La familia del exasesor de seguridad sospecha que el Estado salvadoreño lo torturó. Su familia recibió prendas de vestir de Muyshondt con manchas de sangre tres días después del arresto. Mensajes de WhatsApp dan cuenta de que un subinspector de la Policía vinculado con espionaje político y antecedentes de tortura visitó a Alejandro Muyshondt antes de que lo enviaran a un hospital con una lesión cerebral, sin control de sus esfínteres y con sangrado anal.
Por Héctor Silva Ávalos
La bolsa con el cadáver que entregan a la familia de Alejandro Muyshondt, el 7 de febrero de 2024 en el Instituto de Medicina Legal de El Salvador, apenas pesa. “No parecía que tenía un cuerpo adentro”, cuenta un familiar del exasesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele a quien el gobierno había capturado seis meses antes. Pero el cuerpo está ahí. Uno de los forenses abre la bolsa para mostrar la cabeza y el rostro. Es él. Alejandro Muyshondt. Lo que queda de él. Es la primera vez que los familiares lo ven desde que el gobierno salvadoreño lo arrestó.
Cuando es capturado, el 9 de agosto de 2023, Alejandro Muyshondt pesa unas 205 libras y su salud es buena. Su aspecto el día en que lo arrestan, como se aprecia en dos vídeos grabados desde cámaras que él ha instalado en el vehículo todoterreno en el que viaja cuando los policías lo interceptan, es el de un hombre recio, alerta.
Los siguientes 183 días, Alejandro Muyshondt pasa detenido, bajo custodia de policías, médicos, enfermeras, funcionarios todos del Estado salvadoreño, empleados del Órgano Ejecutivo. Lo que ha empezado cuando lo detienen termina aquel día en que la familia recibe la bolsa plana con el cadáver. Allegados a la familia tienen una explicación de lo que ocurrió durante esos meses: “Me atrevería a decir que hubo negligencia médica y que Alejandro Muyshondt fue torturado”, dice uno de ellos. (La familia de Alejandro Muyshondt habló con este medio pero pidió que no se publiquen nombres específicos).
Durante su cautiverio, Alejandro pasa por dos delegaciones de la policía salvadoreña y dos hospitales estatales donde los médicos ahí empleados dan diagnósticos confusos alrededor de un accidente cerebro vascular, una de cuyas causas pueden ser golpes contundentes en la cabeza, y una meningitis (infección de la membrana cerebral) que unos días los doctores apuntan como una condición viral y otros como algo provocado por bacterias.
Muyshondt muere después de pasar tres meses sin apenas recuperar la conciencia luego de ser sometido a una craneotomía que los médicos del Hospital Saldaña de San Salvador, estatal, le practican de emergencia y de la que nunca se recupera. Además de esa cirugía, los médicos le abren el cráneo otras cuatro veces para drenar líquido sanguinolento producido por una hemorragia en el cerebro.
Antes de ser ingresado en el Saldaña, con el nombre de Jorge Álvarez, su nombre y apellido menos conocidos, Alejandro Muyshondt ha estado en el Hospital de Siquiátrico, también estatal. Una empleada de la delegación policial donde está detenido dice a la familia que lo han hospitalizado porque él se sentía mal.
El primer ingreso al Siquiátrico, sin embargo, coincide con visitas a la celda policial del subinspector Roberto Hernández Ramírez, alias Chirriplín, un oficial de inteligencia asignado a la seguridad de la Asamblea Legislativa bajo las órdenes de Ernesto Castro, presidente del congreso. “Chirriplín” es, según un informe de inteligencia policial en poder de este medio, uno de los oficiales de alto rango de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados por malos tratos a detenidos. De acuerdo con ese informe, Hernández Ramírez participó en operaciones de limpieza social y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Cuscatlán la década pasada, cuando ahí era alcalde Nayib Bukele. Este medio intentó contactar al oficial Hernández Ramírez y a autoridades de la Policía Nacional Civil pero no hubo respuesta.
