Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo ofrecen recuperar la institucionalidad de la máxima Corte, como parte de su campaña con miras a las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios el próximo 4 de febrero para elegir representante titular y suplente de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC). Los dos abogados pertenecen a bufetes privados y rechazan los señalamientos de vínculos de índole política.
Prensa Comunitaria
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) es una de las cinco instituciones que elige magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC). Este 4 de febrero se realizará la votación para que los profesionales del derecho y ciencias afines elijan a las autoridades para la máxima Corte.
Los grupos que resuenan en el ámbito jurídico y en la opinión pública son los liderados por el exrector Estuardo Gálvez; el magistrado Néster Vásquez; el juez Mynor Moto todos con vínculos a personajes y grupos señalados por corrupción, así como sancionados por Estados Unidos por socavar la democracia.
Un cuarto grupo lo representan Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, los candidatos impulsados por el grupo Unidad por la Democracia, que en la elección a representantes en la postuladora para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resultaron ganadores al elegir a Gregorio Saavedra y Edgar Ortíz como comisionados.
Lemus y Bermejo han sobresalido tras el apoyo de distintos sectores principalmente los colectivos universitarios, sociedad civil y quienes reconocen a Lemus como parte de la oposición hacia las acciones de criminalización del rector de facto Walter Mazariegos, ya que ha apoyado a los estudiantes criminalizados tras las denuncias de la instalación del fraude en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
La propuesta con la que llegan a esta elección es la recuperación de la institucionalidad de la CC. La institución ha estado vinculada en los últimos años a fallos que se han dedicado a favorecer actores procesados por corrupción o con intenciones políticas, alejándose del objetivo por el que fue creada. La máxima Corte fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 (instalada en 1986) con el propósito de ser el órgano permanente para garantizar la defensa del orden constitucional y proteger los derechos establecidos en la Constitución de la República.
Bajo este concepto, la Planilla 1 de Unidos por la Democracia ha colocado en su discurso que su objetivo es recuperar los fallos “apegados a derecho”.
“Queremos devolverle el brillo a la Corte, volverlo un Tribunal de Derecho, que no se considere un órgano político, un actor del ajedrez, no tenemos patrocinadores, ni un grupo detrás, no somos gestores de nadie, y pueden tener la certeza que van a tener, tal vez amigos en la Corte, pero que van a hacer su trabajo”, aseguró Bermejo en uno de sus discursos dirigidos a los agremiados afines a su candidatura.
Por aparte, Lemus asegura que una forma de recuperar la institucionalidad de la Corte será “no cediendo a las intimidaciones, ni a las maledicencias”, asegurando que no habrá negociaciones.
De acuerdo con el equipo de trabajo de Bermejo y Lemus, la dupla ha recibido apoyo de agrupaciones estudiantiles como la Comisión Movimiento Mujer, Movimiento Dignidad Sancarlista y de agrupaciones de sociedad civil como Justicia Ya.
La agrupación que impulsa a los abogados, Unidad x la Democracia, está integrada por organizaciones gremiales que expresan su intención por respetar los principios democráticos, entre ellas Alternativa Independiente, Juristas por Guatemala, Asociación Rubén Contreras Ortiz (ARCO), Adelante y se han sumado otras organizaciones como Fuerza Profesional, Cooperativa CICAPROVERAL, Abogadas y abogados independientes.
“Es una campaña en mi contra”
Casi en la recta final de la elección, se hizo público a través de las redes sociales de los abogados Juan Francisco Foppa y Francisco Rivas de estar vinculada con el partido Vamos del expresidente Alejandro Giammattei debido al contrato de asesoría de su hija Sara Lemus Conde con el diputado César Augusto Rodas Cardona hasta el 2024, hijo del alcalde de Sanarate, con el mismo nombre, conocido como “Sonoro” a quien se le recuerda por besar en un acto público a Miguel Martínez.
“Mi hija tuvo una relación de trabajo de ocho meses con él (diputado César Rodas Cardona). Estuvo dando servicios de índole administrativo y técnico. No tenía nada que ver con la bancada, no tenía ninguna relación de índole política. Y mucho menos me iba a comprometer a mí. Mienten cuando dicen que ella tiene actualmente esa relación”, dice al referirse al video del abogado Juan Francisco Foppa.
La abogada se desmarcó de la relación con la agrupación política que llevó al gobierno a Giammattei. “A mí me sorprende que primero y en forma simultánea se me acusa de ser miembro o por lo menos partidaria de Semilla y del Ejecutivo y ahora también de la oposición”, afirma y reitera “A mí no se puede señalar ningún vínculo con ningún partido político. Ni antes ni después”.
A la exmagistrada de la CSJ también se le asocia con el sector privado derivado de su trabajo como litigante para el corporativo Globalcorps, tras el cobro de una deuda millonaria al MP por la adquisición de un equipo de cómputo en el año 2000. La deuda ha querido recuperarse desde hace varios años y sigue vigente. El Ministerio Público tiene la obligación de realizar el pagó, de acuerdo a las resoluciones jurídicas existentes, explica Lemus.
Sin embargo, la abogada señala que usar este caso para una campaña en su contra es tergiversación. Hace un recordatorio que la deuda debe ser solventada por las autoridades del Ministerio Público que estén en turno.
En 2018, se le asignó presupuesto al ente investigador para el pago de las deudas pendientes, pero no se ejecutó. “No solo no les pagan (a la empresa), sino que resulta que son los malos de la película y sus abogadas las peores”, declaró.
La información que ha salido en su contra Lemus la atribuye a una “campaña negra” y a una serie de acciones, como el acoso recibido en redes sociales anunciando su muerte.
La férrea contienda por ocupar un puesto en la CC tiene a la población con opiniones divididas en busca del candidato o candidata idónea.
Con la abogada Lemus va como candidato a magistrado suplente Luis Fernando Bermejo, quien también litiga en lo privado, es especialista en Propiedad Intelectual y experto en Derecho Internacional de Inversiones y Arbitraje. También ha sido docente en la Universidad Francisco Marroquín (UFM). Bermejo afirma que no existe ninguna denuncia penal en contra de quienes forman la planilla 1, por lo que cualquier señalamiento es solo parte de la campaña para hacer que se desista de la participación en las próximas elecciones de segundo grado.
La exmagistrada Yolanda Pérez, contemporánea de Lemus, con 49 años de trayectoria, les ha expresado su apoyo considerándolo una opción para mantener la democracia y regresar la institucionalidad a la máxima Corte, así lo expresa en un video publicado en las redes sociales de la agrupación.
La consigna de ambos para las votaciones del miércoles 4 de febrero es recuperar la CC, cuestionada por fallos que han favorecido más por compromisos políticos que “apegados a derecho”
Lemus responde a los cuestionamientos y asegura: “Mi ejecutoria es una ejecutoria que se puede comprobar. Tengo una carrera de 49 años en las que no se tiene ningún cuestionamiento”, indica.
La abogada insiste que estas amenazas a su integridad no son armas que la hagan desistir de mantenerse en una “lucha que se considera justa”.
La elección que elegirá a los dos magistrados, titular y suplente, representantes del CANG dejaron de ser de interés solo de agremiados. La elección reaviva la conversación sobre la necesidad de que la Corte de Constitucionalidad debe ser un espacio en el que se garantice la defensa del orden constitucional y no un espacio de representación de los intereses políticos o de grupos de poder.
Lea los siguientes perfiles de los candidatos y candidatas a la misma elección:
