Integrantes del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) indicaron que la criminalización impulsada por el Ministerio Público (MP) y deficiencias legales fueron las acciones que provocaron el fracaso de la elección.
Por Simón Antonio Ramón
El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), una iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, presentó su informe final sobre el proceso de elección de Cortes en Guatemala. En la actividad se contó con la participación de la relatora especial de las Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.
Este panel está integrado por Antonia Urrejola, abogada chilena, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y excanciller de su país; Ana Lorena Delgadillo, abogada mexicana, actual integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria; y Sidney Blanco, abogado salvadoreño y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En su informe, señalaron que este proceso se desarrolló en un contexto adverso, por la criminalización y la persecución desde el Ministerio Público (MP) contra los jueces, magistrados y la sociedad civil.
El proceso y sus matices
“Guatemala fracasó en su intento por lograr una elección de altas cortes de acuerdo con estándares internacionales”, dijo Antonio Urreloja. “Hemos visto que el proceso de integración y selección de las nóminas de candidatos ha sido considerado por diversos actores de la sociedad guatemalteca, incluso el más deficientes desde la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación”, señaló la excanciller chilena.
“Vemos una persistencia de influencia negativa de sectores y actores que se han apoderado de este proceso, en voz de las autoridades indígenas, la justicia en Guatemala está cooperado y sigue estando cooptado”, señaló Antonio Urrejola.
Un de las situaciones que afectó el proceso, dijeron, es la criminalización impulsada desde el Ministerio Público (MP). “La real interferencia inadecuada que ha existido en el proceso de selección en Guatemala es justamente el uso pervertido del derecho penal y la criminalización. Ahí está la verdadera interferencia indebida en el proceso de elección de altas Cortes”, dijo Ana Lorena Delgadillo.
“En el tema de ejercicio de transparencia y fiscalización, lo que nosotros pudimos observar, se siguieron tomando acuerdos previos a las sesiones y no había discusiones claras en el Congreso y las comisiones de Postulación, lo que primó fueron acuerdos gremiales, partidistas que estaban basados en intereses gremiales, partidistas y personales, lo último que se privilegió fue que realmente que haya una elección de acuerdo a la honorabilidad, mérito y experiencia”, afirmó Delgadillo.
La relatora de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados señaló la importancia de la transparencia de este tipo de procesos. “En Guatemala la ley de nominaciones de comisiones establece un proceso transparente y objetivo para garantizar la participación ciudadana a través de la auditoría social”, señaló.
“Nos pareció muy grave, el hecho de que los comisionados, órganos electores, a su vez se constituyeran como candidatos para los cargos que ellos mismos iban a proponer”, dijo el abogado salvadoreño Sidney Blanco.
Recomendaciones
El grupo de expertos recomiendan reformas legales en la elección de Cortes. Tanto en la integración de las comisiones de postulación como la prohibición a las y los comisionados a postularse a magistrados de Cortes; la ampliación del periodo de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Que las elecciones se hagan progresivas y escalonadas, que haya una sustitución total de la CSJ porque con cambios totales se aprovecha la inexperiencia se pueden producir cambios drásticos en la interpretación de la norma, produce inseguridad jurídica en su interpretación y en periodos de adaptación”, dijo Sidney Blanco.
Ana Lorena Delgadillo, señaló que la reforma judicial debe tener también efectos en las acciones del MP, además debe estar acorde a la diversidad de la población. “Es importen que los pueblos indígenas seña un actor crucial en la reforma legal del sistema de justicia”, dijo.
“Guatemala cerca del 50 por ciento de su población son mujeres, no se puede pensar una reforma al sistema de justicia que no integra a las mujeres en todos los aspectos, entonces, la reforma que se tiene que hacer tiene que tener perspectiva de género”, dijo Ana Lorena Delgadillo.
Antonia Urrejola dijo que la comunidad internacional debe jugar un papel muy importante como informes periódicos y las misiones de observación para el cumplimiento de los estándares internacionales. “La labor que se ha cumplido en esta fase tiene que continuar desde la perspectiva de la comunidad internacional, hace un llamado para informes periódicos, la CIDH recientemente hizo una visita in loco para evaluar el sistema judicial”, señaló la exintegrante de la CIDH.
Se avanzó mucho en el proceso
A la presentación del informe asistió Raúl Arévalo, rector de la Universidad de Internaciones y expresidente de la Comisión de Postulación para magistrados de Cortes de Apelaciones. Al preguntarle su opinión sobre las observaciones del PEI, planteó que tiene una mirada distinta al respecto.
“Me dolió mucho escuchar que la comisión fue un fracaso considero que no es tal, creo que al contrario se avanzó bastante al menos hasta el punto donde terminaron las comisiones de postulación y se entregó la lista de finalistas al Congreso”, dijo.
Arévalo valoró la presencia y la participación de las organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de elección Cortes. Cuando se le consultó como se ha respondido a cerca de los requerimientos del MP sobre el proceso de elección de Cortes, dijo que ha sido citado a rendir declaración sobre cómo se desarrolló el proceso.