Nunca en todo ese tiempo en que Alejandro Muyshondt está detenido y hospitalizado su familia puede verlo. El Estado le asigna un defensor público, César Mojica Pérez, a quien los familiares solo ven una vez en persona y con quien hablan por teléfono dos veces de forma breve. Ese abogado les dice que no puede hacer mucho por Muyshondt debido al régimen de excepción que el gobierno de Bukele decretó el 22 de marzo de 2022, que dura hasta ahora y el cual ha limitado los derechos constitucionales de defensa y debido proceso a decenas de miles de salvadoreños.
Luego de que un tribunal rechaza el 4 de diciembre de 2023 una petición de Patricia Álvarez, la madre de Muyshondt, para que a su hijo se le haga un examen médico -la mujer acude al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) para hacer el pedido-, el defensor público deja de contestarles.
A Alejandro Muyshondt el gobierno de Bukele, a través del fiscal general a quien el presidente controla, le ha montado una persecución judicial con un método que se ha vuelto común en El Salvador. Primero, dos medios de noticias falsas controlados por Porfirio Chica, un propagandista al servicio de la presidencia, publican notas acusando a Muyshondt de comprometer la seguridad del mandatario y de filtrar secretos oficiales. A partir de esas publicaciones, hechas sin fuentes de información verificables en notas que nadie firma, la Fiscalía monta un caso penal. Muyshondt es detenido el 9 de agosto de 2023 por un retén de al menos 12 policías y seis patrullas que lo esperan en las afueras de San Salvador, la capital.
Durante meses, antes de ser capturado, Muyshondt ha denunciado, ante funcionarios cercanos a Bukele e investigadores estadounidenses, la corrupción en el gobierno. Ha hablado con el secretario privado de la presidencia de un esquema de plazas fantasma y sobreprecios en el sistema penitenciario del país. Ha denunciado ante al menos tres personas del círculo presidencial, entre ellos el hermano del mandatario, la posibilidad de que Guillermo Gallegos, un diputado aliado del bukelismo, estuviese vinculado con el narcotráfico. También ha publicado, a petición del mismo Bukele según Muyshondt le ha dicho a otra funcionaria, gastos ostentosos de Ernesto Sanabria, el secretario de prensa.
Mucho antes de que lo capturen, entre finales de 2019 y principios de 2021 según se desprende de la documentación y audios en poder de este medio, Muyshondt ha llevado sus denuncias a media docena de personas muy cercanas al presidente. Le cuenta sus sospechas a Ibrajim Bukele, el hermano de Nayib, a Xavier Zablah, primo del mandatario y jefe del partido Nuevas Ideas, a Castro, el secretario privado, y a Sofía Medina, pareja de Zablah y secretaria de comunicaciones. El entonces asesor gubernamental también ha compartido información con la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad formada con agentes estadounidenses del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA) para apoyar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Ya entrado 2023, Muyshondt ha hecho públicas varias de las denuncias en sus redes sociales. Algunas de esas publicaciones, se entiende de conversaciones que el asesor ha sostenido con una funcionaria cercana a Bukele y con al menos uno de sus colaboradores, son avaladas y promovidas desde Casa Presidencial como una forma para forzar la salida de funcionarios que se han vuelto incómodos. Tal es el caso de Ernesto Sanabria, el secretario de prensa, uno de los hombres más poderosos del bukelismo y a quien Muyshondt acusa públicamente de vivir más allá de lo que le permite su salario y de recibir unos USD 400,000 al mes para operaciones políticas de la presidencia.
Muyshondt hace algunas denuncias públicas porque así se lo han pedido sus superiores. En una conversación con Sofía Medina, una de las operadoras más influyentes de Bukele, el asesor de seguridad dice: “Sofi… esto es igual a lo que me ordenaron que hiciera con Sanabria (para que supuestamente renunciara) …”, en referencia a acusaciones públicas de corrupción que Muyshondt ha hecho contra el secretario de prensa.
En esa conversación con Medina, Muyshondt también se refiere a una denuncia que ha hecho contra Erick García, un diputado del oficialismo al que ha acusado de vínculos con el narcotráfico. El caso de García, dice el asesor de seguridad nacional, es igual que el de Sanabria: han sido ventilados en público por petición expresa de una autoridad superior. Sofía Medina admite que eso es así, pero reclama porque las denuncias se han ventilado en redes sociales.
