minsap- y el IGSS y que en ello no queden por la libre, todos los esfuerzos invertidos en la salud privada, pues debemos aceptar que no existen ciudadanos de primera y de segunda: hay ciudadanos plenos o no hay. Hay en este aspecto el recordatorio indispensable de que, tanto en la salud como en la educación, el rol del estado es indispensable. Quizás el mejor recordatorio de ello nos lo dio la pandemia, que, a pesar de todos los problemas, nos dejó la certeza del rol fundamental del estado en la gestión de la salud nacional, como a nivel mundial fue revelado.
Siguen como temas pendientes, lo relacionado con la seguridad ciudadanas con la mejora de la PNC que surge con la firma de la paz, así como el rol del ejercito que debe convertirse en un factor que influya en la estabilidad democrática, sin los excesos que ya conocimos en otros momentos. Y por supuesto está el tema del desarrollo rural. Hoy existe el acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Arévalo y las más representativas organizaciones campesinas. Y este acuerdo, es una aproximación tímida si se quiere a los compromisos de la paz. Con dificultades y muchas incomprensiones de funcionarios, especialmente en la cartera de agricultura, el proceso de implementar este compromiso debe continuar y, sobre todo, dotarlo de más recursos y voluntad política para que de forma efectiva contribuya al desarrollo del país.
Solo por razones de precisión política me parece que en el tema de la reconciliación hay puntos que siguen levantando polvo. Uno de ellos es el tema de la amnistía que fue pactada para todo lo que se consideraba delitos políticos aún conexos con otras denominaciones, pero, mucho ojo: que los crímenes de lesa humanidad y genocidio no prescribían y debían ser juzgados si existía denuncias de afectados. Eso se encuentra en el artículo 8 de Ley de reconciliación señalada.
Por ello parece demasiado superficial la postura de muchos políticos y ciudadanos en general que con la mano en la cintura dicen que los acuerdos son recuerdos. Y lo mismo podría decirse de la constitución política de la República y si se estira el argumento, se podría concluir que la independencia es algo tan viejo y que finalmente, seguimos siendo una colonia, aunque con otros contenidos y nuevos parámetros. Pero el tema de fondo es que agenda de la paz que son compromisos de Estado sigue a la espera, pero no de la buena voluntad de un gobierno sino de hechos que reflejen deseo de un país mejor, con acciones concretas y seria voluntad política. Aún no es tarde para ello.
