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Créditos: Juan José Guillén
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

El 2, 3 y 4 de septiembre se registraron tres ataques hacia la actividad periodística. En los hechos están involucrados una persona inconforme sobre una publicación periodística, un alcalde y agentes de la Policía Nacional Civil.

Por Simón Antonio Ramón

En menos de una semana se han registrado tres ataques a la actividad periodística en Quiché, Izabal y Zacapa según el registro de Prensa Comunitaria y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

El 2 de septiembre, la APG informó sobre un ataque armado frente a la vivienda del periodista Carlos Monrroy, corresponsal del periódico Nuestro Diario en Zacapa. El ataque armado fue perpetrado por un vecino inconforme por una publicación del periodista, según los datos de la APG.

El segundo hecho ocurrió el 3 de septiembre en Ixcán, Quiché. El alcalde municipal Roberto Sub y algunos miembros de su concejo, no permitieron el ingreso del periodista maya Q’eqchi’ Joel Pérez, corresponsal de Prensa Comunitaria, a la reunión de la corporación.

“En la reunión del Concejo se iba a conocer el informe cuatrimestral municipal que debió presentarse desde principio de año, y también se iba hablar sobre el problema del bulevar que se quedó a medias”, dijo el periodista.

Cuando Pérez llegó al salón de sesiones un guardia del alcalde lo increpó y le dijo que no podía ingresar. “Uno de los argumentos del Concejo, que alcancé a escuchar en una discusión que tuvieron, es que señalan que se hacen publicaciones para cuestionar y no cuando se hacen cosas buenas”, dijo Pérez.

El tercer hecho se registró, este 4 de septiembre, en el municipio de Livingston, Izabal, cuando unos 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) pretendían realizar un desalojo en la comunidad Q’eqchi’ Río Tebernal, contra 36 familias que residen en el lugar. “La Policía me está diciendo que no puedo grabar ni tomar fotos”, señaló el periodista Juan Bautista Xol.

La APG en su comunicado señaló que “los periodistas, como cualquier ciudadano, se encuentran amparados por la Constitución Política de la República para ejercer libremente su profesión y por lo tanto no se debe permitir presiones o intimidaciones de ningún sector de la población por la práctica de este derecho humano”.

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