Esta plática con Medina ocurre el 2 de agosto de 2023, el mismo día en que la Fiscalía General de la República, controlada por Nayib Bukele, abre una investigación a Muyshondt motivada por las dos notas publicadas en los sitios de noticias falsas dirigidos por Porfirio Chica, el propagandista del bukelismo cercano a Sanabria, el secretario de prensa. Una semana después, Muyshondt es capturado. Seis meses después está muerto.
“Pueden rodar cabezas”
Después de todas las denuncias de corrupción, del paso por en una delegación policial donde recibe la visita de un oficial de la PNC señalado por maltratos y torturas y de una larga estadía en un hospital público, Alejandro Muyshondt, el hombre robusto que ha sido detenido en medio de una trama política que involucra al presidente Nayib Bukele y a varios de sus colaboradores más cercanos, es un cadáver maltrecho en una bolsa que apenas pesa.
“Vi el cadáver. Me impresionó todo. La delgadez de su cuerpo, múltiples punciones, moretones, suturas por doquier. La cirugía en su cráneo. Parte de su cerebro hueco. Su nariz, que no era así. Verle moretones en su boca, sus pies. Sus costillas. Todo. Parecía sacado de una película de terror”, cuenta un allegado de la familia.
Es muy temprano cuando, el 8 de febrero de 2024, la familia tiene las primeras sospechas fuertes de que Alejandro ha fallecido. En una cuenta de la red X, identificada como Agentes Azules, se ha publicado la noche anterior que el exasesor presidencial está muerto. Esa cuenta ha dado, antes, noticias sobre el caso de Muyshondt que terminan confirmándose. A eso de las ocho de la mañana, Patricia Álvarez, la madre de Alejandro, habla al conmutador del hospital Saldaña, donde su hijo ha estado ingresado desde septiembre de 2023 sin que ella lo supiera a ciencia cierta.
La mujer que contesta el teléfono en el conmutador del hospital dice que no sabe nada, que no puede adelantar información, porque el de Alejandro Muyshondt es un caso por el que “pueden rodar cabezas”. Patricia Álvarez suplica. La mujer se compromete a averiguar. El mensaje final llega a las 8:38 a.m. en un mensaje de WhatsApp: “Buenos días. Me dicen que sí, anoche falleció”. La respuesta de la madre queda escrita, con siete letras, en la conversación: “Dios mío”.
La familia llega a la morgue del Instituto de Medicina Legal, cerca del centro de San Salvador, entre las 10 y las 10:30 a.m. del 8 de febrero de 2024. Las reciben dos funcionarios, amables, pero nerviosos. Dos personas, piensan los familiares, que quieren acabar rápido con aquello. Los hacen esperar. Un policía, funcionarios judiciales, otro policía. Les dicen que hay que esperar a la funeraria. Pero el carro fúnebre está ahí. Cerca de él, una camilla con la bolsa plana que contiene los restos de Alejandro Muyshondt.
Los familiares saben que algo horrible ha pasado cuando ven la costura tosca que cruza el cráneo de Alejandro Muyshondt. También ven decenas de punciones en los brazos. Costurones de autopsia cruzando el pecho, el cuello. Hay también moretones. Y, a la vista, huesos fracturados. A la familia no le entregan resultados de autopsia a pesar de que al cadáver le han sacado algunos órganos. Como única explicación de ese cuerpo maltrecho, el Estado salvadoreño entrega dos actas de defunción; dos documentos que se contradicen.
En una de las actas, la firmada por Medicina Legal, dice que Muyshondt ha muerto por edema pulmonar, la misma causa de muerte que las autoridades salvadoreñas atribuyen en la mayoría de personas que han fallecido bajo sospechas de torturas, malos tratos o negligencia en las cárceles de Nayib Bukele, según un estudio de estas muertes hecho por la organización Cristosal. “En el mayor número de casos se consigna como consecuencia de muerte… edema pulmonar, entre otras. Debido a que las autoridades se niegan a proporcionar información sobre las autopsias -cuando se practican-, existen elementos suficientes para presumir que algunas de estas muertes estuvieron precedidas de violencia”, dice Cristosal en su informe “Un año bajo régimen de excepción, una medida permanente de represión y violación a los derechos humanos”.
