La institución presentó otro caso de defraudación tributaria de la empresa Construcción y Transportes Espina, denuncia que se deriva del caso B410 presentado por la SAT hace algunos meses. La investigación apunta a la empresa que suscribió cuantiosos contratos con el Estado pese a no tener personal ni maquinaria para realizar los proyectos.
Por Prensa Comunitaria
En una continuación de las investigaciones del caso B410, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dijo que una empresa constructora habría defraudado al fisco durante los últimos cuatro años por Q6.9 millones.
La compañía en cuestión se denomina Construcción y Transportes Espiba, que es propiedad de Douglas Alexis Espinales Baños. Esta corporación recibió, entre 2021 y 2024, un total de Q133.5 millones de instituciones públicas.
Sin embargo, apenas reportó impuestos ante la institución que dirige Marco Livio Díaz, quien en una conferencia de prensa expuso que Espinales Baños registró varios domicilios fiscales y comerciales inexistentes.
Debido a estas irregularidades, la SAT procedió a inhabilitarlo e impidió que siguiera emitiendo facturas. Después de esta situación, el superintendente refirió que el empresario se acercó a las oficinas tributarias para, ahora sí, reportar un domicilio real.
El espacio de operaciones notificado es una residencia en la colonia Eureka, en la zona 21 capitalina. En el lugar, además, funcionan otros tres contribuyentes que también suscribieron contratos públicos millonarios.
Los vínculos de las empresas que negociaron con la estructura B410
No obstante, el funcionario mencionó que no son las únicas inconsistencias identificadas alrededor de Construcción y Transportes Espiba, ya que esta no tenía activos que demostraran su capacidad empresarial.
Por ejemplo, se le asignó la construcción de un centro de salud en Santa Rosa, el mejoramiento de un instituto en Escuintla y el remozamiento de un hospital en Jutiapa sin siquiera tener trabajadores.
Es más, Díaz manifestó que tampoco tenía maquinaria y, aunque pudo haber justificado que subcontrató su uso, esto lo hizo con empresas de la red B410, que poseían entre su inventario este tipo de bienes ni personal para trabajar proyectos.
Por lo anterior, la SAT presentó una denuncia penal en contra de este contribuyente. En tanto el Ministerio Público dijo que la Fiscalía de Delitos Económicos es la que se encargará del expediente.
Dificultades
El superintendente informó que de la estructura B410 fueron inhabilitadas 30 compañías, pero la Sala de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria y Aduanera las reactivó. El fallo fue apelado ante la Corte de Constitucionalidad, la cual podría emitir su fallo el jueves próximo.
Caso B410: gobierno anuncia destituciones, rotaciones de personal y denuncia
