Con la renuncia de uno de los ministros más allegados al gobierno del presidente Bernardo Arévalo, Félix Alvarado, y un nuevo embate del Ministerio Público, se desata una nueva crisis en el Ejecutivo.
Si bien la opción que ven algunos analistas es la destitución de la fiscal general por parte del presidente, afirman que es algo que no hará. Y la salida a la crisis no es fácil e incierta.
Por Regina Pérez
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo se encuentra en un punto crítico de su administración tras la renuncia del ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, financista y fundador del partido Semilla. El panorama no es optimista y no existe una salida fácil ante lo que parece ser una nueva crisis desatada entre el Organismo Ejecutivo y el Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras.
Algunos analistas lo llaman como la primera crisis de Estado del gobierno del presidente Arévalo y aunque afirman que una de las salidas es que destituya a Porras, todo parece indicar que no lo hará.
La salida del ministro Alvarado, quien asumió en mayo pasado tras la destitución de Jazmín de la Vega, se suma a otros frentes de desgaste sufridos por el gobierno desde un inicio, como la investigación en contra de funcionarios clave, las bajas en su gabinete y la detención de Ligia Hernández, integrante del partido Semilla, quien era directora del Instituto de la Víctima, entre otros.
La elección de Cortes tampoco fue favorable para el gobierno. La alianza realizada por la banca Semilla en el Congreso de la República logró pocos frutos y la bancada no logró colocar a ninguno de los tres candidatos del partido de gobierno en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La renuncia de Alvarado, según una fuente que habló con Prensa Comunitaria a condición de omitir su nombre, es el primer problema político en la administración de Arévalo que se origina a causa de la fricción interna del gobierno y no por la disputa con el MP, que ha aprovechado de manera sagaz, la oportunidad que se le presentó luego de visibilizarse los desacuerdos entre la bancada y la Presidencia.
El domingo 17 de noviembre, dos días después de conocerse la renuncia de Alvarado, el MP allanó su apartamento y se llevó su pasaporte. El caso está bajo reserva, pero se sabe que la diligencia es por uno de los casos en los que Alvarado está siendo investigado, por una denuncia de lavado de dinero.
La acción de la Fiscalía llevó a la Presidencia a reaccionar la noche del domingo, con una conferencia de prensa en la que el presidente Bernardo Arévalo anunció dos acciones: una de ellas, que el Ministerio de Gobernación no ejecute órdenes ilegales del MP; y la segunda, citar nuevamente a la fiscal general, Consuelo Porras, con carácter urgente, para que explique su participación en la generación de esta crisis del sistema de justicia, en especial sobre el rol que ha tenido en la instrumentalización de la justicia y persecución de periodistas.
Sin embargo, el 19 de noviembre nuevamente la fiscal general se ha adelantado a las pretensiones del Ejecutivo y ha sido ella quien ha enviado una invitación al presidente para reunirse y abordar lo expuesto en la conferencia del 17 de noviembre.
Para Rigoberto Quemé, el primer alcalde indígena de la ciudad de Quetzaltenango y académico, desde el momento en que Semilla y Arévalo ganaron la Presidencia, la crisis no ha cambiado y plantea que su llegada al poder significó perder el control de Q120 mil millones, que es el Presupuesto del Estado, “que era la canasta de regalos, dinero, obras, puestos y todo para ellos”.
La pérdida de control de ese presupuesto ha significado para los partidos tradicionales y los corruptos aliados al llamado “Pacto de corruptos” una afrenta. “Ellos están tratando de desgastar al gobierno para que a la próxima no tengan ni una posibilidad, no tienen partido, no tienen bancada, la gente lleva una impresión equivocada de la crisis que tiene el gobierno, todos esos factores subliminales garantizan que dentro de tres años ellos vuelvan al poder otra vez, a controlar el presupuesto público”, afirmó.
La primera crisis de Estado
José Alfredo Calderón, analista político, califica lo que está ocurriendo actualmente como “la primera crisis de Estado”. Los sucesos que ocurrieron anteriormente se podrían calificar como momentos difíciles, sin embargo, ahora se involucra institucionalidad del Estado “y a la debilidad, ya no solo en el imaginario del guatemalteco, sino debilidad en términos reales, agreguemos el miedo del gabinete”, indicó.
Esto luego de la detención de Ligia Hernández y la salida Félix Alvarado, quienes supuestamente eran cercanos al presidente pero que han sido los dos primeros funcionarios víctimas de las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras. El gabinete de Arévalo se nutre de tres tendencias, la primera, la gente del partido; la segunda, otras que aceptó en su gabinete porque muchas no querían aceptar un cargo; y en tercer lugar, el grupo que colocaron las élites, entre ellas el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), cuando asumió Jazmín de la Vega, integrante del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF).
“Es un barco que tiene varios capitanes y el comandante, pero horriblemente”, indicó Calderón. Para el analista, la conferencia que se ofreció la noche del domingo no fue preparada (el Ejecutivo cambió la hora a último minuto tras inicialmente convocar al medio día del lunes) y se notaba el cansancio en el rostro del presidente.
El perfil de Arévalo es el de un diplomático y, así se ha comportado, pero en la Presidencia de la República se necesita un estadista, afirmó Calderón.
