Un informe elaborado por 25 organizaciones de la región, entre ellas Prensa Comunitaria, evidencia las estrategias utilizadas por gobiernos y otros actores para silenciar el trabajo periodístico, entre los cuales se destacan la estigmatización, el uso de la tecnología para controlar y vigilar a los periodistas y el acoso judicial.
Por Regina Pérez
Organizaciones que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos en siete países, incluyendo Prensa Comunitaria, publicaron el informe Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas que evidencia tres tipos de censura indirectas que generan preocupación y agudizan la amenaza de ejercicio libre de libertades básicas en un Estado democrático.
Estas amenazas son estigmatizaciones, formas de control social facilitadas por las nuevas tecnologías con capacidad de vigilancia y la judicialización de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público que se han aplicado en contra de periodistas de siete países, entre ellos México, El Salvador, Guatemala, Argentina, Brasil, Colombia y Nicaragua.
El documento recoge información proporcionada durante la audiencia regional sobre afectaciones a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas liderada por las 25 organizaciones, durante el 190° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tipos de censura identificados en la región
Uno de los primeros tipos de censura identificados es el uso sistemático de lenguaje estigmatizante en contra de los periodistas.
“Los gobiernos, cada vez más antidemocráticos, se sirven de una retórica abiertamente hostil hacia el periodismo, retomada y amplificada en las redes sociales por sus seguidores”, dice el informe.
A pesar de las diferencias políticas o ideológicas que pudieran distanciar a los mandatarios de la región, la mayoría comparten la hostilidad con la prensa, que generalmente se inicia cuando son candidatos y se agudiza cuando llegan al poder.
“Es habitual que este tipo de señalamientos y calificativos estigmatizantes sean difundidos en entornos digitales como las redes sociales, haciendo uso tanto de perfiles personales, que se utiliza para fines oficiales, como de cuentas propiamente estatales”, advierte.
Las organizaciones han identificado que este tipo de publicaciones detonan campañas de desprestigio y violencia digital que pueden llegar a incentivar agresiones contra la prensa que trascienden de los escenarios digitales como lesiones físicas, amenazas, vigilancia ilegal, obstrucciones al trabajo periodístico, entre otras.
Para las organizaciones, son preocupantes dos tipos de ataques de mandatarios y altos funcionarios públicos. Primero, los ataques individualizados que, de manera reiterada y sistemática, elevan el riesgo para las y los periodistas.
Segundo, las estigmatizaciones dirigidas a organizaciones que defienden la libertad de prensa. Tanto el presidente Gustavo Petro, en Colombia, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en México, han arremetido contra organizaciones que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos.
Narrativas de desprestigio contra la prensa
Otra estrategia es el debilitamiento moral, al implantar narrativas de desprestigio en contra la de prensa. Esto ha sido implementado en el gobierno del presidente Nayib Bukele en el cual las redes sociales han sido la piedra angular de la promoción de desinformación y campañas de desprestigio gubernamental en contra de periodistas.
En El Salvador, la red social X ha llegado a ser la única fuente oficial de acceso a la información pública referente a temas de interés como el “Plan de Control Territorial”. Ante la falta de contrapesos a Bukele, los medios independientes que obtienen información verificada a través de fuentes no oficiales se vuelven automáticamente enemigos tanto del Ejecutivo como de simpatizantes.
Conformados en red de trols y bots atacan el prestigio de medios y periodistas independientes como Focos, Factum, MalaYerba, La Brújula, Alharaca y El Faro.
Esta situación ha obligado a medios a considerar el exilio o exiliarse como una vía para mantener su labor.
En el caso de Guatemala, durante la administración de Alejandro Giammattei, se identificaron cuentas de bots y netcenters vinculadas a la Fundación contra el Terrorismo y a ese gobierno.
Esas cuentas no solo promovían este tipo de narrativas sino que en algunos casos también difundían información de juicios de interés público mantenidos en contra de personalidades como el periodista Jose Rubén Zamora o la exfiscal anticorrupción, Virginia Laparra. El extremo llegaba al punto de que horas antes de sus audiencias se divulgaba información que supuestamente se encontraba en reserva.
