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La continuidad de la democracia en Guatemala: un nuevo punto de inflexión contra reloj

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Úrsula Roldán* 

Arrebatar la democracia institucional, instalada en 1985, de las mafias de la corrupción y del saqueo fue una lucha que le debemos a los pueblos originarios Maya y a una ciudadanía activa que se apropió del proceso electoral, en el 2023, que permitieron le elección del gobierno con orientación democrática representada por el partido Semilla.

Todas y todos sabíamos que no sería fácil instaurar la segunda primavera, por mucho que los símbolos y narrativas así lo predefinían. Las estructuras de poder tradicionales y los grupos emergentes que se fueron amalgamando para realizar lo que conocemos como cooptación y captura del Estado, definidas por la CICIG como “Redes Político-Económicas Ilícitas” y por la ciudadanía como “Pacto de corruptos” no disminuirían sus acciones ilegales y violentas para continuar con el control de las instituciones.

En las elecciones del 2023, mediante el voto popular, se logró instalar a un Poder Ejecutivo renovado: a 24 diputados de vocación democrática, de 160 que componen el total del poder legislativo. Pero no el Ministerio Público, que está a mitad de su período de elección; tampoco el poder judicial, cuya elección se realiza por Comisiones de Postulación; y el órgano cuya función principal es la defensa del orden Constitucional del Estado, la Corte de Constitucionalidad, que se realiza por delegación, según la elección de los principales poderes del Estado, además del Colegio de Abogados y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Desde estas instancias, lamentablemente, emanan las principales acciones y decisiones desestabilizadoras desde el mismo día en que el partido Semilla se constituyó en la principal fuerza ganadora, que incluso, se realizaron en el mismo momento en que se desarrollaba la toma de posesión del nuevo gobierno, hasta el día de hoy.

En estas elecciones tampoco fue posible renovar el poder territorial del Estado, ya que la mayoría de alcaldías municipales fueron electas bajo las figuras de los partidos políticos constituidos en los principales vehículos para el saqueo al Estado, el partido Vamos y la Unidad de la Esperanza (UNE).

Por lo tanto, las acciones de persecución política-judicial y el sabotaje hacia la posibilidad de gobernabilidad, no solo no han cesado, sino que por momentos se cree que estas cobrarán fuerza y lograrán defenestrar al propio presidente de la república, electo democráticamente.

Es en este contexto que el gobierno, encabezado por el Presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera, los diputados del partido Semilla, la única diputada electa por la alianza Winaq-Urng, Sonia Gutiérrez, -y otros diputados, que a veces deambulan entre sumarse al grupo de la oposición maliciosa, o al del fortalecimiento democrático-, iniciaron el 14 de enero del 2024 la gestión que instalaría una nueva manera de gobernar, con el gran objetivo de que la ciudadanía les demandó: “la lucha anticorrupción”.

Por ello, gobernar en medio de una batalla campal realizada por los sectores mafiosos ha sido una lucha titánica. Una que la población mayoritaria aun no logra comprender, debido a una o la sumatoria de estas causas que se imponen: por una alta expectativa por cambiar la situación expuesta en un corto plazo; porque se enfrenta a una sobrevivencia cotidiana cada vez más voraz; por un consumo excesivo de desinformación que a cada minuto se trasmite por las redes sociales; por creer que pueden beneficiarse  a través de los diversos mecanismos del clientelismo político que se siguen aplicando desde los diferentes estamentos de poder a diferente escala territorial.

Esta batalla titánica se amplió en la elección de gobernadores con algunos resultados positivos en favor de las fuerzas democráticas. En la actualidad se libra en las Comisiones de Postulación para realizar el proceso de la renovación de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, con el objetivo de lograr su independencia.

Vemos, además, aunque a veces parezca tenue, una estrategia de gobierno que pretende corregir sus errores e inexperiencia inicial, como el cambio de la persona a cargo de la comunicación, el nombramiento de ciertos funcionarios con mayor pertenencia al partido político original de Semilla, así como sumar a algunos otros que tienen una cierta representación o vinculación con los pueblos indígenas, campesinos y sectores populares. Y lograr recientemente la ampliación presupuestaria en su tercer intento. No por ello, este gobierno está exento de errores, divisiones internas y ciertos retrocesos, como la renovación de la credencial de exportación de minerales de la Compañía guatemalteca de Níquel.

Se suma a este panorama lo que sucede en el contexto internacional. Otra disputa geopolítica instalada en esta Centroamérica, entre los intereses de las grandes potencias China-Rusia, que pretenden la ampliación de su dominio e inversiones en América Latina y los Estados Unidos que ha ejercido la hegemonía en este territorio desde el inicio del siglo XX. De aquí, la importancia que cobra para Guatemala las elecciones por venir en Estados Unidos, el 5 de noviembre próximo, cuyo resultado de la contienda electoral entre Donald Trump, del partido republicano; y Kamala Harris, del partido demócrata, dependerá, en el caso de que gane el binomio presidencial demócrata, la continuidad de la estrategia para Centroamérica “Causas raíz de la migración” y por consiguiente la defensa del Estado de derecho, en lugar de uno de impunidad,  que posibilitaría caminar hacia una verdadera democracia y no seguir encadenados a esta disfuncional democracia liberal que se instaló desde 1990. Además de las implicaciones que tiene la narrativa en favor del reconocimiento multicultural de Estados Unidos, conformada por inmigrantes.

Si llegara a ganar el binomio presidencial republicano significaría la vuelta de una posición ultra conservadora globalista, que no solo criminaliza a la población migrante, sino también a su propia ciudadanía, atentando contra sus libertades y derechos, principalmente culturales, con una indiferencia y peculiar manía de desprecio hacia los países vecinos, que significaría cualquier tipo de acuerdo en función de sus intereses con poderes conservadores, mafiosos y dictatoriales.

Bajo las condiciones, en Guatemala se juega en este proceso de elección de cortes (del 20 al 23 de septiembre la batalla final) la estabilidad de la gobernabilidad democrática del actual gobierno, y con los resultados de la elección en Estados Unidos, la consolidación y profundización de la democracia o volver a una segunda etapa de regresión conservadora, más voraz y más violenta.

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