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Créditos: Simón Antonio Ramón
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Las organizaciones pidieron que previo a la discusión de la ley se liberen los ríos que han sido desviados para uso agroindustrial y posteriormente, se abra la participación a los pueblos indígenas, quienes por años han cuidado el agua.

Por Simón​ Antonio Ramón​

Una alianza de organizaciones indígenas y sociales denunciaron que el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera discute una iniciativa de Ley de Aguas excluyendo a los pueblos indígenas.

El grupo de organizaciones pidió que cualquier ley que regule su uso sea consensuada con los pueblos Maya, Xinka y Garífuna como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Cualquier intento de legislar sobre el uso y manejo del agua en Guatemala debe partir del reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indígenas, la participación​de las instituciones y organizaciones propias en las tomas de decisiones”, señaló Thelma Pérez​ de la Asociación Comunitaria ​​para el Desarrollo/Servicios Jurídicos (SERJUS).

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Señalaron que​ se debe tomar en cuenta en esta nueva iniciativa la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) 452-2019, que establece que se debe tomar en cuenta la percepción tanto material y espiral de los pueblos sobre el agua.

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Además, pidió priorizar las demandas de los pueblos y no las pretensiones empresariales para actividades industriales. ​“Nos oponemos firmemente a cualquier disposición que privilegie los intereses del sector extractivo y agroindustria, a través​ de megaproyectos que históricamente han provocado ​​el acaparamiento, mercantilización y la contaminación de nuestras fuentes de agua y ríos”, dijo Thelma Pérez.

Domingo Quino, autoridad ancestral de San Andrés​ Semetabaj, Sololá, pidió liberar los ríos desviados por terratenientes y diferentes proyectos, antes de discutir una legislación. “Como condición de un proceso de diálogo y negociación del contenido de la ley, que se liberen y se retornen los ríos y demás aguas a sus cauces que empresarios y terratenientes han desviado para sus propios intereses, afectando a miles de habitantes que han sido vedados de acceso a dicho vital líquido”​, señaló.

Las organizaciones pidieron al Congreso avanzar con los procesos de las iniciativas construidas en el marco de la Marcha del Agua, en 2016, en las Cumbres Plurinacionales del Agua en la que se presentaron las iniciativas de ley 5070 y la 5253, que fueron construidas con la mayor participación​ de pueblos indígenas. ​

La propuesta del Gobierno

La reacción de las organizaciones se da ante el anuncio realizado el 29 de agosto por el Gobierno sobre la creación de la iniciativa de ley, en la que se señaló que el proceso iniciaría en septiembre y finalizaría en febrero de 2025.  Para este viernes 13, estaba planificado el lanzamiento del Gabinete Específico del Agua en el Parque Naciones Unidas, en Villa Nueva, pero la actividad se fue cancelada sin ninguna razón precisa.

Este Gabinete Específico del Agua será responsable de crear e implementar la Política Nacional de Agua, dirigido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, bajo la Presidencia y supervisión de la vicepresidenta Karin Herrera.

 

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