En la otra esquela, firmada por el doctor Iván Leonardo Salcedo Padilla en el Hospital Saldaña el 7 de febrero de 2023 y asentada en la Alcaldía Municipal de San Salvador el 12 de ese mes, las causas de la muerte son varias: un accidente cerebro vascular, fallo multiorgánico, shock distributivo, entre otras. El 9 de septiembre pasado, la Organización de Naciones Unidas, a través de tres de sus oficinas para desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, pidieron explicaciones al Estado de El Salvador sobre el caso de Alejandro Muyshondt por temas como la falta de comunicación con la familia, la ausencia de autopsia y las contradicciones sobre la causa de muerte.
Después, de a poco, surge más información del encubrimiento hecho por agentes del Estado salvadoreño. Contradicciones. Medias verdades. Ocultamiento de información. Negligencia. Lo que ocurrió sobre los meses previos al día en que recibieron el cadáver en Medicina Legal infunde terror en los allegados de Muyshondt
Cuando ingresa al Hospital Saldaña, un centro especializado en atención neumológica, Muyshondt ya no puede valerse por su mismo, al menos para orinar y defecar. Desde el primer día utiliza pañales. Su estado de conciencia es, según el expediente médico, errático.
El estado del paciente nunca deja de empeorar en el Saldaña. En apenas un mes, desde que es ingresado el 27 de septiembre de 2023, la mitad izquierda de su rostro queda paralizada y apenas puede mover sus extremidades izquierdas. Casi todos los días tienen que alimentarlo porque él es incapaz de hacerlo. No se puede bañar solo y está sometido a fisioterapia. Para la segunda semana de octubre los médicos añaden el diagnóstico de afasia, que según literatura médica consultada es “la incapacidad de leer, escribir o articular lenguaje hablado, producida por lesiones varias en el cerebro”.
El diagnóstico inicial con el que Muyshondt es ingresado en el Saldaña refleja eso, una lesión cerebral. Es el primer apunte en el expediente: es referido del Siquiátrico con meningitis, lo que significa que su membrana cerebral está inflamada. Conforme pasan los días, el diagnóstico varía: los médicos apuntan unos días que la causa de la inflamación es viral y otras que es bacteriana, lo que pone en duda la causa real de la enfermedad. Lo cierto es que en solo unas semanas Alejandro Muyshondt, agobiado por una infección en el cerebro, apenas puede valerse por sí mismo.
La administración de medicamentos también parece errática en algunas ocasiones. A pesar de ser un hipertenso diagnosticado hay días en que los médicos no le proporcionan el antihipertensivo prescrito, incluso cuando la tensión arterial sube más allá de 150/100; también hay indicaciones de suministrarle morfina, lo cual suele estar contraindicado para pacientes con meningitis.
La segunda semana de octubre ocurre algo inexplicable. A pesar de que las anotaciones de esos días hablan de un hombre que “no logra articular palabra”, de que se repite el diagnóstico de afasia, se mantiene el uso de pamper y se agrava la pañalitis, de que hay “hemiplejía del miembro superior izquierdo” (no puede mover el brazo), y de que permanece esposado a los barrotes de la cama, los médicos a cargo valoran darle el alta.
Anotaciones de dos enfermeras y del médico Luis Enrique Castillo Palacios, hechas entre el 16 y el 17 de octubre, indican que hay “alta médica”, pero a la vez reiteran que se mantiene el diagnóstico de hemiplejía izquierda y que hay secuelas de evento cerebrovascular isquémico, es decir que la irrigación sanguínea del cerebro está bloqueada por un coágulo. Muyshondt, además, sigue sin poder controlar sus esfínteres, tampoco puede hablar ni comer por sí solo. A pesar de todo, ordenan el alta. Pero algo ocurre o al menos en el expediente médico queda consignado que algo ocurre.
Esta crisis coincide con una publicación hecha por El Diario de Hoy el 16 de octubre. El diario, citando fuentes hospitalarias, informa que Muyshondt ha sufrido un accidente cerebro vascular y que se encuentra en estado semi-vegetativo. Es la primera noticia pública sobre el estado del exasesor presidencial. El gobierno guarda silencio.
