El Congreso de la República tendrá durante la cuarta semana de octubre el reto de elegir a los nuevos magistrados para el periodo 2024-2029. En los procesos anteriores este proceso ha sido amañado por operadores políticos que buscan impunidad. Analistas coinciden que, aunque en las Comisiones de Postulación de este año se han observado “más de lo mismo”, también destacan la participación de grupos de la sociedad civil y población organizada que reiteran su principal demanda: un sistema judicial independiente.
Por Isela Espinoza
Las Comisiones de Postulación se encuentran en la recta final del proceso para nominar a quienes aspiran llegar a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. Esta semana ambas integraron las ternas para evaluar los expedientes de los aspirantes con la tabla de gradación. El Movimiento Pro Justicia dice que es una “fase delicada” ya que suelen registrarse arbitrariedades y discrecionalidades.
Este fin de semana, las postuladoras conocieron los señalamientos que plantearon la sociedad civil y ciudadanas contra los candidatos, por considerar que carecen de idoneidad y cuya honorabilidad ha sido puesta en cuestión. De las 82 objeciones recibidas, una sola fue admitida en ambas Comisiones.
El 30 y 31 de julio, las Comisiones de Postulación lanzaron la convocatoria para su primera sesión que fue retrasada por la juramentación tardía de los decanos de Derecho: Arturo Saravia, de la Universidad Francisco Marroquín; y de Luis Ruano, de la Universidad Mariano Gálvez.
Analistas coinciden que este retraso, junto al debate por el traslado de la sede para sostener las reuniones y resguardar los expedientes, restó días de ventaja con los que había iniciado el proceso. Ahora, bajo el argumento de contar con poco tiempo para presentar las nóminas obviaron discusiones relevantes como la definición del perfil de los aspirantes y la tabla de gradación, única herramienta para evaluar a los candidatos.
“Esto repercutió en aquellos comisionados que hubiesen querido elaborar una mejor tabla de gradación y un mejor perfil. Se vieron conminados a aprobar lo que se les presentó porque era más importante cumplir con los tiempos”, opinó Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia.
¿Cómo califican el proceso? ¿Qué escenarios se prevén para las próximas dos semanas en las que finalizaría la selección de aspirantes? Estas fueron los temas planteados a dos organizaciones que monitorean la renovación de Cortes, un politólogo y una exmagistrada de Sala de Apelaciones.
“Sálvese quien pueda”
Desde hace 25 años, el Movimiento Pro Justicia ha fiscalizado los procesos de elección de magistrados a la CSJ, la Corte de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad (CC), entre otros.
Para Ibarra, el “retardo malicioso” que provocó un grupo de 20 comisionados conformado por magistrados, algunos representantes del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y dos decanos perdió un tiempo que pudo “invertirse mejor” en la definición de una tabla de gradación y un perfil idóneo que cumpliera con la Ley de la Carrera Judicial y las expectativas de voces independientes. En el escenario actual, la consigna ha sido: “cumplir con los plazos legales sin importar la calidad del proceso de postulación”, opinó Ibarra.
A esto se sumó “la trampa antidemocrática” planteada en el reglamento interno de ambas comisiones en el que establecieron la aceptación de tachas únicamente con sentencias firmes y ejecutoriadas.
“Con un perfil demasiado pobre y una tabla de gradación bastante arbitraria es lógico que al aplicarla en esta fase del proceso se prevén desde ya dificultades como la de apreciar la carrera judicial en el marco de la evaluación de los aspirantes”, dijo la directora del Movimiento Pro Justicia.
Este miércoles, la Comisión de Postulación de la CSJ debatió sobre los criterios para calificar a los jueces de Primera Instancia o jueces de Paz que se postulan en este proceso y que no cumplen con el artículo 216, de la Constitución Política, en caso de no haber ejercido la profesión de abogado por 10 años.
Como conclusión, el presidente de la Comisión, Miquel Cortés, señaló que cada terna debe verificar si el candidato es juez y si ejerció la profesión liberal o no. En caso de no haber ejercido como abogado quedará sin puntuación. Si ejerció la profesión por diez años se le otorgará la puntuación que establece la tabla de gradación.
Otra de las decisiones aprobadas por la postuladora para la CSJ fue la de revisar, este miércoles, los lotes de expedientes A y B y los siguientes retomarlos próxima semana. “No hay un antecedente que nos indique que las comisiones de postulación han dejado una brecha tan larga entre un día y otro en la fase de calificación de expedientes. Esa es una anomalía”, alertó Ibarra.
