La Sala Segunda de Mayor Riesgo integrada por los anteriores magistrados, no aceptó la apelación especial que buscaba anular las condenas impuestas contra el exbinomio presidencial y otras personas, que se demostró eran parte de una red que defraudó al Estado con aproximadamente Q28.5 millones.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Mayor Riesgo rechazó las apelaciones especiales que plantearon acusados que fueron condenados por el Tribunal de Mayor Riesgo “B” por el caso de corrupción conocido como La Línea, un expediente que marcó el inicio de un intento por luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala. El caso fue investigado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval, ahora en el exilio.
Esa decisión judicial implica que se confirmen las sentencias dictadas en a los 29 implicados. De los cuales, 10 fueron absueltos y 19 condenados por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera.
Entre las condenas ratificadas está la del exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ambos fueron condenados a 16 años de cárcel más una multa de Q8 millones al haber sido encontrados culpables de los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita.
En la sentencia se estableció que ambos dirigieron una red que consensuaba acciones con funcionarios de diferente nivel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para lograr que diversas importaciones que ingresaban a Guatemala pagaran menos impuestos a cambio de sobornos.
Junto a ellos también se condenó a las siguientes personas: Mynor Eduardo Martínez Castellanos, Carlos Ixtuc Cuc, Juan Carlos Ávila Morán, Gilda Marina Maldonado García, Melvin Gudiel Alvarado, Julio Rogelio Robles Palma, Carla Mireya Herrera España, Osama Ezzat Azziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Julio César Aldana Sosa, Julio Stuardo González De León, Delfino de Jesús Morataya, Adolfo Sebastián Batz Rojas y Nazario Elpidio Arana.
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Por aparte se confirmó la sentencia que absolvió a Omar Franco y Carlos Muñoz, exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Las juezas establecieron que las pruebas aportadas por la fiscalía no acreditaron que ambos hubiesen colaborado con la estructura.
La sentencia
El 7 de diciembre de 2022, por unanimidad, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” resolvió que Baldetti y Pérez Molina ocupaban los mandos más altos dentro de la estructura de defraudación aduanera y determinó que, gracias a esta posición, obtenían la mayoría del total de sobornos de las aduanas, específicamente el 61 %.
Durante el debate, fueron claves las llamadas intervenidas, testimonios, documentación financiera demostraban la culpabilidad de los dos exfuncionarios, según las juezas. Esas pruebas, argumentaron, también evidenciaban cómo los dos avalaron la integración de nuevas personas en la estructura y cómo se reunían con mandos medios.
Además, hicieron ver que Pérez Molina y Baldetti crearon esa red a través del esposo de la exvicepresidenta, Mariano Paz, pues fue él quien los puso en contacto con Osama Asis Aranki, que ya dirigía una red de defraudación en las aduanas que semanalmente recaudaba Q9 millones.
Los acusados aún pueden acudir a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar casación, el último recurso que tendrán para buscar revocar la sentencia.
La estructura
Según la acusación de la FECI y la extinta CICIG, la estructura criminal defraudó el sistema de aduanas por más de Q73 millones. Durante el proceso fueron claves los testimonios de Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González alias “Eco”, dos personas cercanas al exbinomio presidencial que detallaron cómo operaba la red.
Según las pesquisas, la organización ajustaba de manera irregular el impuesto que debían pagar los contenedores al pasar por distintas aduanas del país y simulaba el ingreso de mercancías.
Luego el dinero recaudado ilegalmente era distribuido por medio de un sistema denominado “La Cola”, en el cual existía un monto establecido para cada persona.
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Un histórico hallazgo de corrupción
El proceso por defraudación aduanera, conocido como “la Línea”, fue uno de los casos más grandes de corrupción registrados en nuestro país. Esa investigación provocó un movimiento social que contribuyó a que el expresidente Otto Pérez Molina y la expresidenta Roxana Baldetti Elías renunciaran a sus cargos y enfrentaran a la justicia.
Cuando se dictó la sentencia, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” determinó que La Línea, entre marzo de 2014 y abril de 2015, recolectó Q28.5 millones en sobornos. De ese total, Q8.7 millones eran para cada uno de los altos mandos de la estructura, es decir, Pérez Molina y Baldetti Elías. Por esa razón las juezas les impusieron a los dos una multa equivalente a esa cifra.
Esa sentencia fue la primera condena para Pérez Molina y la segunda para Baldetti Elías. La exvicepresidenta ya había sido sentenciada a 15 años prisión por el caso denominado Lago de Amatitlán.
Por ese expediente también se acusó a los dos exfuncionarios de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, las juezas decidieron absolverlos por falta de pruebas. El tribunal argumentó que la fiscalía no había presentado pruebas que demostraran un incremento a su patrimonio a raíz de la defraudación aduanera en la que participaron. No hubo entrega de informes, reportes, documentos de banco que lo sustentaran, según las juezas.
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