Por Juan Francisco Sandoval
La Constitución Política de la República estipula que la soberanía radica en el pueblo y este la delega en los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero al ser una democracia republicana y representativa esa representación está asignada a las autoridades.
En el caso del Ejecutivo y Legislativo, la elección de las altas autoridades es por sufragio popular, en elecciones que se desarrollan cada cuatro años, como ocurrió en el año 2023, y cuya toma de posesión se desarrolló entre el 14 y el 15 de enero de 2024.
Los funcionarios que desarrollan las labores del Ejecutivo y Legislativo son designados de distintas maneras por las autoridades electas, bien sea por nombramiento, designación y otras, que ya han desarrollado una carrera en las instituciones por medio de concursos de oposición.
En el caso del Poder Judicial, la situación es distinta. La designación de jueces y auxiliares judiciales la realiza la Corte Suprema de Justicia (artículo 209 constitucional), mientras las altas cortes tienen un proceso que involucra a distintas instancias.
Aquí es donde nos encontramos con un hecho que está en su punto nuclear en este momento, porque la ley suprema regula la manera en que se selecciona a las magistraturas de altas cortes, quienes deberán durar en sus cargos un lapso de cinco años.
Quizás con las mejores intenciones, luego del sismo que implicó la ruptura institucional del año 1993, en la reforma constitucional vigente desde 1994, la selección involucró a la Corte Suprema de Justicia, a representantes de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios y a los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país.
El involucramiento de la academia, se pensó en su momento, elevaría el nivel de rigor para la evaluación de los aspirantes a magistraturas, pero lejos de eso lo que vimos fue que se politizó la academia, como ha sido latente en la Universidad de San Carlos y proliferaron las facultades de derecho en universidades privadas “de garaje”.
Cada cinco años hemos asistido a críticas del involucramiento de actores externos al proceso, generando un tráfico de favores, que deberán ser pagados por los magistrados al instalarse en sus puestos, quebrantando preceptos que inspiran la justicia y por supuesto deben ser rectores de quienes la administran.
La Constitución de la República, como fuente de la organización estatal, preceptúa como principio rector de la justicia su independencia, pero las ataduras a fuerzas fácticas externas han convertido al sistema de justicia en una dictadura que emerge sobre dos actividades prácticas: impunidad para los graves violadores de derechos humanos y responsables de la gran corrupción, y es utilizada en forma implacable en contra de los detractores del sistema.
Para el año 2009, el comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, en forma constante hacía mención en sus apariciones públicas de un actor externo que manipulaba el proceso de selección, abordando el tema del “Rey del Tenis”, debido al otorgamiento de títulos de doctorado exprés en una universidad del extranjero, como mecanismo para atrapar a magistrados y aspirantes a magistraturas de la época.
Esto generó la aparición de un informe (sin mucho sustento, por cierto), denominado Jueces de la Impunidad que generó muchas opiniones al respecto de la intrusión de actores externos en el proceso de selección.
Para el año 2014, nuevamente hubo una serie de factores que evidenciaron la utilización del esquema que, cinco años antes, había hecho público Carlos Castresana.
En ese momento, Claudia Escobar denunció las presiones de las que estaba siendo víctima de parte del entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera, para resolver en favor del partido político al que pertenecía una acción constitucional de la que la magistrada Escobar formaba parte.
Este favor, lo pidió ofreciendo a cambio su voto y el de la bancada en el proceso de selección de magistraturas que estaba en ciernes. Finalmente, Gudy Rivera fue condenado por el delito de tráfico de influencias.
Esto apenas era una muestra de lo que las investigaciones estaban por mostrar. Unos años después el trabajo de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), demostraron ante la opinión pública y los tribunales la manera en que el magistrado Eddy Giovanni Orellana Donis, como representante el Instituto de la Magistratura, fue beneficiado con un apartamento por Sergio Roberto López Villatoro, el “Rey del Tenis”, denunciado unos años antes por Carlos Castresana, para que favoreciera determinada lista de magistraturas en el proceso de selección de 2014.
Fueron procesadas varias personas que participaron en la operación e inclusive fueron presentados antejuicios contra otros dos magistrados beneficiados: Carlos Rodimiro Lucero Paz y Marwin Herrera (quien ya falleció). La Corte Suprema de Justicia les protegió en múltiples ocasiones y recientemente todos los involucrados fueron absueltos por este sistema de justicia proimpunidad.
