La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) reveló, hace tres días, un caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que involucra al presidente Arévalo, pero también reveló dos desaciertos. Uno, si la Constitución Política de la República está vigente, el Mandatario goza de derecho de antejuicio. El otro es que falta la firma de un juez competente, que autorizó grabar y reproducir la llamada telefónica, que sustenta la denuncia. ¿Se trata de una escucha telefónica ilegal? No es la primera vez, que el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras juega con los procedimientos de la ley Contra la Delincuencia Organizada a conveniencia y a favor de allegados y sus más cercanos colaboradores.
Por Prensa Comunitaria
El derecho de antejuicio está reconocido en la Constitución de la República, a un numerus clausus (número cerrado o cantidad limitada) de funcionarios de Estado como el Presidente y Vicepresidente de la República; diputados del Congreso; magistrados, jueces y ministros, entre otros y cuenta con normativa específica, la Ley en Materia de Antejuicios (decreto 85-2002), con la finalidad de definir los procedimientos para el trámite de las diligencias que buscan el retiro de dicho beneficio y en casos de flagrancia.
En tanto, la ley Contra la Delincuencia Organizada establece, con sumo cuidado, los pasos y procedimientos a seguir cuando una investigación penal (involucra en las primeras horas a la Policía Nacional Civil y luego al Ministerio Público) requiere interceptar comunicaciones con el objetivo de avanzar en las pesquisas.
¿Es importante precisar este marco legal, en el caso abierto contra el Presidente Arévalo? Si. Porque, el fiscal Rafael Curruchiche, responsable de la FECI, consideró que una llamada telefónica entre el Presidente Arévalo y la exministra del CIV, Jazmín de la Vega, es la clave que destapó la olla de grillos.
El pasado 21 de agosto, el MP presentó el caso “Corrupción MICIVI: el mecanismo ilegal de pago” que supuestamente evidenció como el Presidente Arévalo había emitido ordenes ilegales con la finalidad de beneficiar a contratistas con deudas pendientes en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Según la FECI, el Gobernante había creado un mecanismo de pagos arbitrarios, fuera del marco legal de sus funciones.
Pero, ¿Cómo se enteró la FECI del presunto complot presidencial? Justo, por la filtración de una conversación telefónica entre Arévalo y De la Vega, que se grabó de forma ilegal, el día que la exministra fue destituida del cargo.
Veracidad de la llamada
El 5 de agosto, durante una conferencia de Prensa, el Presidente Arévalo fue consultado sobre la veracidad del audio, de una plática entre él y la exfuncionaria. “El audio es auténtico”, dijo Arévalo ese día. Comentó que se trató de la llamada que hizo a De la Vega para anunciarle que había sido destituida. “No se encontraba en el país. No tenía autorización para salir del país. Por eso tuve que hacerlo por teléfono”, aseguró.
En esa conversación Arévalo manifestó a la exfuncionaria su malestar por la forma cómo se había pagado a los proveedores de ese ministerio, sin respetar los listados correspondientes y el orden de los pagos.
El Gobernante lamentó que la exministra grabara la conversación y la filtrara a los medios. “No es una persona digna de confianza. Es evidente que no tenía las calidades en términos de confianza”, aseguró.
Al día siguiente, en redes sociales, la exfuncionaria publicó un video y un comunicado por medio de los cuales rechazaba los señalamientos del Gobernante.
“Soy ajena a cualquier denuncia que terceros presentaron contra el Presidente; desconozco como se obtuvieron copias de los listados de pago mencionados y calzados con la firma del Presidente. No grabé el audio que circula en redes y por lo tanto nunca lo filtré”, afirmó.
Además aseguró que “su proceder ha sido digno, apegado a la moral y la ley”, en respuesta a las palabras del Gobernante sobre que era indigna de confianza. Ahora bien, si la exministra no grabó esa llamada?, ¿Quién fue?, ¿Quién se encargó de filtrarla a la Prensa?, ¿Cuál es origen? ¿Puede una escucha ilegal sustentar la denuncia contra el Presidente?
