Los representantes de los países miembros de este organismo conocieron el informe preliminar de la Misión de Observación asignada para la elección de Cortes en el país. Además, la relatora para Guatemala de la CIDH resaltó la importancia de la independencia judicial para detener los casos de criminalización de varios sectores de la población.
Por Isela Espinoza
La Misión Especial de Observación del proceso de elección de las Cortes de Guatemala dio a conocer, este miércoles, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el informe preliminar en el que señala su preocupación por la votación final de los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones prevista para el jueves en el Congreso de la República.
Rosa Celorio, quien dirigió la Misión, fue la encargada de exponer los desafíos que ha enfrentado el proceso de renovación de Cortes. “Hemos detectado un ambiente en donde hay una desconfianza en el sistema de justicia y en el proceso de elección. Esto ha sido acentuado por actos de corrupción”, dijo Celorio.
La diplomática expuso que en el documento expresan su preocupación por un conflicto de interés de postulantes, que no solo integraron las Comisiones de Postulación, sino también presentaron su perfil para ser seleccionados como magistrados. Otras de las preocupaciones de la Misión es la forma en la que se calificó cada expediente a través de la tabla de gradación y que dejó fuera considerar la honorabilidad de los aspirantes ya que se incluyeron en la nómina a personas señaladas de corrupción, amaño de cortes o antidemocráticos.
“También nos preocupa el rol limitado de la sociedad civil y de autoridades indígenas a pesar que activamente han vocalizado muchas de sus preocupaciones dentro de este proceso y también la carencia general de medidas para incentivar la candidatura de mujeres, pueblos indígenas y otros grupos discriminados”, manifestó Celorio.
El martes, en la sesión plenaria del Congreso no estaba incluida en la agenda la votación final de los aspirantes a magistrados. Pero algunas bancadas anunciaron que plantearían conocer la elección mediante una moción privilegiada. Pero, ante la falta de quorum la sesión quedó suspendida, dijo el presidente del Legislativo, Nery Ramos.
Diputados opositores expusieron que la ausencia de más de 100 diputados se debió a una falta de consensos entre las bancadas para elegir a los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. En este contexto, la Misión de la OEA pidió al Congreso cumplir con su responsabilidad de elegir a jueces y juezas con honorabilidad, capacidad e idoneidad. “Que esta elección no responda a intereses partidarios o externos y que se lleve a cabo de forma transparente”, agregó Celorio.
Entre los 26 candidatos para una magistratura de la CSJ, el Congreso deberá elegir a 13 como magistrados titulares. Sin embargo, en el listado figuran personas vinculadas a los casos Comisiones Paralelas 2014 y 2020, operadores políticos señalados de corruptos o que podrían responder a poderes fácticos.
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Tras la participación de la jefa de la Misión de Observadores, la comisionada y relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, también intervino con observaciones preliminares de la visita in loco que realizó una delegación en el país entre el 22 y 26 de julio.
Pochak dijo que observaron los impactos del debilitamiento de la democracia, la independencia judicial y la situación de los derechos humanos. Según recordó, en la visita la Comisión señaló que la criminalización es motivada por “un ánimo de represalia” por parte de estructuras de poder contra personas operadoras de justicia y que el “uso abusivo” del sistema penal se extiende hacia personas de distintos sectores de la población.
“Esta criminalización generalizada evidencia la falta de independencia judicial”, enfatizó Pochak por lo que, según resaltó, el proceso de renovación de las Cortes para el periodo 2024-2029 representa una oportunidad para “asegurar un sistema de pesos y contrapesos propios de los sistemas democráticos”.
La comisionada pidió el cese de la criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes y catedráticos universitarios, funcionarios públicos y líderes indígenas al recordar que cinco días después de la visita in loco, el Ministerio Público convocó una conferencia de prensa para mostrar su rechazo a las recomendaciones de la CIDH y lanzó nuevas acciones legales contra el Gobierno por haber colaborado con la Misión. “Esto mantiene a la democracia guatemalteca y al Estado de derecho en riesgo”, manifestó Pochak.
#LuchaPorCortes ⚖️Consejo Permanente de la OEA recibe informe preliminar de la Misión de Observación para elección de Cortes en Guatemala
Rosa Celorio, miembro de la Misión, expuso que en los perfiles que conforman las nóminas de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia y Salas… pic.twitter.com/Qvm5f6Tuc5
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 2, 2024
Compromiso con la justicia
Los representantes permanentes de Guatemala, Colombia y Bolivia intervinieron previo a la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Claudia Escobar, de Guatemala, recordó que el presidente Bernardo Arévalo fue quien solicitó la presencia de la OEA en la elección de las Cortes tras el acompañamiento que dieron los miembros el año pasado en defensa de la democracia y la transición de mando.
“Guatemala atraviesa un momento decisivo en el fortalecimiento a su sistema judicial. La corrupción y manipulación han erosionado profundamente la confianza pública en nuestra justicia. El informe de la misión ha reiterado que la independencia judicial es un prerrequisito esencial para la protección de los derechos humanos y la preservación del Estado de Derecho”, dijo la representante de Guatemala ante la OEA.
Escobar es una exmagistrada de Salas de Apelaciones que, en el 2012, se negó a aceptar las presiones del entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera, para que emitiera un fallo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Escobar denunció a Rivera, quien más tarde fue procesado y condenado a 13 años de cárcel por cohecho y tráfico de influencias por haber intentado presionarla, ofreciéndole a cambio su reelección para ejercer en esa Corte.
Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia ante la OEA y quien también fue relator para Guatemala, expresó haber sido testigo de los desafíos a los que se han enfrentado los jueces independientes, al recordar la trayectoria de Escobar que fue premiada en el Congreso de EE. UU. por la Fundación Nacional para la Democracia por su lucha contra la corrupción.
Vargas celebró el despliegue de la Misión de Observación ya que, según dijo, el derecho a una justicia imparcial e independiente es fundamental. “Es importante que reflexionemos en torno a dos grandes males que se ciernen sobre la democracia: la judicialización de la política. Pero hay uno peor que es: la politización de la justicia. Uno se hace para servir al otro y eso es supremamente grave”, declaró el diplomático colombiano.
Para concluir la sesión, celebrada en el salón Simón Bolívar en la sede de la OEA en Washington, D.C., Almagro también coincidió que ahora “es el turno del Congreso de aprovechar la oportunidad histórica para marcar un antes y un después en el país” para lograr una justicia independiente que también marcará el rumbo de la democracia.
En su mensaje, Almagro llamó a los diputados a elegir a los aspirantes con perfiles honorables, comprometidos con la democracia y el Estado de derecho. “Esta elección no puede responder a intereses espurios de operadores políticos que desean cooptar las instituciones del país”, enfatizó. El diplomático uruguayo también reconoció el trabajo de observación que ha realizado la población, las organizaciones de la sociedad civil y autoridades indígenas en el proceso de postulación para que los nuevos magistrados asuman el próximo 13 de octubre como lo establece la Ley.
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