En cuanto a la influencia de operadores políticos que podrían estar presionando a las postuladoras están Néster Vásquez, presidente de la CC; Consuelo Porras, fiscal general; Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos, algunos diputados, contratistas del Estado y empresarios que financian estrategias, la directora de la organización estimó que estos personajes dominaron la primera sesión pero terminaron atomizados luego que la CC otorgara un amparo provisional al diputado José Chic.
El 16 de agosto, la CC ordenó a las postuladoras cumplir con los plazos establecidos en la Constitución y abstenerse de incurrir en omisiones que puedan derivar en el retardo de la entrega de las nóminas al Congreso de la República.
La fase de revisión de expedientes para determinar qué aspirante cumplía con los requisitos fue un “sálvese quien pueda”, según dijo Ibarra, ya que si el aspirante incurrió en la omisión de documentos quedó fuera del proceso. Lo mismo sucede en la actual etapa de evaluación de los perfiles con tabla de gradación.
Calidad vs. Cantidad
Mónica Marroquín, directora de Proyectos de Guatemala Visible, evaluó el proceso con aspectos positivos y otros que podrían mejorar. “Desde el inicio el proceso ha sido entrampado y se perdió tiempo para hacer una mejor evaluación de los expedientes”, opinó.
Marroquín también resaltó la elección de los presidentes de las Comisiones de Postulación, debido a que su perfil sumó credibilidad e independencia, por no estar vinculados a ningún grupo y por presidir por primera vez una postuladora. “Hay fases que consideramos se pudieron haber hecho mejor como la revisión de expedientes. Creemos que hubo algunas debilidades ya que en algunas Comisiones se han intercambiado las cajas de expedientes para hacer un doble chequeo y eso garantiza la independencia e igualdad de criterios”, dijo.
La directora de proyectos de esta organización, que desde hace 15 años monitorea la elección de funcionarios públicos, señala que la limitación de aceptar las tachas, únicamente con sentencia firme, fue un aspecto negativo al excluir señalamientos que evidencian las acciones de los aspirantes.
Por otro lado, resaltó la participación en las audiencias de autoridades indígenas, ciudadanía y organizaciones ya que envía un mensaje a los comisionados de que la población está atenta al proceso de renovación de Cortes y que se respeten los plazos.
Marroquín coincidió con Ibarra sobre el perfil idóneo para quien busca ocupar una magistratura y no solo basarse en lo que establece la Constitución o la Ley de Comisiones de Postulación. “La idea de tener una discusión profunda acerca del perfil es que haya un hilo conductor entre los instrumentos de evaluación, en este caso la tabla de gradación, para finalizar con los señalamientos”, comentó.
Además, resaltó la importancia de la verificación de los documentos que los aspirantes adjunten ya que en otros procesos de elección existen antecedentes de falsificación. “La cantidad de años de carrera de un candidato no dice mucho de la calidad como profesional. Otros aspectos que se podrían agregar al perfil es la tolerancia a la presión, comunicación asertiva y aptitudes de administración. Pero si esta discusión no se tiene tampoco se verá reflejado en la tabla de gradación”, agregó.
Tras la calificación de los expedientes, la población debe estar atenta a la votación final de las Comisiones porque, según Marroquín, una de las estrategias, utilizadas en procesos anteriores, busca cansar a los comisionados, por lo extenso de algunas reuniones, que se extienden hasta la madrugada y continúan el día siguiente. Esto provoca que algunos cedan en negociaciones “no porque estén de acuerdo sino porque ya están cansados”.
Aunque las Comisiones han avanzado, Guatemala Visible no descarta la presentación de recursos legales que pongan en riesgo el proceso. Sin embargo, el amparo provisional de la CC también es un dictamen que ayuda para que las postuladoras concluyan con los plazos establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación, que señala el 24 de septiembre como última fecha para la entrega de las nóminas.
Sin embargo, la fase final será en el Congreso de la República, en ese espacio se medirán las fuerzas políticas y su influencia con cuotas de poder internas y externas. Para Marroquín, la aprobación del Presupuesto para el año 2025, evidencia una alianza mayoritaria entre el partido oficialista Movimiento Semilla, CABAL, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre otros.