A las dos de la madrugada del 17 de octubre se presentan al cuarto en el que está Muyshondt en el Hospital Saldaña el “doctor García” y el “licenciado Mejía” acompañados de dos custodios para llevárselo. Una hora antes, sin embargo, el paciente ha defecado “espontáneamente en abundante cantidad”. Al ver eso, los custodios informan que pedirán instrucciones a sus superiores. A las 3:40 a.m., los guardias regresan con su respuesta: “Por indicación superior de autoridades no se podrán llevar al paciente…” Declaraciones como esta, de las que hay varias en el expediente, permiten establecer que los destinos de Alejandro Muyshondt no estaban en manos de los médicos que lo tratan y observan, sino de “autoridades superiores”.
En diciembre de 2023 y enero de 2024, dos médicos escriben las notas más largas sobre la responsabilidad última en el tratamiento que recibe el asesor presidencial. El caso, dice en un informe de medicina interna fechado el 19 de enero de 2024, “esta siendo manejado por autoridades de este centro y del ministerio de salud”. La nota en poder de este medio está borrosa, pero hay frases claras: “…ya que no se nos informa… y no podemos tomar todas las decisiones”. “Por indicaciones de dirección y subdirección… ya que es privado de libertad, se me informa que no se puede obtener más información de parte de familiares”.
A principios de noviembre, entre el 5 y el 6, empieza la última gran crisis médica de Alejandro Muyshondt cuando lleva ya casi tres meses bajo custodia del Estado después de haber pasado por bartolinas policiales donde recibió la visita de un oficial sospechoso de torturar a detenidos y dirigir operaciones de espionaje a periodistas y opositores.
La ruta hacia la muerte
Las anotaciones médicas hablan de un paciente, Alejandro Muyshondt, que no soporta el dolor en el estómago. Lleva semanas sujeto a su cama con grilletes en la mano y pie izquierdos. Este día, domingo 5 de noviembre de 2023, está incómodo desde la mañana y ha intentado deslizarse de la silla de ruedas en la que lo han puesto, también esposado.
Al día siguiente, el 6, un examen que habían ordenado los médicos revela que el corazón de Alejandro Muyshondt ha empezado a trastornarse debido a un tumor valvular mitral. Hay una infección cardíaca. Los flujos en la arteria coronaria derecha han empezado a disminuir y la presión sanguínea sube. El tumor “puede causar obstrucción valvular de la entrada o salida, tromboembolia, arritmias o trastornos del corazón.”
Cuando amanece el martes 7 de noviembre, los médicos anotan cuatro diagnósticos: hipertensión arterial, tumor valvular mitral (corazón), sospecha de cardio infección y accidente cerebrovascular tromboembólico.
Durante dos días, desde el domingo 5, el personal médico ha intentado hacer una Tomografía Axial Computarizada, el examen conocido como TAC, para determinar qué ocurre en el cráneo y cerebro de Muyshondt. Durante 48 horas no pueden hacerlo porque no hay “permiso para movilizarlo”. Cuando finalmente el TAC se realiza y los resultados llegan, el 8 de noviembre, las noticias son alarmantes. El coágulo en el cerebro con el que Alejandro Muyshondt ha llegado al Hospital Saldaña ha crecido, se ha desplazado y empieza a obstaculizar el flujo del torrente sanguíneo. Los médicos ordenan abrirle el cráneo; la primera operación se realiza ese día.
Es aquí donde, de acuerdo con protocolos médicos y a lo que manda la legislación internacional en casos de detenidos, los médicos del Hospital Saldaña de San Salvador tendrían que haber solicitado permiso al paciente o a su familia para hacer la cirugía. Nada de eso ocurre. En una ocasión, en diciembre de 2023, una enfermera anota que Muyshondt es sometido a una operación “sin consentimiento informado de riesgo y beneficio”.
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes exige, en sus artículos 10 y 11 que “las decisiones médicas importantes, como cirugías, deben ser comunicadas a los reclusos y, en su caso, a sus familiares”. En total, Muyshondt es sometido a ocho cirugías. De nada de eso es informada la familia.
A partir de la primera craneotomía toma el control el doctor Iván Leonardo Salcedo Padilla, quien al final será el médico que firme el acta de defunción en el Hospital Saldaña. El doctor Najarro, un neurocirujano, realiza todas las cirugías cerebrales.