Copias auténticas y el audio
De acuerdo con la información del MP presentada a la Prensa, el pasado 21 de agosto, el MP denunció al Presidente Arévalo por su involucramiento en el caso “Corrupción MICIVI: el mecanismo ilegal de pago” y solicitó que se le retirara el derecho de antejuicio por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
Según Curruchiche esa denuncia se presentó el pasado 16 de julio. “En el ejercicio de su cargo emitió una orden ilegal a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal de su funciones y atribuciones. Autorizó pagos a contratistas del Estado, a constructoras de obras contratadas por el CIV”, aseguró.
Para justificar el uso de la conversación grabada de manera ilegal entre el Presidente y de la Vega, el fiscal recordó el uso de audios que involucraron a funcionarios de Estado en el caso “La Línea”, la gran red defraudación tributaria, que provocó la renuncia y encarcelamiento del Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros funcionarios de ese gobierno.
“Durante el mes de agosto círculo en medios de comunicación un aparente audio sobre una conversación sostenida, presumiblemente, y realizada por el Presidente Bernardo Arévalo y la exministra de Comunicaciones, de ese tiempo, Jazmín de la Vega. Así también, durante una conferencia de Prensa que circuló en fuentes abiertas, aparentemente el Presidente de la Republica se refirió al tema del audio y dijo que era auténtico”, mencionó el responsable de la FECI.
Los cinco documentos originales, con los listados de pagos, fueron entregados a la FECI por una testigo anónima. Los documentos fueron embalados y tienen una cadena de custodia.
No es como con La Línea
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, exiliado en Estados Unidos, aseguró que último caso abierto contra el Presidente Arévalo dista mucho de parecerse a “La Línea”, tal como lo hizo creer, el fiscal Curruchiche.
“Cuando se investigaba se solicitó al juez y autorizó interceptaciones de varias líneas telefónicas. Cuando se analizó el método se pudo establecer que una de las líneas interceptadas tuvo contacto con el Presidente Otto Pérez Molina, que en ese momento era una persona privilegiada”, recordó.
“Se tenía alguna impresión de que estaba involucrada gente cercana a la Presidencia eso no se sabía al principio sino se evidenció mientras se avanzaba con las pesquisas. Este caso no inició con la llamada del Presidente. Cuando se presentó el caso el 16 de abril de 2015, esa conversación se mantuvo como privilegiada”, indicó.
En ese sentido, la Unidad de Métodos Especiales informó que uno de los intervinientes en las llamadas tenía inmunidad. “Había que solicitar el retiro del antejuicio; esperar que el Congreso votara a favor de retirar el antejuicio y autorizara la orden de captura. Cuando terminó el proceso se utilizó la intercepción. El caso de La Línea, no era solo escuchas telefónicas”, añadió Sandoval.
En ese sentido, mencionó que se contó con testimonios claves como el de Juan Carlos Monzón y Salvador González; hubo allanamientos; análisis criminal y cuando se concluía el análisis financiero fue que apareció que un número intervenido sin inmunidad se había conectado con un número privilegiado, mencionó.
¿Es ilegal la grabación de audio presentada por la FECI?
De acuerdo con Sandoval sucede que para documentar que se es víctima de un delito, una extorción, por ejemplo, un particular “no puede ir con el juez a decirle que va a documentar un hecho delictivo”, explicó Sandoval, “entonces puede hace grabaciones para documentar lo que le pasa”.
“Aquí lo que ocurre es que la ministra graba al Presidente cuando le da una instrucción, como lo manda la Constitución en el artículo 133 y el 6 del Organismo Ejecutivo. Tiene que ver los pagos con las constructoras. No hay nada de ilegalidad en ese mandato”, añadió. “Es más ilegal que esta conversación no la con la grabó la exfuncionaria o el Presidente. Sino que fue un tercero y la filtró”.
El uso legal de las escucha telefónicas
La ley contra la Delincuencia Organizada (decreto 21-2006) vigente, desde el 10 de agosto de 2006, establece lo siguiente:
- Fiscales del Ministerio Público (MP) son los únicos competentes para solicitar que se intercepten las comunicaciones (interceptaciones) con la finalidad de resolver un caso. Esta petición se dirige a un juez de Primera Instancia del ramo Penal, o uno de Paz,
- Los fiscales lo solicitan, al juez correspondiente, cuando es necesario: evitar, interrumpir o investigar la comisión de delitos por grupos del crimen organizado (asesinatos, plagios, peculado, entre otros); conspiraciones; asociaciones ilícitas; asociaciones ilegales de grupos armados; entrenamientos para actividad ilícita; uso ilegal de uniformes o insignias; comercializar vehículo, o similares, robados en el extranjero o en el país; obstruir la justicia y extorsiones.
- La Policía Nacional Civil (PNC) conozca sobre la planificación de un delito debe acudir, debe presentar, de manera inmediata, al MP toda la información que fundamente la solicitud para interceptar llamadas.
- El juez autoriza que se graben comunicaciones: orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares del espectro electromagnético y de otra naturaleza, que luego pueden ser reproducidas.
- Sin embargo, un juez también puede denegar la petición y debe comunicarse de inmediato con el fiscal, para así corregir fallas o debilidades de la solicitud.
Requisitos
La solicitud se debe presentar por escrito a un juez competente. Tiene que llenar lo siguiente:
- Describir el hecho que se investiga y los delitos.
- Los números de teléfono, frecuencias, direcciones electrónicas o cualquier otro dato útil.
- Describir las diligencias y medios de investigación utilizados, antes de presentar una solicitud al juez.
- Justificar el uso de la medida.
- Adjudicar nombre u otros datos de la persona o personas a las que se les interceptarán las comunicaciones.
El caso IGSS-PISA
En 2014, la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigaban los criterios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para adjudicar un contrato por Q116 millones 227 mil 035 a la droguería PISA (vinculada a Gustavo Alejos) para el servicio de diálisis peritoneal.
Fiscales de la FECI solicitaron a juez competente que se les autorizara grabar y reproducir audios de conversaciones telefónica, lo cual sucedió en 2015.
Por medio de escuchas telefónicas se logró evidencia contra Otto Fernando Molina Stalling y Herberth Rodolfo García-Granados, quienes se comprometieron a negociar, por el lado del Seguro Social, con directivos de PISA, ese contrato millonario.
En las conversaciones telefónicas se escuchó a Molina Stalling (hijo de la Presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling) y a García-Granados, cobrar a la droguería PISA, un 15 por ciento o un 16 por ciento de comisión, sobre el monto total del contrato.
Por este caso fueron capturadas 17 personas, entre ellos, los integrantes de la Junta Directiva del IGSS y los miembros de la junta calificadora del proceso de licitación.
La defensa de Stalling
Con la captura de Molina Stalling aumentaba el nerviosismo y la intranquilidad en el Organismo Judicial (OJ) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por cómo actuaría la magistrada Stalling, madre del detenido.
El juez Ruano tenía temor de que se le fuera a solicitar algo ilegal, y por ello, grabó la conversación que sostuvo con Stalling, el 31 de enero de 2016. “El cedió su intimidad porque era víctima de presiones”, señaló el exfiscal Sandoval.
El juez, quien hoy se encuentra en el exilio, grabó una conversación, de 34 minutos y 13 segundos, luego de que fue designado para integrar el tribunal que conocería el caso de Molina Stalling.
La magistrada se reunió con él y le confesó que un familiar estaba implicado en investigaciones de la FECI y la CICIG. “No pido nada que no sea legal”, dijo.
“Le agradezco muchísimo que esté aquí, en primer lugar quería conocerlo y en segundo lugar, porque me enteré que lo nombraron, como suplente en un debate, IGSS-PISA, le cuento que uno de los sindicados es mi hijo más pequeño y yo no le voy a pedir nada que no sea legal. Eso sería lo último que yo haría en mi vida, porque usted tiene su independencia judicial; sus decisiones tienen que ser apegadas a derecho”, indicó.
Mire, un año y cuatro meses y estar privado de libertad, a él se lo llevaron y su niño tenía 6 meses. Que usted pudiera profundizar en el estudio de la situación jurídica no solo de él sino de las enfermeras”, agregó.
Medida sustitutiva
“Esa es mi solicitud, por favor que velen que su función de juez sea lo más profunda, la decisión que tome, por mí será lo más sabio, Dios también sabe lo que hace (…), yo ya no voy a decir más. Solo pedirle si hubiera posibilidad de otorgar medida sustitutiva, yo incluso me puse como responsable o garante de mi hijo, mi esposo, la propia abogada. Es que realmente yo estoy manteniendo a la familia, a la esposa, al bebé, es una cosa tan difícil. El allá adentro (en prisión), son gastos y gastos y quiera que no, es complicadísimo”, declaró.
El MP acusó a Stalling por el delito de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica, cuya prueba principal fue el audio grabado de la conversación entre la entonces magistrada y el juez Ruano.
El 29 de junio de 2022, el juez Víctor Cruz declaró sobreseimiento a favor de Stalling por incongruencias entre los escritos de acusación y los elementos de prueba presentados por el MP.
El juez Ruano, fue obligado a renunciar como juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, el 27 de septiembre de 2022. Entregó el cargo ese día por medio de un mandatario y se exilió en Estados Unidos.
El exfiscal Sandoval mencionó que “consideró que podía influir. Había antecedentes, lo habían llamado de la secretaría de la CSJ. Fue ilegal que Stalling llegara con él”, añadió.
El caso Zamora
En los casos de “La Línea”, “IGSS-PISA” y el de la magistrada Blanca Stalling el MP utilizó escuchas telefónicas legales, autorizadas por juez competente, para fines específicos.
No obstante, en otros procesos, como el del periodista José Rubén Zamora, presidente de diario elPeriódico, audiovisuales y conversaciones grabadas, de manera ilegal sustenta el caso.
En 2021, Zamora se reunió con Ronald García Navarijo, exdirectivo del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), Luis Humberto Chinchilla y una persona de dicho medio Prensa con la finalidad de planear una estrategia legal que justificara cheques con montos entre los Q250 mil y los Q500 mil entregados por el banco a elPeriódico.
García Navarijo grabó lo sucedido, sin el consentimiento de los asistentes, y entregó la conversación a la FECI como prueba a la denuncia por chantaje en contra de Zamora. Acusó al periodista de obligarlo “a introducir Q300 mil al sistema bancario”. A las 72 horas, Zamora fue capturado y enviado al Centro de Detención Mariscal Zavala, en donde se encuentra desde el 30 de julio de 2022.
García Navarijo fue implicado en 2020, en un caso investigado por el exfiscal Sandoval por el supuesto desvío de fondos de la Junta Directiva del BANTRAB para financiamiento electoral ilícito a partidos políticos.
Para Sandoval, el actuar del Ministerio Público (MP) en el último caso contra el Presidente Arévalo evidencia que se ha convertido en el instrumento político de los inconformes con los resultados electorales. Es una herramienta de los golpistas”, afirmó.
Resulta peligroso el uso de este tipo de evidencias, de una forma ilegal o discrecional. Da apertura a que cualquier persona lo haga y denuncie sin mayor sustento legal, añadió.
Los famosos cuadros en el MICIVI
El 20 de mayo pasado, el Presidente Arévalo anunció el nombramiento de Félix Aguilar, como nuevo ministro de Comunicaciones y explicó que se habían acordados criterios para el pago de la obra pública, contratada por el Gobierno de Alejandro Giammattei. “Estos procesos buscan aumentar la transparencia y responder a criterios de la administración del presupuesto. La ejecución se puede hacer en un solo solo desembolso, pagar todo de una vez”, dijo.
En este sentido, el Mandatario no logró explicar que los ministerios reciben cuotas de la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas de acuerdo con las previsiones y disponibilidad financiera.
“Los pagos de deuda de arrastre se deben distribuir porque el monto de los compromisos es mayor al dinero disponible. Además, se debe asegurar el pago a todas la empresas constructoras, pero sin caer en favoritismo o dar lugar a incentivos corruptos”, añadió.
El Gobierno revisó en su momento, la información disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (SICOIN), que es pública, sobre los contratos pendientes de pago, el avance físico de la obra, el avance financiero y se decidió por alternar los pagos a beneficio de los proveedores.
De regreso a la llamada con De la Vega
En los casos descritos con anterioridad, el uso de intercepciones para sustentar casos penales ha dado resultados a favor como en “La Línea”, o desfavorables como lo sucedió al periodista José Rubén Zamora y el juez Ruano. Pero, ahora la situación es distinta, la exministra de Comunicaciones afirmó que no grabó la llamada telefónica con el Presidente y este tampoco lo hizo. Fue un tercero. ¿Cómo? ¿Hackearon el teléfono móvil de la exfuncionaria o le instalaron aplicaciones para ese fin? Esas respuestas las desconocemos y la FECI no está dispuesta a indagar.
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