“Puede ser que se dé una elección un poco diferente al menos que aspire a candidatos diferentes. Tenemos un poco de esperanza de que puedan hacer una mejor elección. No de que todos los candidatos vayan a ser los mejores ni los más idóneos, pero al menos estará un poco más balanceado que en otras ocasiones”, agregó.
“En Guatemala todo puede pasar”
A las acciones que retardaron el proceso se le suman los errores en la presentación de expedientes, candidaturas cuestionadas y dejar fuera el criterio de honorabilidad de los candidatos a las Cortes, llevan a la exmagistrada de Sala de Apelaciones, Yolanda Pérez Ruiz, a avizorar un horizonte negativo para la justicia del país. “No le veo mayores expectativas en relación a los resultados que nos pueda arrojar el listado de candidatos que presenten las Comisiones de Postulación al Congreso”, afirmó.
En 2005, Pérez Ruiz fue electa como la primera mujer presidenta del CANG. Además, fue viceministra de Gobernación, trabajó como consultora para la CICIG y se dedicó a la docencia en varias universidades. Un fallo en la Sala Décima definió el resto de su carrera razón por el que no llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Su experiencia le lleva a concluir que, en la etapa final en octubre, a cargo del Congreso será “más de lo mismo” ya que, como siempre, los diferentes grupos se distribuirán el nombramiento de determinados magistrados. Por esta razón, la abogada consideró que la elección final debería excluirse del ámbito político.
“No habrá ningún cambio en sustancia. Será más de lo mismo. Quizá se presenten nombre, no de los escandalosamente cuestionados, como el de cierto fiscal. Pero, en Guatemala todo puede pasar”, declaró.
Por otra parte, la expresidenta del CANG coincidió obviar la reconocida honorabilidad facilitó la llegada de personajes señalados como corruptos o antidemocráticos. “Se le confunde, no sé si por ignorancia por inocencia o mala fe, con una presentación de una serie de requisitos que para el caso no vienen a respaldar la reconocida honorabilidad sino antes bien otros aspectos que no son parte de la honorabilidad”, expresó.
Pérez Ruiz tampoco descarta que algunos grupos presenten recursos legales para retrasar la toma de posesión de las nuevas Cortes y así prolongar el mandato de los actuales magistrados que este año cumplirían un año de su nombramiento.
Sin embargo, entre lo negativo del proceso, la exmagistrada también resaltó la participación de la sociedad civil y otros grupos organizados que, en su opinión, debió ser “un ejercicio democrático” y no “más de lo mismo”.
Con vistas al futuro, Pérez Ruiz considera que es “obligado” repensar el actual sistema que no ha funcionado por, según su experiencia, dos son los componentes que pervierten este proceso: la excesiva intervención de la política y la influencia de los grupos interesados en mantener su estatu quo dentro de la sociedad “mediante el predominio de la corrupción y la impunidad para seguir con sus negocios sucios y no verse sometidos a la acción de una justicia independiente”.
“Más de lo mismo”
El politólogo Luis Mack resaltó que las discusiones “banales”, que han retrasado el trabajo de las postuladoras, denota la predisposición de elegir a candidatos poco idóneos pero que satisfacen los intereses que algunos de los comisionados “tienen en mente”.
Mack coincide en que ha sido “un proceso más de lo mismo” pero en esta elección las acciones de los operadores políticos han sido “más descaradas” por lo que han dejado en evidencia la falta de interés colectivo de la ciudadanía que exige Cortes con capacidad, honorabilidad e independencia.
Para Mack, la presencia de candidatos con señalamientos es una provocación para la integridad del proceso, así como para la población que busca “rescatar las cortes” y generar una independencia judicial.
“El escenario es probablemente la elección de algunos personajes que no llenan los requisitos de honorabilidad, idoneidad y capacidad como lo establece la Constitución. Ahora vamos a ver cómo van a calificar finalmente con la tabla de gradación, que es un elemento importante, pero que también ha sido manipulado de forma negativa para favorecer a algunos candidatos y candidatas pero que no necesariamente tienen una honorabilidad demostrada”, sostuvo.
Sobre lo que pueda pasar en el Congreso, Mack opinó que el capital político que logró el Gobierno de Bernardo Arévalo en las últimas votaciones para la ampliación y aprobación del Presupuesto, se consolide también para eliminar dentro de la lista de aspirantes a personas que la sociedad civil señala de no idóneos y que las Comisiones de Postulación no lograron excluir.
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