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El conflicto de interés que llevó a la renuncia de Oswaldo Samayoa, uno de los más cercanos al presidente

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Créditos: Gobierno de Guatemala
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

Normativas que rigen al Ejecutivo, así como la Constitución de la República señalan la ética e imparcialidad de los servidores públicos, según señaló la Comisión Nacional contra la Corrupción en un informe que determinó un conflicto de intereses en el caso del ahora exdirector ejecutivo de la Copadeh.

Por Isela Espinoza

“La vida me puso en esta posición por una razón importante, y que hoy me aleja de un cargo de 4 años para darme una relación que espero, sea para toda la vida”, de esta forma finaliza el comunicado que Oswaldo Samayoa publicó la noche del miércoles 4 de septiembre después de que el gobierno de Arévalo anunciara que había aceptado su renuncia como director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).

Este es el desenlace de una historia que abona a las críticas contra el gobierno de Arévalo luego que el pasado domingo se viralizara una fotografía donde se confirmara la relación de Samayoa con Melany Escobar Díaz, la directora administrativa financiera de la Copadeh.

Pero el hecho dista mucho de ser un caso irrelevante. Se trata de uno de los funcionarios públicos identificado como uno de los hombres de confianza del mandatario y quien estuvo en primera fila defendiendo a Bernardo Arévalo de los ataques del Ministerio Público luego que el partido Movimiento Semilla pasara a la segunda vuelta electoral y posteriormente ganara las elecciones.

Samayoa, un abogado especializado en defensa de derechos humanos y catedrático universitario, fue nombrado en enero pasado como director de la Copadeh, el ente que se encarga de “promover mecanismos y acciones para la protección de los derechos humanos y cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz”.

Un puesto que ya le había valido críticas cuando, el 23 de junio pasado, llegó a El Estor, Izabal para evaluar las condiciones en las que se encontraban 48 familias de Buena Vista, desalojadas en la finca Tz’inté, el 22 de mayo.  “No está en las manos del Ejecutivo suspender el desalojo en El Estor, ya que son órdenes judiciales, sin embargo, desde la Presidencia están en la posibilidad de crear protocolos de emergencia, los cuales podrían beneficiar a las familias”, una declaración que no cayó en gracia a las comunidades afectadas.

La contratación de la directora administrativa financiera

El lunes luego de que se viralizaran varias fotos de su relación con Escobar Díaz, el aún funcionario explicó cómo había sido la contratación de su ahora pareja.

En un comunicado expuso que la relación con Escobar Díaz inició a mediados de agosto. Ella fue contratada tras el fallecimiento de la anterior directora administrativa financiera de la Copadeh, contó. “Como director conocí a la licenciada Escobar el día de la entrevista e inició labores el 20 de junio del año en curso”, se lee en el comunicado.  Y explicó más: “luego de haber iniciado a trabajar, aproximadamente a mediados de agosto, se inició una relación en la que reconozco mi error de juicio al no manejar la situación de forma adecuada”.

Tras el comunicado, el mismo Arévalo tuvo que salir a explicar que había pedido un informe a la Comisión Nacional Contra la Corrupción para definir las medidas que tomaría contra Samayoa.

Aunque Samayoa dice que su conciencia está tranquila, porque no hubo ningún acto de nepotismo o corrupción en su llamado “error de juicio”, el informe con fecha de 3 de septiembre y firmado por Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión, resalta que Samayoa olvidó principios éticos establecidos en la Constitución, así como en el Código de Ética del Organismo Ejecutivo, Acuerdo 62-2024 y de la Copadeh aprobado mediante un acuerdo interno el pasado 10 de julio, fecha en la que Escobar Díaz ya trabajaba en la institución.

La conducta de Samayoa y el conflicto de intereses

El informe de la Comisión Contra la Corrupción resalta que el Código de Ética del Organismo Ejecutivo incluye “principios éticos, dentro de los que destacan la prudencia que todo servidor público debe tener, en el sentido de actuar con cautela y moderación, teniendo como base el fin supremo del Estado, y absteniéndose en todo momento de generar daño o afectación a la institución”.

Según el artículo 5, los servidores públicos deben actuar “evitando actuaciones que razonablemente puedan dar la impresión que sus relaciones de tipo social, familiar, de negocios o de cualquier otra índole influyen en alguna forma en el ejercicio del cargo”.

Por otro lado, el Código de Ética de la Copadeh también rige a sus funcionarios a “observar una conducta intachable en preeminencia del interés general sobre el particular”.

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En este sentido, el informe de la Comisión Nacional Contra la Corrupción recordó que la normativa interna de la Copadeh refiere que los funcionarios deben regir su cargo por la objetividad e imparcialidad.

“La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos requiere de todos sus integrantes el debido cumplimiento de su Código de Ética el cual, abarca elementos específicos en cuanto a

observar una conducta intachable y principalmente se abarca el deber de abstenerse de participar en situaciones o en realizar conductas que vayan encaminadas al detrimento del prestigio de la referida Comisión Presidencial, lo cual se relaciona con el deber de asegurar la ausencia de conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública”, se lee en el informe.

Además, manifiesta que la “conducta” de Samayoa “contraviene la prudencia con que el servidor público debe conducirse” al no haber actuado con cautela o moderación a pesar de conocer que su situación sentimental podía causar un conflicto de intereses. “También debe considerarse en el contexto que existe una relación de subordinación que pudo afectar la imparcialidad, objetividad y trato igualitario en el ejercicio del cargo”, agrega el texto de la Comisión Nacional Contra la Corrupción.

La renuncia de Samayoa entrará en vigencia el próximo 13 de septiembre para asegurar una transición ordenada, según anunció el Gobierno. El 25 de enero, Arévalo juramentó al abogado en cuya trayectoria destaca su experiencia como asesor y consultor de organismos nacionales e internacionales en derechos humanos, Derecho Humanitario, Derecho Penal y Constitucional.

Además, resaltó su agradecimiento a Arévalo por la confianza que depositaron en él para ejercer el cargo que según dijo, en siete meses realizó avances “muy importantes en la defensa de los derechos humanos”.

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