La elección del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue estancada, revelando así las profundas divisiones entre los magistrados. La pugna por el control de este órgano clave, entre Carlos Rodimiro Lucero Paz y Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, refleja no solo una lucha interna por el poder, sino también la influencia de redes que podrían debilitar la independencia de la justicia en Guatemala.
Por Nathalie Quan
A más de 10 días de celebrada la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones, la incertidumbre continúa con respecto a la elección del próximo presidente del Organismo Judicial. Actualmente, la Presidencia interina está a cargo de Carlos Rodimiro Lucero Paz, vocal primero, debido a que los 13 magistrados aún no han logrado un acuerdo sobre quién tomará el mando durante el próximo año.
El pasado 22 de octubre, la CSJ convocó una reunión extraordinaria que, a pesar de su corta duración —menos de 30 minutos—, evidenció la falta de consenso. La disputa se ha reducido a dos bloques: uno que apoya la candidatura de Lucero Paz, quien tiene el respaldo de cinco magistrados, y otro que respalda a Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, que cuenta con ocho votos a su favor. Para ser electo, el presidente de la CSJ necesita el apoyo de al menos dos terceras partes, es decir, 9 de los 13 magistrados. Mientras no se alcanza dicho consenso, Lucero Paz continuará en el cargo de manera interna.
Una lucha de poder con repercusiones más allá del ámbito judicial
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, comentó “la falta de acuerdo en la elección de presidente de la CSJ no es nueva, pero sigue siendo una anomalía”. Explicó que este tipo de estancamiento ha ocurrido en otras ocasiones, siendo un ejemplo clave el período de 2008-2009, cuando la corte tardó más de 8 meses en elegir a un presidente, lo que obligó a la Corte de Constitucionalidad a intervenir. “Lo que está sucediendo ahora, de que no se ha elegido a un presidente, es algo que ya ha ocurrido antes”, señaló. A lo largo de los últimos 15 años, este tipo de conflictos internos ha generado retrasos significativos en la elección del liderazgo de la Corte.
A pesar de la gravedad de la falta de consenso, Ibarra destacó que la ley guatemalteca tiene mecanismos para afrontar esta situación. En caso de no haber un presidente, el vocal primero asume el cargo de manera interina. Como actualmente, el magistrado Carlos Lucero está ejerciendo este rol, lo cual, según Ibarra, no tiene repercusiones graves en el funcionamiento de la corte.
Sin embargo, también señaló que, en términos de administración de justicia el presidente de la CSJ tiene una influencia importante en la gestión administrativa y financiera del Organismo Judicial. Esto incluye el manejo de un presupuesto multimillonario y la capacidad de contratar personal, lo que hace que el puesto tenga un peso político relevante.
En cuanto a las posibles consecuencias de no contar con un presidente titular, Ibarra enfatizó que no hay implicaciones graves inmediatas gracias a los mecanismos de la ley, pero es crucial que los magistrados lleguen a un acuerdo pronto para evitar mayores problemas en la administración del Organismo Judicial.
A pesar de la aparente normalidad dentro del organismo judicial, la falta de consenso y la necesidad de intervención externa reflejan una anomalía que preocupa a la sociedad guatemalteca.
La falta de consenso en la elección del presidente de la CSJ no se reduce a una mera disputa entre dos candidatos. Lo que está en juego es mucho más que un cargo: es la influencia sobre una de las instituciones más importantes del país. Tanto Lucero Paz como Contreras Valenzuela representan diferentes intereses dentro de la CSJ, y la elección del nuevo presidente podría tener profundas repercusiones en la administración de justicia en Guatemala.
Ibarra señala que, aunque la ley ofrece mecanismos temporales para la falta de liderazgo, es crucial que los magistrados lleguen a un acuerdo pronto para evitar mayores problemas en la administración de la justicia. Sin embargo, con candidatos cuyas trayectorias están marcadas por relaciones con actores cuestionados, existe una alta probabilidad de que esta elección perpetúe la desconfianza y debilite aún más la credibilidad del sistema judicial guatemalteco.
En este contexto, más que un fortalecimiento, la elección del próximo presidente de la CSJ podría profundizar las divisiones, minar la confianza en el Organismo Judicial y perpetuar la percepción de que el sistema sigue siendo un escenario de lucha entre redes de poder e influencias corruptas.
¿Quiénes son los candidatos?
Carlos Rodimiro Lucero Paz ha ocupado puestos en diversos departamentos del país, incluidos Suchitepéquez, Quetzaltenango y Guatemala. Durante 15 años ejerció como magistrado de la Corte de Apelaciones y más recientemente presidió la Sala de la Familia. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por controversias. En 2014, fue vinculado a Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis”, acusado de influir en el proceso de selección de magistrados. Asimismo, en 2018, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo señalaron por presunta implicación en el delito de cohecho pasivo, en el caso “Comisiones Paralelas 2014”.
Los cinco magistrados que apoyan a Lucero Paz son: Flor de María Gálvez, Flor de María García, Carlos Lucero Paz, Estuardo Cárdenas y René Girón.
Carlos Ramiro Contreras Valenzuela: la contraparte, actualmente, preside la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cargo que ocupa desde 2019. Anteriormente, presidió la Sala Tercera del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y fue viceministro de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de críticas. En 2011, la CICIG y el Ministerio Público (MP) lo recusaron por presunta falta de imparcialidad en un caso relacionado con el expresidente Alfonso Portillo. Además, su cercanía con figuras de poder durante su trayectoria ha generado dudas sobre su independencia judicial.
Ha sido vinculado a personajes del pasado gobierno, como el expresidente Alfonso Portillo, y se ha mencionado su cercanía con Néster Vásquez, señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020. Esto también pone en tela de juicio su capacidad para liderar con independencia.
Cuenta con el respaldo de: Clemen Juárez, Teodulo Cifuentes, Claudia Paredes, Jenny Alvarado, Gustavo Morales, Carlos Contreras, Igmaín García y Luis Corado.
Las atribuciones del presidente de la CSJ
El poder del presidente de la CSJ no es simbólico. Según el artículo 55 de la Ley del Organismo Judicial, el presidente tiene amplias facultades, que incluyen nombrar, ascender y destituir a funcionarios judiciales, emitir acuerdos y autenticar las firmas de los notarios, entre otros. Además, la figura del presidente tiene un peso significativo en la dirección estratégica del Organismo Judicial. Este poder administrativo, combinado con un salario mensual de Q103,975, desglosado en un salario base de Q79,000, un bono de Q1,600, una asignación profesional de Q375 y Q23,000 en gastos de representación, convierte al presidente de la CSJ en una figura clave dentro del sistema judicial guatemalteco.