A la salida de la CICIG, en el año 2019, y como parte de ese proceso de selección de 2014, quedó en la FECI suficiente sustento para investigar la manera en que se negoció ilegalmente en el Congreso de la República la selección de los magistrados que se instalaron en 2014.
Fue en un hotel de la Ciudad de Guatemala, pagado por otro personaje, Gustavo Herrera, que los magistrados electos juraron lealtad, pero no a la Constitución y a las leyes, sino a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón. Y vaya que han cumplido su promesa de impunidad a estos actores.
Ya fuera la CICIG, en el año 2020, la FECI desarrolló una investigación en la que pudo establecer como Gustavo Alejos se convirtió en el operador alrededor del cual se definieron las listas para apoyar a quienes se instalarían en la Corte Suprema de Justicia.
La nueva corte debió asumir en octubre de 2019, pero debido a los atrasos en el proceso generadas por anomalías detectadas, era en febrero de 2020 que se entregarían las nóminas al Congreso de la República.
La antigua FECI documentó cómo para la realización de las listas desfilaron ante Alejos, comisionados de postulación, aspirantes a las altas cortes, políticos, diputados.
Esto generó que la fiscalía, para la primera fase, planteara un antejuicio contra 16 aspirantes, diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia y procesara a diez personas involucradas en el proceso.
Con la desarticulación de la antigua FECI la investigación fue truncada.
Aparte de las lecciones aprendidas, en la actualidad hay algo imprescindible de resaltar. Y es que verse reflejado al sistema dejó lecciones que se han vuelto a replicar en este proceso, y hemos visto cómo el sector que ha sido señalado de estar vinculado con la maquinaria de manipulación de cortes ha intentado a toda costa retrasar el proceso.
Finalmente, las nóminas han sido enviadas al Congreso de la República. Habrá entonces que analizarlas y ver qué ocurre con la correspondiente a la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con la información incautada en el allanamiento, efectuado en febrero de 2020, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, fueron localizados listados con marcas particulares que establecían qué grupo fáctico proponía a aspirantes de las cortes.
No era casualidad, porque los mismos listados fueron localizados en la residencia de la entonces comisionada Jennifer del Acqua, quien es la esposa de un líder gremial del suroccidente y abogado de Manuel Baldizón, Saúl Zenteno.
Y esa información también fue cotejada con los testimonios que rindieron a la fiscalía el mismo Gustavo Alejos, Olga López Alfaro y Jennifer del Acqua.
Analizada esa información, se podría establecer, que de la nómina de 26 aspirantes, por los menos 16 ya tenían compromisos establecidos con poderes fácticos en el proceso anterior:
Comprometidos con el grupo representado por la Corte Suprema de Justicia de Silvia Valdés: Luis Mauricio Corado Campos, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, Jorge Eduardo Tucux Coyoy, Carlos Rodimiro Lucero Paz, Igmain Galicia Pimentel.
Comprometidos con Estuardo Castellanos Venegas: Téodulo Idelfonso Cifuentes Maldonado, Clemen Vanessa Juárez Midence, Luis Mauricio Corado Campos, Jorge Alberto González Barrios, Gustavo Adolfo Morales Duarte, Wendy Angélica Ramírez López.
Compromisos con Estuardo Gálvez y su grupo: Flor de María Gálvez Barrios.
Compromisos con el grupo Luis Fernando Luis Ramírez en el colegio de abogados: Jenny Noemí Alvarado Teni.
Comprometido con decanos “disidentes”: Erwin Iván Romero Morales.
Comprometida con el grupo liderado por Saúl Zenteno: Vilma Rossana Reyes González.
Comprometida con Esteban Mollinedo y su facción de la defensa pública penal: Estuardo Adolfo Cárdenas.
Ahora habría que preguntarse si algo ha cambiado de un tiempo hacia acá, y si los compromisos distantes del ideal de justicia se sostienen, y si este precedente puede servir como insumo para que los diputados al Congreso realicen un último filtro que las circunstancias no permitieran que lo cumpliera a cabalidad la comisión de postulación.