En Honduras, se difundieron notas falsas contra periodistas y se intentó involucrar a dos periodistas con el crimen organizado.
Control social facilitadas por tecnologías digitales
Las organizaciones también identificaron que el segundo eje de silenciamiento a la prensa es el robustecimiento de mecanismos de vigilancia social. En países como México, El Salvador y República Dominicana se ha identificado el mal uso del programa de espionaje Pegasus, de NSO Group, para vigilar a periodistas.
En 2022, Citizen Lab y Acces Now realizaron una investigación conjunta en colaboración con Front Line Defenders, SocialTIC y la Fundación Acceso, confirmando 35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil de El Salvador cuyos teléfonos fueron infectados con Pegasus, entre julio de 2020 y 2021.
La vigilancia tuvo lugar mientras las organizaciones o periodistas informaban sobre asuntos delicados relacionadas con la administración del presidente Bukele.
Incluso se cuestiona a las empresas que proveen tecnología de sistemas de reconocimiento facial en países latinoamericanos por su presunto involucramiento en la vulneración de derechos humanos como las chinas Dahua y Hikvision, que operan en México.
Las capacidades de monitoreo y predicción de comportamientos comprometen el ejercicio de libre asociación, expresión y reunión pacífica, una vez que permiten el perfilamiento de las personas y facilitan su criminalización, refiere el informe.
Judicialización de la libertad de expresión
Las organizaciones exponen que las demandas judiciales se han convertido en una herramienta de estigmatización que vulnera a las víctimas.
Para silenciar hechos de interés público, políticos, funcionarios públicos y del poder judicial abusan de las herramientas legales dirigidas a no discutir violaciones de derechos.
“El uso de herramientas legales para activar denuncias penales, civiles y administrativas en contra de periodistas, defensores y activistas de derechos humanos, así como colectivos y organizaciones de la sociedad civil está siendo un modus operandi para silenciar, no solo las voces sino el trabajo que estas realizan con la intención de socavar el escrutinio y el debate público” refieren.
Estas demandas y denuncias resultan ser largos y extremadamente costosos para periodistas, defensores y activistas de derechos humanos, así como para las organizaciones que los apoyan, pues tienen la intención de desgastarlas de manera psicológica, patrimonial e incluso aumentar las amenazas e intimidaciones que ponen en riesgo no solo a quien recibe sino a personas indirectas, como familias, amigos y colaboradores.
El acoso judicial también tiene un efecto negativo al propiciar una cultura de la autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho del público a la información y el papel ciudadano en la democracia.
Las organizaciones han registrado el aumento del acoso judicial en la región. En Guatemala, la Red Rompe el Miedo ha documentado que al menos 26 personas salieron del país, entre 2022 y 2023, debido al alza de procesos de judicialización. Entre estos se encuentran los periodistas de elPeriódico, luego de que fueron involucrados en uno de los casos de Jose Rubén Zamora Marroquín.
El caso de Zamora es descrito como emblemático pues su juicio ha sido politizado desde el inicio como represalia a su labor periodística y ha sido instrumentalizado para promover la autocensura y el silenciamiento de otros periodistas.
Como conclusiones, las organizaciones indican que estas tres medidas de censura generan un contexto fáctico y jurídico que sustrae en la práctica cualquier garantía para ejercer la libertad de opinión y de expresión sobre asuntos de interés público, ya sea desde la ciudadanía, las personas defensoras de derechos humanos.
Además señalan que estas medidas generan un altísimo impacto negativo en el sistema democrático y en el ejercicio de la gama más amplia de derechos humanos en la región. “Esta estrategia amplia de censura pone en riesgo la institucionalidad en su todo y el cierre del espacio cívico”, advierten.
Por ello piden a la CIDH para que llame la atención de los Estados de la región al respecto, pronunciándose sobre la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos frente a las medidas estatales de censura, entre otras medidas.
Acceda al informe completo acá:
