En medio de su batalla legal y acusaciones de persecución política, Ligia Hernandez hoy enfrenta una dolorosa realidad: el cumpleaños de su hija, a quien le escribió una carta desde la cárcel.
Por Nathalie Quan vía Ruda
Tras 29 días en prisión, Ligia Hernández, quien actualmente se desempeña como directora del Instituto de la Víctima y antes fungía como secretaria adjunta del partido Movimiento Semilla, se encuentra en prisión preventiva acusada de financiamiento y fiscalización electoral no registrado durante las elecciones de 2019.
Hoy, su pena personal se profundiza al coincidir su detención con el cumpleaños de su hija, a quien ha escrito una carta llena de amor y esperanza desde su celda: “Te quiero, siempre; libre y poderosa,” le asegura Hernández a su hija, subrayando su amor inquebrantable a pesar de las barreras físicas que las separan.
El caso de Hernández no solo ha generado controversia debido a la naturaleza de los cargos, sino también por lo que su defensa considera un trato desigual. Mientras que otras personas vinculadas a casos similares han sido liberadas bajo medidas sustitutivas, ella sigue en prisión preventiva.
Su abogado, Juan José Zaghi, presentó un recurso de apelación señalando que los delitos que se le imputan no son graves y que no hay peligro de fuga ni obstaculización del proceso, lo cual justificaría su liberación. Además, subraya que la pena máxima por estos delitos no supera los cinco años, por lo que el caso debería ser remitido a un Juzgado de Paz Penal, en lugar de ser manejado por el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
“Es madre soltera, y el delito no tiene prohibición para conceder libertad condicional. Nuestra apelación va en ese sentido, donde pedimos que se otorguen medidas sustitutivas”, señaló Zaghi. A pesar de esto, la petición ha sido denegada, lo que ha prolongado la separación de Ligia y sus hijos, incrementando la sensación de que el sistema judicial actúa con arbitrariedad.
Persecución política y audiencia secreta
Ligia Hernández ha denunciado que su detención es parte de una persecución política, dirigida por el Ministerio Público (MP) bajo el liderazgo de Consuelo Porras. La audiencia más reciente, realizada a puerta cerrada, no permitió el ingreso de medios de comunicación, generando aún más dudas sobre la transparencia del proceso. Durante esta audiencia, el equipo legal de Hernández afirmó que el procedimiento se llevó a cabo con “arbitrariedades” y que están trabajando para revertir esta situación.
El proceso judicial en su contra forma parte de una investigación más amplia contra el partido Movimiento Semilla, un caso que ha sido utilizado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para intentar deslegitimar la victoria del partido en las elecciones de 2023. Las acusaciones incluyen falsificación de firmas y otras irregularidades en la formación del partido, pero muchos críticos ven el caso como un intento de criminalizar y debilitar al gobierno de Bernardo Arévalo, del cual Hernández forma parte.
Un sistema judicial que castiga desigualmente a las mujeres
El caso de Ligia Hernández refleja una de las problemáticas recurrentes en el sistema de justicia de Guatemala: la desigualdad en el trato a las mujeres. A pesar de que otros implicados en casos similares han recibido medidas sustitutivas, Hernández permanece en prisión, sin posibilidad de ver a sus hijos y enfrentar el proceso en libertad. Este trato diferenciado resalta las inconsistencias del sistema judicial, especialmente en los casos que involucran a mujeres en situaciones vulnerables.
Mientras espera la resolución de su caso, Hernández sigue firme en su lucha, confiando en que, como le escribió a su hija, “hasta las más fuertes tormentas pasan y al final, sale el sol”.