La investigación del caso B410 ha llevado a desarrollar diferentes herramientas para que los ministerios identifiquen anomalías previo a adjuntar compras públicas.
Por Isela Espinoza
En un plazo de tres semanas, la Comisión Nacional Contra la Corrupción prevé presentar acciones como denuncias, inhabilitaciones e incluso rotación de personal en los diferentes ministerios luego de un análisis que realiza para determinar patrones de corrupción. Estas medidas se darán en seguimiento al caso B410 presentado en agosto por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El director ejecutivo de la Comisión, Julio Flores, resaltó que junto al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) han desarrollado diferentes herramientas y acciones de prevención para fortalecer el sistema de adquisición pública entre ellas: actualizaciones en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) en el que se inscriben a personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para ser habilitadas como contratistas o proveedores del Estado.
La investigación de la SAT identificó un entramado de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones a través del incumplimiento en el pago del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Entre las anomalías destacan que estas empresas comparten al mismo representante legal y contador y se relacionan con una off shore en Belice. Al menos 200 de ellas reportaron un mismo domicilio ubicado en la colonia BANVI, en la zona 7 capitalina.
La investigación detalló que, de 2021 a 2024, las empresas han reportado ventas por Q6 mil 400 millones, pero que solamente han pagado Q26 millones de impuestos, lo cual dio origen a una serie de auditorías en las que detectaron el entramado de corrupción que incluía la falsificación de documentos para constituir empresas, la negociación entre las mismas para la evasión de impuestos, la negociación con proveedores del Estado y la venta directa a instituciones públicas y municipalidades.
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“Cada ministerio está realizando las labores de verificación a través de los órganos de control interno”, dijo Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión. Además, dijo que dentro de los resultados tangibles se encuentra el Tablero Interactivo de las Compras Públicas presentado a finales de agosto por el Minfin.
Según explicó Flores, este tablero expone datos relevantes sobre las adquisiciones públicas de baja cuantía con el objetivo de facilitar herramientas para la auditoría social. “Recordemos que el caso B410 consistió precisamente en compras de baja cuantía que escapaban de la rendición de cuentas ordinarias que se hace en el Estado”, comentó el funcionario.
Además, destacó que también en conjunto con el Minfin desarrollan un sistema de alertas que mostrarán comportamientos inusuales en las adquisiciones. Flores reiteró que el caso B410 enseñó a las instituciones públicas que hay comportamientos fácilmente detectables como la identificación de los representantes legales, sedes fiscales o contadores que comparten una serie de empresas.
“Hay casos en donde los plazos para presentar las ofertas son extremadamente reducidos, eso también es un serio indicio de que los sistemas de alertas se tendrán disponibles como un parámetro para que las autoridades puedan tomar decisiones de manera informada”, agregó. Este sistema de alertas será lanzado antes de finalizar el año.
Agregó que la propuesta de Ley de Beneficiarios Finales será enviada en octubre a la Secretaría General de la Presidencia para que el presidente considere viable o no presentarla al Congreso. La iniciativa busca luchar contra la evasión fiscal, prevenir el lavado de activos y la corrupción.
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