Diputados sancionados por EE.UU. y de los partidos Todos, Vamos, Valor, Unionista, Elefante, Cabal y Cambio están entre los congresistas que respaldaron al fiscal regional metropolitano, Dimas Jiménez y Jiménez, señalado de ser cercano a Consuelo Porras. Sin embargo, ese apoyo no fue suficiente y quedó fuera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por Regina Pérez
El Congreso de la República eligió este jueves 3 de octubre a los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia. Dimas Jiménez y Jiménez, el fiscal regional metropolitano de Coordinación del Ministerio Público (MP) señalado de ser parte del círculo de confianza de la fiscal general, Consuelo Porras, no consiguió los suficientes votos para una magistratura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Jiménez fue el decimoquinto candidato en ser votado por los diputados pero solo consiguió 65 votos a favor y 94 en contra. El fiscal regional fue uno de los pocos fiscales allegados a Porras que consiguió entrar a las nóminas para una magistratura. En el caso de Salas de Apelaciones, quedó fuera de la lista.
Entre los diputados que votaron por él están Felipe Alejos, sancionado por el gobierno de EE.UU. con la Ley Magnitsky por interferir en el proceso de elección de magistrados de CSJ y Apelaciones en 2019; y Boris España, incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.
De igual forma votaron por él los diputados de Vamos, Allan Rodríguez, Héctor Aldana, Edgar Reyes Lee, Greysi de León, Shirley Rivera, Carlos Calderón, Napoleón Rojas, Duay Martínez, Cándido Leal y Sofía Hernández, sancionada por el gobierno de EE.UU. en la Lista Engel por su implicación en corrupción significativa y obstrucción de investigaciones, entre otros legisladores de esa bancada.

Los diputados del Partido Unionista, Álvaro Arzú y Lucrecia Palomo también le dieron su voto a Jiménez, así como los congresistas Nadia de León, hija de Sandra Torres, electa con el partido Nosotros; Esduin Jerson Javier, alias “3 Kiebres”, de Cambio; y Sandra Jovel, electa con el partido Valor y una de las más férreas opositoras del gobierno de Bernardo Arévalo.
La diputada Helen Ajcip, de Elefante, señalada de haberse reunido con el empresario Gustavo Alejos en enero de 2020 para negociar la elección de magistrados en las Cortes, fue otra de las que votó por el fiscal. La congresista Vivian Navarijo, independiente, cuya familia mantiene un control territorial en San Marcos se sumó para darle su apoyo al fiscal.
Los diputados de CABAL, Julio Portillo, Neftalí Chocooj y Pablo Cifuentes y Víctor Bonilla de Viva, están entre los congresistas que le dieron su beneplácito.
La candidatura de Jiménez fue objetada por las autoridades indígenas pero el impedimento fue rechazado.
Los que continúan en la carrera por las Salas de Apelaciones
Entre los fiscales que continúan en el proceso para la elección de magistrados de Salas de Apelaciones están Manuel Antonio Aldana Paiz, de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, que tuvo a su cargo la investigación por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las elecciones de 2023.
También Cindy Gloria Euler, amiga de la fiscal Cinthia Monterroso, quien ha criminalizado a operadores de justicia. Euler es fiscal de sección de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del MP.
En este proceso, la mayoría de fiscales afines a Porras quedaron fuera de las nóminas.
La elección de magistrados de Salas se realizará la próxima semana en el Congreso.
Porras interfiere en el proceso
Al igual que en el proceso de elecciones generales, la fiscal general Consuelo Porras está interfiriendo en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
El pasado 1 de octubre, el auxiliar Elser Alexander Luch García envió una carta a los comisionados de la Postuladora de Apelaciones solicitando un informe circunstanciado a raíz de una denuncia del candidato Luis Arturo Quiñónez Gil, presentada en un Juzgado de Primera Instancia que le otorgó un amparo para ser incorporado al proceso.
El 28 de septiembre la Postuladora se reunió pero no conoció la resolución, lo que a juicio del MP significa que se negó a cumplir con la orden judicial, por lo que requirió esos documentos.
Por otro lado, el 2 de octubre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que dirige Rafael Curruchiche, solicitó información a las dos Comisiones de Postulación sobre una solicitud del embajador de la OEA en Guatemala Diego Paz Bustamante, para reunirse con los decanos que integran las Postuladoras.