Lo que sigue después en el expediente médico es un relato incoherente en el que, de pronto, aparece un diagnóstico de cáncer estomacal sin mayores explicaciones. Este diagnóstico surge después de una hemorragia provocada por una cirugía en el estómago.
Este medio consultó con médicos especializados sobre algunos de los apuntes en el expediente. Los profesionales accedieron a dar sus opiniones desde el anonimato debido al temor de represalias en El Salvador o de atentados contra su seguridad. Una de las consultas fue sobre los valores anotados respecto a la llamada “Escala de Glasgow” tras las intervenciones craneales. Esta escala mide la severidad de una lesión cerebral y monitorea cómo se altera el estado de consciencia debido a esa lesión, sobre todo después de una cirugía. La escala va del 1 al 15, donde 1 es un estado de coma absoluto y 15 es un nivel normal de consciencia. Durante una semana, después de la craneotomía, el nivel de Muyshondt no subió de 3 puntos, lo que se lee como lesión cerebral o coma. Los siguientes 7 días, la escala subió a 9: lesión cerebral moderada.
Uno de los médicos consultados aseguró que es muy difícil que un paciente que pase tanto tiempo debajo de un valor de 9 vuelva a recuperar sus funciones cognitivas o motoras por completo. De hecho, el 12 de enero de 2024, en el expediente médico, el doctor Luis Enrique Castillo Palacios anota dos veces, en el apartado de evolución del paciente, que Alejandro Muyshondt está cuadripléjico, es decir que no puede mover ninguna de sus cuatro extremidades.
Cuatro días después del diagnóstico de cuadriplejía se suma al expediente un nuevo mal. El paciente ha adquirido una infección bacteriana hospitalaria, que se agrava tras nuevas intervenciones quirúrgicas conocidas como ventriculostomías, practicadas para drenar el líquido que hay en el cráneo por la hemorragia cerebral. El 17 de enero, además, los médicos introducen un tubo en el estómago. Alejandro Muyshondt ya no puede ingerir alimentos por vía oral.
A partir de entonces, el asesor de seguridad de Nayib Bukele, que ha estado hospitalizado por una lesión cerebral sufrida mientras está en custodia policial, deja de responder a estímulos verbales. Es, en la práctica, un vegetal. El 18 de enero es conectado a un respirador artificial que le retiran unas horas después.
Para el 19 de enero, a pesar de que en las anotaciones de enfermería aparece que hay cambio constante de vendajes y aplicación de medidas higiénicas, la infección en el cráneo ha empeorado. La anotación “paciente en estado delicado” empieza a aparecer. Le suministran anticonvulsivos. Cinco días después, el 24 de enero, luego de las intervenciones en el cráneo para drenarle la hemorragia, un médico escribe “pronóstico reservado”.
A partir del 29 de enero de 2024, las enfermeras anotan una descripción que se repite en los siguientes días. Alejandro Muyshondt no responde a estímulos verbales. Tiene un tubo de succión del líquido que le sale del cráneo y otro conectado al estómago para alimentarlo, además de una colostomía, que es una abertura para sacar el colón a la superficie del abdomen y recolectar las heces en una bolsa. Su hígado y sus riñones ya no trabajan bien. Está anémico. Lo conectan de forma intermitente a un respirador artificial. No puede mover ningún miembro. Sus genitales están lastimados por la pañalitis y su piel está deshidratada. Tiene el cerebro lleno de pus. Para el 1 de febrero se añade el diagnóstico de “shock séptico”, que de acuerdo con literatura médica consultada es la “disminución crítica en la presión arterial y un mal funcionamiento de los órganos vitales debido a la inflamación y a la insuficiencia circulatoria provocada por la infección”.
La muerte empieza a rondar el primer día de febrero. El corazón de Alejandro Muyshondt deja de latir por unos cinco minutos. La doctora Ramírez ordena dos inyecciones de adrenalina y reanimación cardíaca. Según las anotaciones, el exasesor de Nayib Bukele sigue vivo. Otro médico, el doctor Najarro, ordena una nueva operación para drenar líquido del cráneo. Muyshondt regresa a su estación en “estado crítico”. El día siguiente le hacen un aspirado de médula ósea, un procedimiento que suele realizarse, entre otros motivos, para evaluar infecciones persistentes. Al final, por un aparente malentendido burocrático, los médicos descartan la muestra.