Clara Arenas, directora ejecutiva de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) coincide con esta afirmación, señalando que el presidente pareciera preferir una estrategia de negociación, una línea respetable. “Pero con el paso del tiempo uno ve el peligro de que lo que se logró con la elección del gobierno se pueda ir perdiendo con una acción debilitante, prolongada, de parte del MP”.
Una de las fuentes también indica que es la primera vez que el gobierno tiene un problema que puede desembocar en una crisis pues considera que todavía no lo es, “pero sí es un problema muy importante que se desencadena por los desacuerdos internos entre la Presidencia y la bancada Semilla”.
Rigoberto Quemé: el error de Arévalo es no destituir a la fiscal general
Sobre la detención de Hernández y el allanamiento en la residencia de Alvarado, Quemé manifiesta que la sociedad debe ver los factores de poder, como el CACIF, que es el verdadero poder real, aunque no está organizado como partido político.
Los empresarios, inversores, deberían analizar que la persecución criminal está haciendo mucho daño “porque no es justo que a un ministro que recién sale lo estén persiguiendo de esa manera y las acusaciones contra Giammattei estén durmiendo el sueño de los justos, eso no le conviene a un Estado de derecho”.
Sin embargo, Rigoberto Quemé indica que en círculos de pensamiento plantean que el error que tiene el presidente Arévalo “es no apretarse los pantalones y destituir a la fiscal, aún en contra de las opiniones de la Corte de Constitucionalidad (CC), porque la Constitución es clara, el presidente puede destituir a la fiscal con causa justificada y ahora hay muchas causas justificadas, está poniendo al borde del fracaso al Estado guatemalteco con ese mal uso de la justicia”, indicó.
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No hay salida fácil
En el panorama actual es claro que los ataques contra el gobierno desde el Ministerio Público de Consuelo Porras y otros sectores que buscan desestabilizarlo continuarán.
Para Clara Arenas, de AVANCSO, no hay un solo escenario fácil porque no existen los mecanismos en los diferentes poderes del Estado que permitan un funcionamiento fluido y ahora se observa una gran dificultad para avanzar.
“En ningún caso veo un escenario fácil, he leído análisis que hablan de que se busca que el presidente no logre terminar su periodo presidencial, pero sí ese es un objetivo, me parece irresponsable y me parece que puede estar hablando de una incapacidad de hacer política al más alto nivel y nos estamos quedando en los intereses más mezquinos”.
Calderón manifiesta que el contexto no favorece al gobierno y plantea tres escenarios. El primero, que Porras no asista a la reunión y el intercambio entre los dos continúe.
Luego el Organismo Judicial (OJ) podría adherirse a la preocupación por el debilitamiento institucional, por eso se habla de la crisis del Estado. Lo anunciado por Arévalo, de que el Ministerio de Gobernación no acatará órdenes ilegales, no solo es desobedecimiento al MP sino a los jueces, que, aunque se sabe que son mafiosos no excluye que sea la legalidad perversa que hay, afirmó.
Si la tensión sube de tono la CC podría intervenir y llamaría a la cordura institucional para que cada quien cumpla la ley, pero con énfasis en el debilitamiento del presidente con lo que Porras confirmaría quién manda en el país.
El segundo escenario, es que Arévalo cumpla su promesa de no acatar órdenes y es procesado por el MP en tanto los demás organismos del Estado como el OJ cierran filas, por lo que puede iniciarse un proceso de destitución por varios delitos relacionados a incumplimiento de deberes e irrespeto a la Constitución.
Y el tercer escenario, podría ser que Arévalo mantiene su retórica sin agresividad permitiendo que la fiscal general siga mandando y queriendo negociar que no sigan los ataques contra los demás funcionarios y que el Ejecutivo tampoco diga o haga nada. “Se convierte en una figura decorativa”, afirmó. Dentro de este mismo escenario también podría pasar que el presidente renuncie junto a sus allegados generando una crisis sin precedentes.
Calderón concluye señalando que “no hay un escenario adicional donde él repentinamente se ponga los pantalones y se arriesgue a destituirla”.
Quemé considera que el gobierno debe afianzarse en algunos sectores conservadores, aunque lo critican por eso, entre ellos un sector progresista del Ejército y del CACIF, que no está graníticamente unido ya que dentro de la misma Cámara hay tensiones.
Pero también la población deberá poner de su parte. “Yo creo que le corresponde más que al gobierno defender la democracia, la población urbana, la población ladino mestiza, como que no les importara el deterioro del Estado guatemalteco, yo creo que ahí hay una cuestión que trabajar”, manifestó.
Dirigentes indígenas como el exdiputado Leocadio Juracán consideran que si Arévalo no asume su liderazgo y no se apoye con la población seguirá la falta de gobernabilidad en el país que se reflejan en las destituciones, renuncias, cambios en el gabinete, empujados por la presión de sectores mafiosos en el país que persisten y ponen trabas a este gobierno.
“Hace falta responderle a la población con más contundencia, con más beligerancia y con más decisión para que se respondan las demandas estructurales que no se están tocando, apenas se pretende abrir espacios y estos grupos que han tenido el control económico y político en el país no están cediendo nada”, opinó el dirigente.
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