Por Miguel Ángel Sandoval
Lo primero que hay que decir, es que, con los anteriores gobiernos, por lo menos los últimos tres, los salarios no han tenido incrementos reales. El último gobierno los tuvo congelados. Solo al final acepto a regañadientes un incremento que no bastó para recuperar los años de salarios congelados. Y todo ello por el mecanismo de la comisión tripartita de salarios, algo que se utiliza a nivel mundial pero que solo en nuestro país es un instrumento inservible. De una parte, por la postura empresarial y de otra por la mediocridad de los últimos gobiernos que no han hecho nada por modificar esta ingrata situación.
Mientras en nuestros países vecinos, los incrementos han sido sostenidos, incluso en niveles del 20% o más. Me refiero a El Salvador y México. Todo porque en Guatemala la política empresarial tolerada por los gobiernos ha sido de sobreexplotación de la mano de obra pues de acuerdo con el Cacif, esta es la única forma de ser competitivos. A ello se agrega la baja y mala tributación que es la otra herramienta de la competitividad de los empresarios. Bajos salarios y pocos impuestos. Esa es la fórmula.
Para el caso de México y El Salvador, la política de aumentos salariales corre parejo con la oferta de servicios educativos y de salud, con mejor calidad y con la idea que son un derecho ciudadano y una obligación del estado, que es lo que no existe en nuestro país. A ello se suman los bajos precios en muchos productos, como los huevos o las medicinas. Y eso es demostrable desde donde se analice. Y si sumamos los servicios del transporte público, bien se puede ver que la calidad de vida es mejor que en nuestro país. Esa diferencia en la calidad de vida es el resultado de años gobiernos proempresariales y de empresarios voraces.
Hay sectores que se asustan cuando el gobierno, propone un incremento del 10% a los salarios, que siguen miserables. Especialmente si como es el caso, en este año como parte de la idea de desestabilizar al gobierno de Arévalo, los precios se han incrementado de forma abusiva, hasta un 35% o más, pero, sobre todo, de manera insostenible. Y no es cierto que sea inflación importada. En la práctica habitual uno de los recursos más utilizados es el del alza al precio de la gasolina. Pero ahora vemos que el mismo se mantiene más o menos tranquilo, pues incluso ni con la guerra en medio oriente los precios han subido a nivel mundial.
La canasta básica, y esto se debe dejar muy claro, tiene un costo que supera los salarios mínimos o miserables como señalo, que incluso con el incremento del 10%, no es suficiente para su adquisición. Ni hablar de otros temas como la salud, el vestido, la recreación. Estamos lejos de ello.
En el caso de estos países, México y El Salvador, la idea de partida es que con mejores salarios se mejora las condiciones de vida de la gente, o, dicho en otras palabras, se mejora la gobernabilidad del país; se incrementa el consumo y con ello se animan sectores económicos. Paralelamente con mayor consumo se incrementan la recaudación de los impuestos y con ello las finanzas públicas. Como se puede ver, con el alza de salarios hay procesos de gana-gana en varios aspectos. Salvo en la visión empresarial chapina que opina todo lo contrario pues siguen atados a la lógica de la finca decimonónica y los productos de agroexportación que no requieren ni les hace falta el mercado interno.
Es obvio que en este esquema de aumentar el consumo y mejorar las finanzas públicas por la vía del incremento salarial, debería de haber, por lo menos en los sectores de cámaras comercio y servicios un claro apoyo a la decisión gubernamental. Mientras que sectores agrícolas, especialmente el negocio de la caña o los palmeros, deben oponerse, pues todo es para la exportación. Y como sabemos, el consumo no es de su interés, salvo el del alcohol. Por suerte son sectores que cada día son menos decisivos en la economía nacional
Es una buena ocasión para que el movimiento de trabajadores organizados y no organizados tenga la claridad para poder apoyar el anuncio de la medida de gobierno, que aún si es limitada, pone en la mesa nacional la necesidad de incrementar los ingresos de los trabajadores. Por supuesto que no se me escapa que la canasta básica supera con creces el nivel de los salarios actuales e incluso, el alza planteada, aunque ya es un avance en relación con los últimos tres gobiernos. Y aún estamos lejos de lo que plantea la Cepal sobre la renta básica a la que todo ciudadano debe tener acceso.
Agregaría que durante el gobierno de Alfonso Portillo se llegó a plantear un alza salarial del 16%, y por ello el rechazo empresarial a esa gestión. Ahora con el anuncio del gobierno de Bernardo Arévalo de incrementar el salario en un 10%, aun si es limitado y que debería de ser ajustado de forma anual, será necesario dotar de dientes y unas a la Diaco para impedir aumentos en los productos de la canasta básica, y será indispensable fortalecer el ministerio de trabajo, así como la exigencia del cumplimiento de los derechos laborales consignados en el Código de Trabajo y los Convenios internacionales.
En otras palabras, el aumento salarial anunciado, debe ser complementado por otras medidas de política pública que sean claras y no dejen lugar a dudas. Entre ellas, las leyes laborales, los derechos del consumidor, una mejora sustancial en la educación pública, en los servicios médicos, en donde de forma especial se debe trabajar en el fortalecimiento del IGSS, liberándolo de la corrupción y ampliando sus responsabilidades. Asimismo, esperamos un mejor servicio de transporte público para beneficio de las mayorías. En todo caso, al anuncio de un incremento salarial es una buena noticia.