A las 3:45 p.m. del 6 de febrero de 2024, el técnico que está a cargo de Alejandro Muyshondt escribe que recibe al paciente con “diagnóstico médico de fallo multiorgánico”. Es la antesala del último día.
El 7 de febrero, el personal médico a cargo amanece con la sospecha de que la saturación de oxígeno ha bajado a niveles que pueden ser letales. En menos de una hora, entre las 11:40 a.m. y las 12:08 p.m., Alejandro Muyshondt recibe cuatro dosis de atropina, un medicamento utilizado para aumentar la frecuencia cardíaca. A las 2:27 p.m. no hay signos vitales.
A las 3:11 p.m. del 7 de febrero de 2024, Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez, de 47 años, exasesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele y alguna vez su amigo cercano, está muerto. El camino que lo ha llevado hasta la cama de hospital en la que murió apenas puede vislumbrarse en las hojas del expediente médico, en los testimonios de personas cercanas a él y de otras que han vivido de cerca lo que ocurrió en sus últimos meses de vida, y en las horas de grabación de sus conversaciones con funcionarios del gobierno. Ese camino puede resumirse así: Muyshondt conoció de cerca la entraña más oscura del gobierno de Bukele, supo de sus corrupciones, fue parte de los equipos que espiaron a opositores y periodistas, y, al final, marginado por el poder del presidente y los suyos y a veces utilizado por ellos, denunció esas corrupciones dentro del mismo grupo y hacia afuera.
El trecho final de su camino hacia la muerte en el Hospital Saldaña había iniciado el día en que un retén de 12 policías, montado para interceptarlo, detuvo su vehículo y lo arrestó. Los agentes se llevaron a Muyshondt a una delegación policial cerca del Estadio Flor Blanca, en el sur de la ciudad capital. Lo trasladaron, de ahí, a la División de Fronteras. Hasta ahí llegó a visitarlo el subinspector de la PNC Roberto Hernández Ramírez, alias Chirriplín, un hombre perfilado en la misma policía como espía y torturador.
“Todo mal, Chirriplín”
Lo primero es la ropa ensangrentada y lo que un funcionario del Ejecutivo dice a una pariente de Muyshondt: No te preocupés, él ya habló. La sospecha de tres familiares del asesor de seguridad, quienes accedieron a dar su testimonio desde el anonimato por seguridad, es que a Alejandro Muyshondt le propinan al menos una golpiza entre el 9 de agosto de 2023, día de su captura, y el 11 de agosto, cuando una pariente que llega a intentar verlo en la División de Fronteras de la PNC recibe ropa con salpicaduras de sangre.
Un día antes de que a esta mujer le den esa prenda ensangrentada, el pantalón color verde musgo tipo militar que Muyshondt vestía cuando fue arrestado, un grupo de funcionarios del gobierno, encabezados por el ministro de seguridad pública, Gustavo Villatoro, y el fiscal general Rodolfo Delgado, han allanado la casa en que viven la expareja de Muyshondt y su hija y la de otros familiares en San Salvador, incluida la de Patricia Álvarez, la madre.
A una de las casas llegan tres veces, una el 9 de agosto y dos el 10 de agosto. La primera vez le dicen que a los familiares que estén tranquilos, que han arrestado a Alejandro para protegerlo y que todo se resolverá pronto. Le aseguran que ya personas cercanas al asesor han dado al gobierno la información que buscan. “Lo hemos agarrado porque lo queremos proteger. Va a estar mejor guardado”, se supone que dijo uno de los funcionarios.
La segunda vez, de acuerdo con los testimonios recogidos, no son tan amables. El funcionario a cargo amenaza a los familiares con meterlos presos. En la segunda visita del 10 de agosto es cuando dicen que ya Alejandro Muyshondt ha hablado. La idea de la familia, después de eso, es que Muyshondt será liberado pronto. El mismo Alejandro le ha dicho a una enfermera, quien luego lo comunicó a uno de los familiares, que “pronto” estaría libre. Eso no ocurre.
La familia nunca ve a Muyshondt mientras está detenido. Los testimonios de algunos funcionarios que estuvieron en contacto con Muyshondt y de sus allegados, recogidos durante seis meses por este medio, han permitido reconstruir, al menos, algunos de los sucesos más relevantes entre el día del arresto y el ingreso al Hospital Nacional Saldaña.
Días después del arresto y los primeros interrogatorios, mientras está en la División de Fronteras de la PNC en San Salvador, Alejandro Muyshondt recibe suero, según cuenta un oficial de la Policía a uno de los colaboradores del exasesor de seguridad. Una enfermera le dice a la familia que durante un tiempo, al menos hasta el 29 de agosto, una ambulancia y un médico lo visitan “a diario”.
El 13 de agosto, de acuerdo con uno de los parientes consultados, de la División de Fronteras mandan un mensaje para que lleven a Muyshondt los depósitos necesarios para recolectar orina y heces que luego deben de llevar a un laboratorio. También piden a los parientes que compren Nebaderm, un antibiótico.
A través de empleados policiales, los parientes hacen llegar paquetes de comida resguardados en cajas desechables. Ahí, en esos depósitos, la familia
escribe con bolígrafo mensajes de ánimo a la par de la lista de la comida que le entregan. Ahí, Alejandro Muyshondt escribe una pista de lo que está pasando en el recinto policial en el que guarda prisión desde el 9 de agosto de 2023: “Todo mal, Chirriplín”.
“Chirriplín” es el alias del subinspector Carlos Roberto Hernández Ramírez, un oficial de la Policía Nacional Civil (PN) que el gobierno ha asignado como enlace entre la dirección policial y la Asamblea Legislativa, donde trabaja bajo las órdenes de Ernesto Castro, presidente del congreso y exsecretario privado del presidente Nayib Bukele. Hernández Ramírez ha sido asociado con torturas en un informe confidencial del Centro de Inteligencia Policial del que Infobae tiene copia.
La sombra de “Chirriplín” en el caso de Alejandro Muyshondt se extiende por varios lados. Además de las visitas del oficial a la División de Fronteras, donde el asesor de seguridad está detenido, está la presencia del cabo Antonio Sibrián Guzmán, otro policía, señalado también por malos tratos a reos en informes internos de la inteligencia policial, en el lugar al que Muyshondt se dirigía cuando lo detuvieron.
Sibrián Guzmán es un cabo de la PNC que suele trabajar en misiones especiales con Chirriplín. “Es amigo de Roberto Hernández, parte del grupo de jefes policiales conocidos como los cyan, parte de un grupo clandestino que opera en San Salvador”, dice el informe de inteligencia policial. Desde su oficina de seguridad nacional, Alejandro Muyshondt había dado seguimiento a Sibrián; en un folder ha guardado datos generales del policía y el contrato para la compra de una vivienda en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, al sur de San Salvador. Antes de obtener el crédito que le permite esa compra, Sibrián ha enviado una carta a Michelle Sol, la ministra de vivienda de Bukele, para que interceda por él ante la compañía constructora. Chirriplín y Sibrián han sido parte de un grupo policial que, de acuerdo con el informe de inteligencia policial, ha exterminado pandilleros y ha cobrado extorsiones en Nuevo Cuscatlán, municipio del que fueron alcaldes tanto Nayib Bukele como Michelle Sol.
Cuando es detenido, el 9 de agosto de 2023, Alejandro Muyshondt conduce de San Salvador a Ciudad Marsella, el mismo lugar en el que Antonio Sibrián Guzmán, el socio de Chirriplín, tiene una casa.
Es después de una de las visitas del subinspector conocido como Chirriplín, en agosto de 2023 y luego de que su familia recibe una prenda de ropa ensangrentada que Alejandro Muyshondt es admitido por primera vez en el Hospital Nacional Siquiátrico en Soyapango. Y es antes de esa remisión que él ha escrito en un depósito de comida un mensaje para su familia: “Chirriplín, todo mal”. Unos días después, Muyshondt entra al Hospital Saldaña, el lugar del que su cadáver sin una parte del cerebro, con huesos y la nariz rotos y con un costurón tosco que le atraviesa el cráneo, sale en una bolsa de plástico.
Escuche los audios completos de las conversaciones de Alejandro Muyshondt:
